Una noticia aparecida en El Confidencial destapó que las hermanas del Rey se han vacunado en Abu Dhabi mientras visitaban a su padre fugado perseguido por los escándalos de corrupción. Mientras los plazos y vacunas se retrasan para el resto, ellos se permiten un turismo de vacunas VIP.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 3 de marzo de 2021
Las hijas de Juan Carlos I aprovecharon la visita realizada a su padre en la segunda semana de febrero para vacunarse contra el coronavirus. No fueron las únicas, el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán hizo lo propio en enero, aprovechando el viaje realizado para celebrar el cumpleaños del Emérito.
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Como informó el mismo El Confidencial y atendiendo a los datos del Ministerio de Salud, tanto las infantas como Roldán, que hoy ocupa un cargo directivo en Iberdrola, se han saltado semanas y meses de lista de espera que el resto de ciudadanos vamos a tener que aguantar pacientemente. Y es que ninguno de los tres, y según datos de seguimiento oficial, tiene aún ni tan siquiera fecha prevista de vacunación.
Por si la propia vacunación no fuera ya de por sí un escándalo mayúsculo (uno más) para la monarquía en el Estado español, ha salido a la luz que el ministerio del Interior pagó todos los gastos en la seguridad de las infantas Elena y Cristina en su viaje a Abu Dhabi.
Pero si desde Zarzuela se desmarcaban a los pocos minutos de aparecer la noticia afirmando que las infantas no forman parte de la Casa Real, ¿en concepto de qué se gasta el ministerio público nada más y nada menos que 33.600 euros en la seguridad de las infantas?
Pero esto, aunque sorprendente, no es novedoso, ni mucho menos. Hay que recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya admitió el pasado mes de septiembre que la seguridad personal de Juan Carlos I sigue yendo a cargo de su ministerio público.
Las autoridades de Abu Dhabi han vuelto a señalar que en su territorio tan solo se pueden vacunar “autóctonos de más de 50 años”. Pero lo cierto es que están practicando y permitiendo un turismo de vacunas VIP.
De hecho, una agencia vip de Londres ofrece un viaje a la región, con billetes de avión de ida y vuelta y estancia en un hotel de lujo, con la vacuna contra el covid-19 garantizada por un precio total aproximado de 29.500 euros.
Un suma y sigue que marca, también en la vacunación contra el coronavirus, un “ellos y nosotros” con privilegios y deberes completamente diferentes. Y tanto es así, no ya porque ninguna ni ninguno de nosotros recibamos del erario público una dieta diaria de 900 euros para nuestras vacaciones si no porque en lo que hace exclusivamente a las vacunas nos encontramos en una situación de escasez.
Desde el Gobierno aseguran que para el mes de julio el 70% de la población estará vacunada, pero lo cierto es que a fecha de hoy tan solo se ha inmunizado el 2,6% de la población, precisamente por la escasez de las dosis.
Estos días el escándalo fue con las infantas y el exdirector del CNI, pero anteriormente otros como el Consejero del Estado Mayor de la Defensa, el consejero de Salud de Murcia o el de Ceuta, y una serie de alcaldes y concejales de varias comunidades, ya se habían saltado las colas.
Son estas situaciones las que demuestran que es más necesario que nunca acabar, en primer lugar, con el monopolio de las farmacéuticas y sus patentes que les permiten enriquecerse y hacer negocio a costa de la salud de todos nosotros y nosotras, cuando además como en el caso de la vacuna de la covid sus investigaciones se han realizado gracias a fondos públicos.
Pero también en el Estado español se pone sobre la mesa la necesidad de acabar con la monarquía y con sus privilegios que cuestan millones de euros a las arcas públicas cada año. ¿Y todo para qué? Para costear sus obscenas vidas, sus negocios turbios y eventualmente sus fugas de lujo.
Es necesario pelear por Asambleas Constituyentes en todo el Estado, que permita, de forma democrática y sin cortapisas, decidirlo todo. Que permitan decidir sobre la monarquía y sobre la autodeterminación de los pueblos, sobre los sueldos de los funcionarios políticos, así como sobre la gestión pública de los servicios y recursos esenciales.
