#IGLESIAYESTADOASUNTOSEPARADO. Tucho Fernández, el obispo mentiroso que pregunta para qué sirve la Iglesia

Tras el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y de las disidencias de mediados de octubre (el evento más importante del año en la región, que contó con una masiva movilización del movimiento feminista y mostró varias iglesias valladas y recubiertas de fuerzas de seguridad, lo que ha salido una fortuna sólo para estigmatizar a “las locas feministas” que luchan por sus derechos), el arzobispo local Víctor Fernández publicó una nueva nota de opinión en el diario El Día.

En esa nota, publicada el 18 de octubre y que lleva el suspicaz título “¿Para qué sirve hoy la Iglesia en La Plata?”, Fernández hace el esfuerzo por revertir el extendido imaginario social sobre que la Iglesia no vive gracias al financiamiento del Estado. Sin embargo, entrelíneas deja dicho que el presupuesto destinado para su ONG multinacional es poco. ¿Será un llamado de alerta y, a la vez, un pedido de “limosna” para el próximo gobierno?

Con los altísimos niveles de desocupación, pobreza y hambre que tiene nuestro país, los gobernantes siguen entregándole a la Iglesia fondos públicos que les pertenecen al pueblo trabajador que destina una parte de sus magros ingresos a pagar impuestos regresivos y desiguales como el IVA.

Así, el Estado financia a la Iglesia que está a favor del aborto clandestino, que mata a cientas de pibas por año. A la Iglesia cómplice de los crímenes más atroces como los del genocidio indígena o como los de la dictadura. A la Iglesia encubridora y salvadora de sus curas violadores. A esa institución que funda sus doctrinas en una “moral” totalmente contraria a las libertades colectivas.

Pese al título ambicioso de su artículo, el arzobispo Fernández comienza el texto aclarando que no va a mencionar “aspectos religiosos o espirituales” sino solamente económicos-sociales. Y para ello pretende mostrar “información objetiva” referente a la acción de la Iglesia católica en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, que comprenden una población estimada en casi un millón de personas.

Lo de “información objetiva” es dudoso. Es como cuando dicen que ocho de cada diez habitantes del país pertenecen a la Iglesia y en realidad se basan en los registros de personas bautizadas en el país (todo el mundo sabe que una enorme proporción de esa gente fue bautizada sin su consentimiento y no sólo no practica la religión sino que tiene una vida absolutamente ajena a su doctrina).

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Cuidando lo nuestro con lo ajeno

Dentro de su listado de acciones, Fernández se basa en la institución Caritas para mostrar en lo que “sirve” la Iglesia. Dice que, junto a otras instituciones católicas, entrega en el año unos 750.000 kilos de comida. Eso es alrededor de 2.000 kilos diarios, o sea que alimentan a alrededor de 4.000 personas, es decir al 0,4 % de la población a la que hace referencia.

Si se suman las ayudas en ropa y medicinas (y siempre según los “cálculos” del Arzobispado) la asistencia llega a 6.093 habitantes (la precisión es del propio Fernández), es decir, muy lejos del 1 % de la población total. Si se tiene en cuenta que, según el Indec, en la región hay unas 300.000 personas pobres (60.000 de ellas indigentes), la Iglesia “asiste” a poco más del 2 % de quienes necesitan ayuda urgente. Bastante modesto.

Fernández suma a sus argumentos “la labor educativa” de la Iglesia, que llega a 57.520 alumnos en 151 escuelas propias” de la región, sobre las que “la Arquidiócesis cubre entre el 40 % y el 100 % de los gastos totales”. Pero no aclara de cuántas de esas escuelas cubre el 100 % (probablemente una ínfima porción), ni mucho menos quién se hace cargo del resto de los gastos.

Obviamente, allí debería mencionar los importantes subsidios que les da el Estado para que ejerzan su adoctrinamiento religioso sin pedir nada a cambio. Ni siquiera el Estado obliga a la Iglesia a cumplir la ley y dar de forma objetiva en sus colegios Educación Sexual Integral.

Aporte a la precariedad laboral

Otro de los “aportes” de la Iglesia a la sociedad, según Fernández, son los “talleres de capacitación laboral para cientos de personas”. Pero en muchos casos se trata de cursos conveniados con el Estado para que personas desocupadas tengan más posibilidades de acceso a puestos de trabajo ultraprecarizados, con suerte ingresando como monotributistas a brindar servicios en dependencias públicas.

Algo que no hace más que legitimar el sistema de precarización laboral del que se benefician todos los gobiernos. Lo curioso es que parte de esas capacitaciones no son gratis sino aranceladas para quienes las realizan, en general gente de bajos recursos.

Fernández también resalta que la Iglesia tiene “asilo y talleres para adultos mayores”. Pero entre esos adultos mayores se encuentran muchos curas jubilados. En La Plata se destaca el caso de Héctor Giménez, comprobado cura abusador de menores que se mantiene impune desde hace décadas y a quien el Arzobispado refugió en el Asilo Marín de La Plata. Así las cosas, se paga por mantener a un cura abusador.

Dialoguemos

Para el arzobispo platense, su Iglesia también “sirve” como “espacio de diálogo”. Pero curiosamente no menciona ningún hecho concreto que demuestre en verdad qué tipo de resultados positivos tienen esas gestiones entre partes en conflicto.

A juzgar, por ejemplo, por lo hecho por la Pastoral Social en el importante conflicto del Astillero Río Santiago del año 2018, el diálogo más bien quedó de lado y el Arzobispado jugó lisa y llanamente del lado de la gobernadora Vidal y su intento de ajustar al máximo el presupuesto de la empresa naviera estatal.

Eso sí, Fernández tiene su álbum lleno de fotos con todo tipo de dirigentes políticos, sindicales y sociales que garantizan justamente que cada vez haya más pobres e indigentes. Lo que se dice un “dialogador” nato.

Salarios jugosos por no trabajar

Pero lo más jugoso es lo que sigue: Fernández se pregunta retóricamente “¿cómo se sostienen en Argentina los obispos, sacerdotes y seminaristas?”. Y se responde que “no hay una asignación del Estado para los sacerdotes” ya que “sólo los obispos reciben en promedio $ 46.000 mensuales y hay una ayuda para los seminarios de $ 3.000 por seminarista”, todo lo cual “suma aproximadamente 130 millones de pesos anuales para todo el país”.

La maniobra del arzobispo para decir que “reciben poco” del Estado, no hace más que dejar al descubierto que a él y a todos sus colegas de la Conferencia Episcopal Argentina los banca toda la población a través del pago forzado del IVA y demás impuestos nacionales, provinciales y municipales que recaen mayoritariamente en los trabajadores y el pueblo pobre. Fernández (siempre según sus propios números) cobra del Estado el doble y hasta el triple que miles y miles de personas que se rompen el lomo trabajando en serio y encima lo dice sin pedir perdón ni misericordia.

Intencionalmente Fernández omite otra gran fuente estatal de pago de sueldos a hombres de sotana. Los cientos de curas que hacen las veces de “capellanes” de unidades penitenciarias, de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas y hasta de dependencias públicas como hospitales y demás, cobran jugosos salarios adicionales como funcionarios del Estado. Es el caso de excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo (hoy imputado en La Plata por reiterados abusos sexuales agravados y corrupción de menores), quien pese a haber presentado su renuncia al cargo sigue cobrando del Gobierno bonaerense una suma que supera los $ 100.000 mensuales.

Seguí todas las alternativas del caso Lorenzo a través de esta coproducción de Pulso Noticias y La Izquierda Diario

¿Qué contrapartida?

Eso sí, el obispo dice que su sueldo lo cobra a cambio de una “contrapartida que pocos conocen”. Y ahí menciona “las colectas que hacen las parroquias para Caritas y Más por menos”. Pero esas colectas, monseñor, no tienen casi nada de aporte de la curia (mucho menos de su sueldo) sino que a lo sumo la Iglesia pone su infraestructura dos veces al año para acopiar dinero y bienes aportados de forma solidaria por los bolsillos particulares de su feligresía. Dinero y bienes que la propia curia reparte a discreción. Parece un chiste, pero “Trucho”, perdón, Tucho lo dice en serio.

“Por otra parte, la Iglesia paga todos los servicios”, dice Fernández como viéndose obligado a aclarar algo que debería ir de suyo. Pero tan dudosa es su afirmación que enseguida agrega que “sólo hay algunas exenciones impositivas, pero en general también las tienen otras iglesias y otros cultos”. O sea, no me cuestionen a mí si no cuestionan al resto, che.

Sobre ese punto, habría que recordarle a la sociedad platense que el año pasado, a poco de asumir en reemplazo de Héctor Aguer, el arzobispo Fernández hizo gestiones ante el Municipio para conseguir que la Iglesia deje de pagar impuestos comunales de un total de 220 unidades inmobiliarias que están a nombre del Arzobispado. Se trata de capillas, colegios, universidades privadas y hasta casaquintas. Es más, el pedido iba a cuento de que sobre gran parte de esos inmuebles (y váyase a saber con qué argumento celestial) la curia llevaba tiempo evadiendo el pago de esos impuestos. Ahí no se cumplía mucho la afirmación de que “la Iglesia paga todos los servicios”.

Finalmente, al borde del llanto, el arzobispo platense afirma que “como toda institución humana, la Iglesia tuvo y tiene limitaciones y errores”. Y al borde del pedido de limosna, agrega que “no se puede ignorar que (la Iglesia) realiza un aporte que supera ampliamente la ayuda que recibe del Estado”. A esta altura cuesta horrores poder tomarlo en serio al monseñor. No solo la “ayuda” que recibe su ONG multinacional no es para nada poca sino que el “aporte” que realiza, ni siquiera tomando sus números dibujados, alcanza a compensar semejante chorrera de dinero que sale del gasto público para sostener a lúmpenes de sotana.

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Sangre, sudor y lágrimas

Monseñor Fernández no podría escribir lo que escribe si la Iglesia católica de la que es alto jerarca no tuviera lazos materiales estrechos con el Estado, sustentados en artículos constitucionales, “leyes” de Juan Carlos Onganía y decretos de Videla, Viola, Galtieri y Bignone.

El artículo 2 de la Constitución dice en pocas que el Estado deberá bancar sin objeciones a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Una definición antidemocrática que ninguna de las reformas constitucionales que hubo desde 1953 a la fecha cambió ni mucho menos eliminó.

El Concordato firmado entre el Vaticano y la dictadura de Onganía el 10 de octubre de 1966 es un convenio que le aseguró a la Iglesia una inusitada libertad de acción, al punto de que le concedió la formación de “tribunales” propios para juzgar delitos intramuros. En eso se basa hoy la curia para proteger a curas violadores, entre otras muchas impunidades. El Concordato sigue vigente y ningún gobierno constitucional se preocupó por romperlo.

El 3 de marzo de 1977 Jorge Rafael Videla firmó el decreto-ley 21.540, titulado “Asignación a determinados dignatarios pertenecientes al Culto Católico Apostólico Romano”. Gracias a él, arzobispos, obispos y vicarios castrenses tienen una jubilación (por edad avanzada o invalidez) equivalente al 70 % de la remuneración de un juez nacional de primera instancia. El decreto sigue vigente.

El 15 de marzo de 1979 Videla y Martínez de Hoz agregaron el decreto-ley 21.950, bajo el título “Otórgase a la Jerarquía Eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia”. Sigue vigente (y Tucho Fernández todos los meses hace uso placentero de él).

El 25 de febrero de 1980 Videla, Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy sumaron el decreto-ley 22.162 que faculta “al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual para el sostenimiento del culto Católico Apostólico Romano a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en Zonas de Frontera”. También vigente hasta hoy.

El 19 de septiembre de 1980 agregaron el decreto 1991 que legalizó el “otorgamiento de órdenes de pasajes a representantes del Culto Católico Apostólico Romano”. Y el 20 de marzo de 1981, con el decreto-ley 22.430 le aseguraron una “asignación mensual vitalicia para Sacerdotes Seculares del Culto Católico Apostólico Romano no amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva”. Ambos vigentes.

Leopoldo Fortunato Galtieri firmó el 19 de marzo de 1982 el decreto-ley 22.552, que incluyó “a los Vicarios Capitulares o a los Administradores Apostólicos de la Iglesia Católica Apostólica Romana en los alcances del art. 1º de la Ley 21.950”, es decir el decreto de Videla de marzo de 1979. Vigente hasta hoy.

Y el 14 de octubre de 1983, a poco de dejar la Casa Rosada, Reynaldo Bignone firmó el decreto-ley 22.950, que ajustaba normativas para el “sostenimiento del Clero de nacionalidad argentina”. Sigue vigente.

Todos esos decretos que llevan las firmas de los genocidas, fueron avalados y reafirmados en la práctica por Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Y seguramente lo seguirán siendo con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos por el que hoy se juega los porotos monseñor Tucho Fernández, mano derecha y hasta escriba en las sombras de Jorge Bergoglio.

Tal vez, a la luz de esta larga historia de prebendas y privilegios a cambio de acompañar genocidios, ajustes neoliberales y demás crímenes contra el pueblo, se entienda un poco mejor el sentido del artículo firmado por el arzobispo de La Plata en el diario El Día, titulado “¿Para qué sirve hoy la Iglesia en La Plata?”.

Además de un renovado pedido de seguir recibiendo fortunas del Estado, en ese texto radica el compromiso de cumplir un rol central en favor de los poderosos en el marco de la profunda crisis económica y social que atraviesa Argentina y que, como afirma el mismo Alberto Fernández, pasará mucho antes de que se avisore algún tipo de alivio para la población trabajadora.