Hay dictamen favorable en la comisión de la Legislatura encargada de revisar el pliego de Facundo Maggio elevado por el Poder Ejecutivo local.
Martes 13 de marzo de 2018 17:05
En el día de hoy la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura de Tucumán emitió un dictamen favorable sobre el pliego para juez de Facundo Maggio. La propuesta de que el reconocido abogado defensor de genocidas sea nombrado juez fue elevada por el gobierno de Juan Manzur a principios de marzo y deberá ser aprobada por el poder legislativo. Maggio fue nombrado para ocupar un cargo en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la capital.
El año pasado el gobierno retiró la designación de Maggio “por prudencia”, tras el repudio generalizado de organizaciones de derechos humanos. Esta vez, su designación dio un paso más con el dictamen favorable firmado por los oficialistas Sandra Mendoza (presidenta de comisión), Marcelo Caponio, Sara Assan, Daniel Herrera y Zacarías Khoder. El próximo paso será la sesión del jueves, donde el oficialismo cuenta con la mayoría para votar la aprobación de las designaciones en la Justicia.
El pliego de Maggio recibió un dictamen negativo por parte del macrista Alberto Colombres Garmendia bajo el argumento de que el letrado actuó en causas que la Justicia está investigado por asociaciones ilícitas. El legislador del PRO desestimó los argumentos de las organizaciones de derechos humanos, ya que sostuvo que la defensa de acusados de crímenes de lesa humanidad es parte del “libre ejercicio de la profesión”.
Entre genocidas, sotanas y la mesa chica judicial
En su carrera de defensor de genocidas, Maggio tuvo un último pico de exposición mediática al realizar el primer pedido para que se aplique en la provincia el fallo del “2x1” dictado por la Corte Suprema. El pedido fue para el coronel retirado Carlos Eduardo Trucco, condenado a 14 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio, en el juicio de la Megacausa Arsenales II - Jefatura II. Fue su última actuación como defensor de Trucco, en mayo de 2017, ya que renunció para seguir en pugna por convertirse en juez Penal de Instrucción.
Precisamente, como defensor de Trucco debió renunciar en noviembre de 2012 a un cargo como fiscal de Estado por la incompatibilidad de funciones. En simultáneo era defensor del general retirado Ernesto Arturo Alais y el capellán José Mijalchyk, en este último caso el pago de la defensa corrió por parte del Arzobispado tucumano.
A la par de su desempeño como defensor de genocidas —actuó en los primeros meses de la última megacausa, correspondiente a los crímenes de lesa humanidad durante el Operativo Independencia—, Maggio fue abogado del Arzobispado.
Los vínculos de Maggio con los poderes no se termina ahí. Es sobrino político del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, casado con la sobrina y relatora de este, Eloísa Rodríguez Campos. La insistencia en su designación reafirma las especulaciones por la relación de dependencia entre el poder judicial y el político, donde la autonomía no pasa de una ficción y todo se resuelve con una dinámica de devolución de favores.
“Creo que el aspirante Maggio está descartado hacia el futuro”, había dicho Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad el año pasado. No pasaron nueve meses de esas declaraciones y el gobierno de Manzur se apresta a designar como juez a un defensor de genocidas, en una semana donde avalan el fusilamiento de un niño de 12 a manos de la Policía. Más razones para movilizarse este 24 de marzo de manera independiente, no solo del negacionismo macrista sino también de los gobernadores que se empeñan en sostener herencias y continuidades de la dictadura.
