Comienza la batalla por la banca disponible en la Corte Suprema luego de la muerte de Ruth Ginsburg. Los senadores republicanos le dieron su apoyo a Amy Coney Barret, nominada de Trump. Con esta elección, se fortalece la agenda conservadora y el presidente busca una Corte favorable si la elección queda en disputa, según sus propias palabras.
Sábado 26 de septiembre de 2020 18:17
La muerte de la jueza Ginsburg le agregó más leña al fuego a una situación que continúa polarizándose, a menos de cuarenta días de la elección presidencial.
Aunque el candidato demócrata Joe Biden continúa liderando las encuestas, la situación se ha polarizado al extremo. En su afán por recuperar la base perdida entre el electorado, Trump se está presentando a sí mismo como el candidato de "la ley y el orden", decidido a atacar incluso el derecho elemental al voto en un sistema electoral que es antidemocrático de por sí.
Para ello, ha insinuado que los demócratas intentarán hacer fraude, que el voto por correo no es confiable y que, si es derrotado en la elección, no está seguro de abandonar la Casa Blanca. En este marco, había declarado que estaba decidido a nominar a una jueza conservadora para ocupar el puesto de Ginsburg, ya que necesitará la mayoría si la elección es impugnada.
Lo que es patético no es sólo esta declaración provocadora, sino el hecho de que el sistema de elección de los jueces permite, institucionalmente, proceder de esta manera aun cuando no sea lo habitual. A menos que un sector de los republicanos se oponga, el Senado aprobará a la nominada de Trump como la nueva jueza de la Corte Suprema, configurando una abrumadora mayoría conservadora de 6 a 3. El senador Mitch McConell afirmó que la nominación contará con el apoyo del bloque republicano de conjunto en esa Cámara, aunque se han expresado algunas voces en contra de apresurar la votación.
Lo que hay detrás de la nominación de Amy Coney Barret es no sólo un mayor blindaje para los ataques de Trump a los derechos democráticos, sino también una señal a los votantes conservadores y los grupos de poder para indicarles que el gobierno está dispuesto a avanzar con la agenda derechista. Ya durante la Convención Republicana la voz contra el derecho al aborto tomó una gran importancia para el Partido Republicano, en consonancia con las maniobras judiciales de los grupos católicos y evangélicos para ponerle más restricciones a los derechos reproductivos.
El objetivo manifiesto de las cúpulas eclesiásticas es el de revertir el fallo Roe vs. Wade de 1973, y el puesto de Ginsburg sufriría un cambio drástico si es ocupado por la candidata de Trump, Barret, ya que la jueza ha manifestado que considera que la vida existe desde la concepción y ha argumentado contra el fallo.
Amy Barret ha favorecido restricciones en el acceso al aborto en el Tribunal de Apelaciones del 7th Circuito, en el que actúa como jueza. En camino hacia la Corte Suprema hay 17 casos relacionados con el aborto y una serie de propuestas para restringirlo ya sea en acceso, en tiempo de embarazo o en cuanto al procedimiento.
Avanzar en esta agenda es incluso contrario a la opinión mayoritaria de los estadounidenses: en 2019, el apoyo al aborto legal alcanzó su punto más alto en 20 años, de acuerdo a un estudio del Pew Research Center. La elección de Barret por sobre la otra posible candidata, la también conservadora cubana-americana Barbara Lagoa, indica también la decisión de privilegiar a alguien con un claro historial anti-aborto para contentar a las iglesias que no han cesado de acumular privilegios durante la presidencia de Donald Trump. Estos privilegios, como una partida de 375 millones en fondos federales que se aprobó a principios de 2020 para las casas de culto, también fueron apoyadas por los Demócratas en el parlamento.
Barret también pertenece a People of Praise (Pueblo de Alabanza), un grupo católico secreto con modalidad de secta sobre el que se han reportado conductas autoritarias. People of Praise se encarga de recolectar dinero con el que financia diferentes proyectos, entre ellos escuelas católicas en las cuales distribuye información falsa sobre anticoncepción, aborto y educación sexual.
La jueza Amy Barret ha manifestado que sus creencias están primero que el cumplimiento de los derechos reproductivos vigentes. Por ejemplo, se opuso a que las compañías de seguros brindaran información sobre el acceso que proveen a medicamentos anticonceptivos, lo cual Barret calificó de "ataque a la libertad religiosa" y una forma de "inducir al aborto".
Estamos siendo testigos de las profundas maniobras antidemocráticas de Trump para permanecer en la presidencia, acompañadas por la violenta represión a las protestas contra el racismo y los toques de queda declarados contra las manifestaciones por la indignante decisión de no procesar a la mayoría de los policías implicados en el asesinato de Breonna Taylor.
También estamos presenciando el arresto y la persecución política hacia manifestantes antirracistas y de izquierda, que son calificados como terroristas por el gobierno mientras la derecha supremacista ataca abiertamente a los manifestantes en las calles y es protegida por la policía. Somos testigos de cómo la oposición demócrata intenta llevar agua para su molino, planteando que hay un golpe de Estado en ciernes y que es necesario rodear de apoyo a Biden en las elecciones.
En realidad, Trump se mantiene todavía dentro de las reglas de la democracia burguesa: es el antidemocrático sistema judicial el que permite que 9 jueces designados por los partidos en el gobierno decidan por toda la población; son los privilegios de la casta política y judicial los que compran a los funcionarios para aprobar leyes y fallos contra la clase trabajadora; es el antidemocrático sistema electoral el que restringe la posibilidad de votar a sectores enteros, especialmente a votantes de color; y son ambos partidos los que han reprimido la protesta social durante las manifestaciones antirracistas en los últimos meses.
La oposición demócrata no está interesada en desarrollar la movilización por las libertades democráticas, defender a los presos políticos y reclamar el derecho al voto para el conjunto de la población, sino en estrechar filas detrás de Biden, que no propone ninguna alternativa para la justicia, el sistema electoral ni las reformas sociales por las que la clase trabajadora y la juventud se vienen movilizando.
Contra la idea de que estos ataques a las libertades democráticas se defienden votando un partido que los avala, la clase trabajadora necesita su propio programa de acción, empezando por defender el derecho a la movilización y pedir la libertad de los presos políticos, exigir el derecho al voto para todos y el cambio del antidemocrático sistema electoral, y también terminando con los privilegios de la casta política y judicial, de manera que todos los funcionarios sean revocables, electos por el voto popular y que no cobren más que el salario de un trabajador. Las organizaciones de la izquierda y los movimientos sociales debemos estar en alerta para responder en las calles a los avances de Trump y la derecha.
