Amenaza imperialista. Trump anuncia que declarará a “Cárteles” como organizaciones terroristas extranjeras

En la mencionada fecha se llevará a cabo la ceremonia de toma de protesta de Trump como 47° presidente de los Estados Unidos y, según aseguró en el evento mencionado, llevará a cabo dicha acción tan pronto como le sea posible. La intención de declarar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas como “organización terrorista extranjera” no es nueva.

La amenaza ya se ha agitado desde hace tiempo. En 2012 una organización no gubernamental relacionada con la Universidad de Harvard llamada Instituto de Política, recomendó al entonces presidente estadounidense Barack Obama implementar esa designación a las estructuras en cuestión para efectos de disuadir cualquier tipo de apoyo o colaboración con ellas, particularmente en lo que atañe al ámbito financiero.

En su anterior campaña de 2017 el propio Donald Trump aseguraba que de llegar a la presidencia aplicaría la medida. Llegó, sin embargo, la iniciativa no se materializó. En esta ocasión la agitación de la amenaza ha sido más frecuente, en el contexto de fricciones que hubo entre el gobierno de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador por la reforma al Poder Judicial y de un incremento en el consumo de fentanilo, fenómeno que es utilizado por el gobierno yankee para presionar políticamente al mexicano a adoptar diferentes medidas, entre las que destacan un endurecimiento en la estrategia policíaco-militar para frenar el flujo migrante y de supuesto combate a los llamados “cárteles”.

Más recientemente, el 27 de marzo pasado, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, presentó una iniciativa para avanzar con estas medidas. En el contexto de su última campaña presidencial, el 23 de julio, Trump declaró que los “carteles del fentanilo pueden quitar en 2 minutos al gobierno” y que, por ende, “México tiene que hacer algo rápido o si no la respuesta es que atacaremos”. El tema del consumo de fentanilo se convirtió en uno de los más importantes a la hora de emitir el voto en las pasadas elecciones estadounidenses.

Según informó el diario El Financiero, una encuesta de Bloomberg News estimó que en dicho proceso electoral ocho de cada 10 votantes indecisos de siete estados consideraban que el uso indebido de fentanilo era una cuestión “muy importante” o “algo importante” para pensar en su intención de voto: tema que superó en prioridad el del aborto, el cambio climático, los sindicatos o la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza.

Por su parte, tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum coinciden en la retórica de que más allá de las políticas militaristas para el combate al fenómeno del consumo de drogas, lo que se debe implementar son medidas de bienestar social para abordar la cuestión, considerando el problema como de salud pública; que Estados Unidos debe hacerse cargo de la demanda que hay allá en torno al fentanilo; y que supuestamente la defensa a la soberanía nacional mexicana está por sobre todas las cosas.

No obstante, las operaciones encubiertas de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en suelo mexicano han tenido un gran aumento en entidades como Sinaloa, según informa el semanario sinaloense RíoDoce con datos publicados por la propia agencia gubernamental estadounidense.

Además de ello, el 10 de diciembre pasado la Cámara de Senadores en México aprobó con 102 votos a favor, en unanimidad, el ingreso de militares estadounidenses al territorio nacional bajo el argumento de la capacitación “de las fuerzas de operaciones especiales de la Defensa Nacional (mexicana)”.

Otro dato que nos muestra que la retórica de defensa de la soberanía nacional por parte de los gobiernos de la 4ta Transformación no es más que pura demagogia lo encontramos en un cable confidencial revelado por WikiLeaks (06MEXICO505_a) en el que se presenta un reporte de enero de 2006, mismo que contiene una conversación entre el entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, con AMLO en la que, contrario a lo que este último ha declarado a lo largo de todos estos años, el en aquella época candidato de la centroizquierda mexicana a la presidencia de la república también tenía pensado subordinarse al imperialismo yankee militarizando al país para "combatir" al narcotráfico, de igual manera que lo hizo el derechista Felipe Calderón Hinojosa.

Según se lee en el reporte confidencial que la embajada yankee en Ciudad de México dirigió a su Secretaría de Estado:

"AMLO estuvo de acuerdo (en combatir al narco y al terrorismo) y le dijo al Embajador que ambos gobiernos debían encontrar maneras de aumentar la cooperación. AMLO luego expuso su plan doble para combatir ambas cuestiones. Primero, dijo, él quiere dar a los militares más poder y autoridad en operaciones antinarcóticos porque son los menos corruptos de todas las agencias de México y pueden ser los más efectivos. Sin embargo, señaló que esto requeriría una enmienda constitucional, pero creía firmemente que podía lograrla. También explicó que darle a los militares más autoridad limitaría la Procuraduría General de México (PGR), que AMLO consideraba demasiado corrupta para liderar la lucha antinarcóticos.

La segunda parte de la ecuación, según AMLO, estaba en incorporar las agencias de seguridad y de inteligencia nuevamente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Propuso (además) eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y regresar a la agencia de inteligencia (CISEN) de vuelta a la SEGOB".

En las pasadas elecciones estadounidenses los republicanos, principales impulsores de la iniciativa de declarar a los “cárteles” como organizaciones terroristas extranjeras, ganaron mayoría en el Senado, por lo que podrían aprobarla. Aunque eso aún está por verse. Esto implicaría, entre otras cosas, la posibilidad de una intervención militar directa (aunque no necesariamente a gran escala, sino como una intensificación de las llamadas operaciones extraterritoriales, más acotadas) supuestamente en aras de atacar a estas estructuras, violando a su paso los derechos humanos de las poblaciones mexicanas.

El argumento es combatir a los "cárteles", sin embargo, lo que estaría de fondo en realidad sería (entre otras cosas) salvaguardar y hacer avanzar aún más sus intereses extractivistas en México en detrimento de comunidades indígenas, campesinos pobres, sectores populares y, en general, de la clase trabajadora.

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