Las tres instituciones son las que reúnen el mayor gasto fiscal en este ítem, con un 80% de todos los organismos del Estado. Así, entre enero y mayo de este año, el gasto en compra de alcohol alcanzó los US$92 millones
Miércoles 10 de julio de 2019
A partir de un estudio realizado por el Observatorio del Gasto Fiscal, se revisó la compra de alcohol de las instituciones estatales a través de Mercado Público en 2018, éste determinó que tres organismos concentran el 80% de dichas adquisiciones.
Se trata de la Policía de Investigaciones, el Ejército y Gendarmería, las que totalizaron poco más de $475 millones. Según consignó La Segunda, basado en datos de Chile Compra, el consumo de bebidas alcohólicas en el gobierno central, universidades, municipalidades e instituciones de las Fuerzas Armadas subió un 60% en 2018 respecto de 2017, llegando a US$932.012.
Así, en 2018, la PDI habría gastado en compra de alcohol $231 millones; el Ejército, $136 millones, y Gendarmería, $108 millones. Sólo entre enero y mayo de este año, el gasto en compra de alcohol alcanza los US$92 millones.
Según la Ley de Presupuestos, los montos asignados para alimentos y bebestibles no detallan restricciones para la compra de alcohol, ni existen instructivos al respecto de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Desde el Observatorio detallaron que estas compras son utilizadas en el bienestar de los funcionarios, pero también para financiar los servicios de clubes y centros recreacionales institucionales. Es decir, se paga por el consumo por un producto que es comprado con dinero pagado por todas y todos los trabajadores chilenos.
Por su parte, en Gendarmería el gasto en bebidas alcohólicas en el casino institucional en 2018 fue de $15.160.011 y $9.980.343 el primer semestre de 2019. Sin embargo, desde Comunicaciones de Gendarmería informaron que en marzo de este año se inició una investigación al Departamento de Bienestar Social, en el que se concluyó que “no se realizó una adecuada planificación de la compra de bebidas alcohólicas en cuanto a cantidades y tipo de productos por parte de la unidad requirente”.
Frente a esto, se ordenó un sumario administrativo para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades, además de “suspender el pago de las órdenes de compras que no han sido ejecutadas”
Una serie de privilegios a costa del pueblo trabajador
Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios creemos que es indispensable que se acabe de raíz con todos los privilegios que tienen las fuerzas armadas, carabineros, la PDI y Gendarmería.
No podemos permitir que mediante la ley reservada del cobre el Estado se permita financiar este tipo de cosas, así como también conceder privilegiados sueldos, pensiones, seguros de salud, a los cuales solo puede acceder este pequeño sector de la población. Por ello creemos que su derogación es imprescindible.
Mientras hoy se movilizan miles de profesores, secundarios, mineros y trabajadores por sus precarias condiciones y derechos, el Gobierno de Piñera solo ha respondido con intransigencia y una brutal represión, señalando que no existen los fondos para pagar la mención a las educadoras de párvulo y de educación diferencial o incluso la deuda histórica de los profesores. Pero si se da el lujo de financiar a su brazo armado como los es la casta militar con millones de dólares que genera el cobre y que podrían ser destinados para satisfacen las necesidades sociales y nuestros derechos mínimos como la salud, educación, vivienda, un trabajo digno, etc.
Por todo esto, es que apostamos por la disolución de la policía y todas las fuerzas especiales de seguridad, terminando su existencia para combatir a este Estado empresarial que solo reproduce las miserias a la población.
