Facundo Ferreira murió por una bala en la nuca disparada por la Policía. Versiones interesadas hablan de un “enfrentamiento” para justificar la Doctrina Chocobar. El peronismo toma la agenda de Cambiemos.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 9 de marzo de 2018 19:29
Facundo junto a su abuela (Twitter)
La fotografía que se viralizó congela la figura de un niño tirado en la calle, con el asfalto ensangrentado tras un disparo policial que dio en la nuca. Pero a eso de la 1:30 del jueves, pocos sabían que el chico desangrándose en El Bajo se llama Facundo Ferreira (*), que tenía doce años y vivía en el Barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”.
Tras su agonía en el hospital Padilla, Tucumán amaneció con la muerte un niño a manos de la Policía.
Con las primeras horas del día se fue armando la versión oficial, basada exclusivamente en el relato de la Policía. El parte, sacado de un manual, afirmó que hubo un “enfrentamiento” con un grupo de jóvenes en tres motocicletas y que la muerte del niño se produjo en medio de ese intercambio de disparos. Esa es la versión que parece más sólida para fiscal Adriana Giannoni, por lo cual dos efectivos involucrados en el hecho, que habían sido demorados, fueron liberados.
El testimonio del joven de 14 años que manejaba la moto en la que viajaba Burgos y que sobrevivió pese a recibir también un disparo de la Policía, remarca que ellos no eran parte del grupo al que perseguían los uniformados y que, sin embargo, les dispararon como veinte balas.
La versión dada por la Policía abre varios interrogantes. Por un lado, por qué el niño fue muerto por un tiro en la nuca. Por otro, por qué no hay efectivos heridos. En tercer lugar si, como se dijo, había pólvora en las manos de uno de los jovenes, por qué no hay armas secuestradas.
Y por si hiciera falta algo, un dato relevante dice que las vainas encontradas coinciden con los calibres usados por la Policía.
Pero además la versión oficial busca justificar el fusilamiento de un niño construyéndolo como un gran delincuente, que era amigo de otro delincuente y que ambos son hijos de una banda de delincuentes. Así, la muerte de un niño a manos de las fuerzas del Estado se mezcla con el arrebato de un celular, en una peligrosa equivalencia al servicio de aprobar una ejecución sumaria.
Este nuevo caso de gatillo fácil se enmarca en una política represiva nacional propiciada desde el mismo Estado, comenzando con las reiteradas declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El caso de Facundo no es una excepción en el Tucumán de estos tiempos. Víctor Robles (17 años) fue asesinado por un policía de civil. Ángel Alexis Noguera (23 años) murió de un disparo de bala de goma en un procedimiento irregular realizado en su domicilio, que involucró a un comisario. Ambos hechos ocurrieron entre el 3 y el 7 de febrero. También está el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna por un disparo realizado por policías en Las Talitas.
Estos casos son similares a otros ocurridos en diferentes puntos del país tras la defensa de la “Doctrina Chocobar”. El fusilamiento por la espalda a Pablo Kukoc a manos del suboficial Luis Chocobar fue definido como “valentía” por Mauricio Macri. En su recepción en la Casa Rosada, Chocobar fue respaldado públicamente por el presidente. Lo demás lo hizo la ministra Bullrich, al hablar de un “cambio de doctrina” y dar vía libre para el gatillo fácil.
En Tucumán, esta rienda suelta a las fuerzas represivas en ningún momento fue condenada por integrantes del gobierno provincial. De hecho, el gobernador Juan Manzur en su discurso de apertura de las sesiones legislativas habló de la necesidad de un mayor fortalecimiento de la Policía.
Pero si la doctrina Chocobar de Bullrich tiene apoyo tácito, otros hechos dan cuenta de un peronismo que toma la agenda securitaria de Cambiemos. Para acallar las críticas macristas, Manzur nombró como nuevo secretario de Seguridad a Claudio Maley, un hombre de la Gendarmería con un historial que incluye una denuncia por contrabando y un mes prófugo del Poder Judicial y cuatro meses de prisión preventiva. En este año, el Gobernador tampoco dudó en recibir con alegría la instalación de una nueva base operativa de la fuerza involucrada en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Maley también dio un aval para la instalación de los “vigías municipales”, verdaderos grupos parapoliciales impulsados por los municipios. Primero acordó con el intendente macrista de Yerba Buena y la semana pasada presenció un entrenamiento en la Banda del Río Salí, junto al intendente Darío Monteros. Si bien se niega que tengan poder de policía, estos grupos actúan como fuerza de choque y cosechan denuncias por torturas y hasta un caso de violación a un adolescente.
Otro tanto ocurre en el ámbito legislativo. Mientras se mantiene un código contravencional heredado de la dictadura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció un endurecimiento de penas para los “motochorros”. Puro punitivismo marketinero.
Justificar el fusilamiento de un niño a manos de la Policía es la doctrina Chocobar llevada al extremo. Y es también una expresión cruda del manodurismo de un aparato represivo que solo tiene en la mira a los sectores obreros y populares.
(*) Inicialmente se publicó que Facundo era de apellido Burgos. Su abuela Mercedes del Valle Ferreira difundió una carta junto a la aclaración de que su apellido es Ferreira y que se encontraba cerca de cumplir los trece años.
