Cecilia Ousset, la médica ginecóloga que participó de la cesárea a la niña, diálogó con la periodista Mariana Romero. Allí detalló cómo el Sistema Provincial de Salud y el Gobierno de Juan Manzur negaron la interrupción legal del embarazo.
Miércoles 27 de febrero de 2019 13:46
La periodista Mariana Romero, de Radio Nacional Tucumán, publicó un hilo de tuits en el cual reproduce el diálogo con Cecilia Ousset, la médica ginecóloga que participó de la cesárea practicada a la niña que quedó embarazada producto de una violación.
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El relato, estremecedor, demuestra la brutalidad a la que la niña fue sometida por parte del sistema de salud de la provincia y el Gobierno del peronista Juan Manzur, que en vez de garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE), tal como dice el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, forzaron a que continúe contra su voluntad, obligándola a parir.
“Ayer se le salvó la vida a esa nena, que nunca debió haber llegado a las 23 semanas de edad gestacional”, alertó Ousset.
La niña, violada por el novio de su abuela, ingresó al sistema de salud con un embarazo de 16 semanas. La interrupción LEGAL del embarazo se hubiera realizado en 48 horas, sin riesgo para la salud de la nena. Pero no se le hizo caso y se dejó avanzar hasta la semana 23
— ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) 27 de febrero de 2019
La médica relató que la niña ingresó al sistema de salud en enero, con un embarazo de 16 semanas, y que la ILE se podría haber realizado dentro de las 48 horas posteriores a su ingreso. Sin embargo, se dejó avanzar el embarazo hasta la semana 23 contra su voluntad y la de su madre. Incluso, explicó, "jamás recibió asistencia psicológica hasta hace dos días", cuando los abogados de Andhes y Cladem lograron llegar a ella.
El Gobierno tucumano llegó al colmo de emitir un comunicado este martes 26, en donde afirmaba “respetar el protocolo ILE” pero “para salvar las dos vidas”.
Oussett fue convocada para la intervención, a la que concurrió junto a su marido. Según relató, el avanzado embarazo y la preclancia (aumento de la presión arterial y riesgo cardíaco) obligaba a los profesionales a practicar una cesárea, pero allí ocurrió una situación impensable: absolutamente todos, hasta el anestesista, se declararon objetores de conciencia.
El Gobierno de Tucumán la había retenido demasiado como para realizar una Interrupción Legal del Embarazo sin riesgos y sin el tormento de una cesárea. Dentro del quirófano, ocurrió lo impensable: TODOS LOS PROFESIONALES SE DECLARARON OBJETORES DE CONCIENCIA, hasta el anestesista
— ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) 27 de febrero de 2019
La abogada Florencia Vallino contó las reiteradas irregularidades que se produjeron desde el momento en que la nena llegó al hospital junto a su madre. Comentó que las autoridades de Siprosa (Sistema Provincial de Salud) habían estado influenciándola desde su llegada, a pesar de que la niña solicitara en ocho oportunidades la interrupción del embarazo. Entonces decidieron cortarle la provisión de alimentos a la madre y enviaron a tres policías masculinos a tomarles los datos en un claro intento intimidatorio para que desista de su pedido.
Pese a ello, la nena siguió pidiendo la interrupción del embarazo. Entonces, se le cortó la provisión de comida a la madre. También ingresaron a la habitación tres policías MASCULINOS a tomarles los datos.
— ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) 27 de febrero de 2019
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A su vez, relató que el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, grabó un audio para difundir entre los militantes antiderechos llamando a ser “custodios” del feto, llegando incluso a armar una vigilia en el hospital.