Dentro de los muros que encierran ese enorme terreno en la calle Ingeniero Huergo, en Parque Industrial Norte, están guardados alrededor de doscientos rostros, infinitas cicatrices, permanentes amenazas. La síntesis más gráfica del concepto de opresión. Tierra de la policía, sin control, a merced de la violencia legitimada por el Estado y el silencio, garante perfecto del gobierno provincial.
Jueves 18 de septiembre de 2014
Hasta el año 2003, el trabajo realizado con la información recopilada en el interior de la cárcel por la Asociación Zainuco -que daba cuenta de las terribles condiciones de detención que incluían violentas represiones y sesiones de tortura-, logró que se remplace el personal policial de requisa, a diferentes agentes y hasta al mismo Jefe de la unidad. El 29 de agosto de ese año, el nuevo jefe -René Fuentes-, temeroso de terminar como su antecesor, dictó una disposición en la que prohibió el ingreso de organizaciones sociales, defensores y defensoras particulares y oficiales a los pabellones de la cárcel ubicada en el Parque Industrial neuquino. Durante los años siguientes, la justicia fue -y es- cómplice de que esta orden continuara -y continúe- respetándose.
En agosto del 2012, meses después del asesinato de Cristian Ibazeta, la policía a cargo impidió el ingreso de diputados y diputadas de la provincia a la Unidad, alegando que las “visitas” deben realizarse tras un pedido por escrito, que lógicamente pueda brindar un tiempo suficiente para poner en “condiciones” -si es que existen cuando se habla de encierro- los pabellones. Semanas más tarde y a su comodidad, el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo condujo el “paseo” por la cárcel.
En junio del mismo 2012, la fiscal Gloria Lucero recorrió sorpresivamente la Unidad y un mes después lo hizo la Asociación Pensamiento Penal en el marco de la realización de un informe sobre la situación carcelaria en Neuquén. En ambos casos detectaron numerosas falencias, aunque denunciaron fundamentalmente las estructurales.
La Ley Nacional 26.827 -Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes- fue sancionada a fines del 2012 y promulgada meses después, y establece en su artículo 41 que “todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación de las personas privadas de libertad tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención”, e incluso de grabar y filmar el interior de pabellones, a las y los internos y de realizar entrevistas personales.
La Asociación Zainuco fue particularmente mencionada en la disposición interna N°102 “DUD-11/03” del Jefe de la U11. En ella, se estableció que sus miembros podrían reunirse con internos de un único pabellón por cada día de visita -dos a la semana- en una oficina habilitada a tal efecto y de forma individual. Esto da a los oficiales a cargo de vigilar la unidad la posibilidad de “marcar” a quienes solicitan entrevistarse con la agrupación de derechos humanos. Cabe aclarar que muchas veces esas reuniones son impedidas por el personal policial con excusas tales como que el preso –el mismo que solicitó la reunión- “no quiere salir”.
Cristian Ibazeta fue asesinado de 24 puñaladas luego de entrevistarse en esa misma oficina con integrantes de Zainuco. Él era testigo clave de una causa por torturas que imputaba a 27 policías. Hoy, siguen amenazando a internos con que si hablan les pasará lo mismo que al joven, por lo que en la mayoría de los casos prefieren resguardarse antes que denunciar y que el Estado les propicie su prometida pena de muerte.
Nadie sabe -más que por el testimonio de los pocos internos que se animan a expresarse conscientes de las represalias que vendrán- cuál es el estado real de la U11. Las y los legisladores que pudieron entrar -con aviso más que previo-, denunciaron en el 2012 que no había calefacción en uno de los pabellones, que la alimentación era deficiente y que las visitas de familiares eran demasiado restringidas. Si con semanas de anticipo la unidad dejó entrever esas falencias, habría que multiplicarlas por cientos para llegar a la realidad que padecen a diario las personas allí encerradas.
La Asociación Zainuco presentó en mayo un pedido a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación para que en carácter de urgencia garantice el cumplimiento del artículo 41 de la mencionada ley, que implica el ingreso irrestricto y sin previo aviso a toda la unidad penitenciaria. Sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta.
Lo cierto es que hoy nadie controla a los que “controlan” la U11. Y nadie sabe qué pasa en el interior de esos muros, donde la democracia esconde las “fallas” útiles del sistema económico y social, amparada en el judicial.
