Consejeros de En Clave Roja - FIT y Hagamos lo Imposible, con la adhesión de la Agrupación 28 de diciembre, presentaron a las autoridades de la UNQ un pedido de informe sobre la base policial instalada en el Campo de Deportes. Frente a los recientes casos de gatillo fácil exigen al rectorado el desmantelamiento y que se prohíba el ingreso a las fuerzas.
Eugenia Tulu Activista e historiadora LGTB+
Viernes 19 de junio de 2020 14:32
Foto: Perspectiva Sur
Al inicio de la cuarentena las redes del Municipio y la Universidad Nacional de Quilmes hicieron pública la instalación de una Base Operativa Policial al mando de Sergio Berni en el Campo de Deportes de la casa de estudios. Tras la feroz represión a los trabajadores del frigorífico Penta, estas publicaciones fueron borradas y no hubo más información pública al respecto. Mientras, la denuncias de violencia policial se acumulan.
Ante esta situación la consejera departamental Carla Villani y la secretaria de Deportes del CECSEA Nadia Montes de En Clave Roja, los consejeros departamental y superior Julieta Solís y Julián Arbios de Hagamos lo Imposible, con la adhesión de la Agrupación 28 de diciembre, elevaron un pedido de informe al rectorado. En el exigen se informe la actual situación de la base operativa, la función que cumple y cantidad de efectivos que la ocupan. A su vez reclaman su inmediato desmantelamiento y la prohibición del ingreso de las fuerzas a instalaciones de la universidad. Los Centros de Estudiantes, por su parte, no realizaron ningún pronunciamiento al respecto.
Del 20 de marzo a esta parte se suman decenas de denuncias sobre abusos, torturas, detenciones arbitrarias y casos de gatillo fácil en todo el país. En Tucumán la policía está implicada directamente en la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza. Alan Maidana, en Berazategui, fue asesinado por la espalda por un policía de la Federal cuando volvía de la casa de su novia. El pasado martes un jóven de 22 años fue asesinado brutalmente por la policía de la provincia en el centro de Berazategui, acusado de amenazar a un oficial con un arma blanca. En el video que trascendió en redes sociales se ve claramente como, lejos de intentar reducirlo, le propinaron varios tiros aplicando una pena de muerte de hecho. La fiscal que interviene caratuló el caso como “legítima defensa”. Hace sólo unas horas, la gendarmería ejecutó a un adolescente en el Bajo Flores.
No es casual, cuando el ministro de seguridad bonaerense se pasea portando un fusil frente a las cámaras y la presencia de las fuerzas en los barrios se multiplica justificada por el gobierno en tanto garantía de cumplimiento del aislamiento social. En los distritos de Quilmes y Avellaneda frente a la crisis sanitaria y los brotes de contagios en los barrios de Villa Itatí y Villa Azul, los gobiernos municipales -a cargo de Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi- y provincial -en manos de Axel Kicillof- respondieron con el confinamiento represivo, militarizando la zona. Más de 300 policías por turno, fueron localizados y se prohibió el ingreso y egreso de los vecinos.
Te puede interesar: "Soy de derecha", el identikit de Sergio Berni en Mundo Conurbano
Se trata de barrios donde el 71% no tiene acceso en sus hogares a la red de agua, y el 93,6% no están conectados a la de gas natural. El 64% solo tiene acceso a cobertura pública de salud, en un sistema que ya se advierte estará colapsado en las próximas semanas. En las semanas previas al brote los vecinos habían reclamado falta de agua y testeos masivos, advirtiendo el riesgo de contagio que implican estas carencias y el hacinamiento. La respuesta frente a estos problemas estructurales, sin embargo, fue el despliegue de fuerzas.
Sólo en las últimas semanas la policía de la provincia -fuerza que ocupa el campo de deportes- fue denunciada por detener violentamente a un vendedor senegalés en La Plata, torturar a una mujer embarazada en Moreno, prender fuego viviendas en José León Suárez, detener a una militante mapuche en Los Toldos y asesinar de tres disparos a un pibe de 17 años en Laferrere, por mencionar sólo algunos casos.
La violencia policial, sin embargo, no se restringe a la cuarentena. Es una práctica sistemática de las fuerzas en tanto mecanismo de control social, que utiliza -en menor escala- métodos heredados de la dictadura militar. La tortura en comisarías y el gatillo fácil son los ejemplos más claros y evidencian que este tipo particular de represión está dirigida a grupos específicos. El último informe de la CORREPI registra un asesinato en manos de las fuerzas de seguridad cada 18 horas, siendo los jóvenes entre 15 y 25 años el 41% de las víctimas, provenientes fundamentalmente de barrios populares.
Te puede interesar: La disciplina de las balas: tres claves para su lectura
Esta violencia se expresa en Argentina y en el mundo y fue el disparador de las masivas movilizaciones que se desataron en Minneapolis y se extendieron por todo Estados Unidos, replicándose en Inglaterra, Brasil, Alemania, Francia, Holanda y otros países. La denuncia contra el racismo de las fuerzas estadounidenses, que se evidencia en que la mayoría de sus víctimas son personas negras -uno de los sectores más empobrecidos de esa sociedad-, llevó al movimiento #BlackLivesMatters a exigir el desfinanciamiento de la policía e incluso su abolición. Algunos sectores están reclamando también la expulsión de la policía de los sindicatos
Te puede interesar: Los movimientos contra el racismo y la Policía en la crisis pandémica
A contramano de este proceso contra la brutalidad policial que ya cuenta con una extensión mundial, los gobiernos provinciales y nacional refuerzan la presencia de fuerzas y legitiman su intervención en los barrios. La gestión de la Universidad Nacional de Quilmes hace su parte alojando oficiales de la bonaerense en su predio. La decisión de hacerlo fue tomada unilateralmente por el rectorado, contra toda la tradición de lucha contra la intervención de fuerzas en el ámbito universitario que estudiantes y trabajadores de la UNQ sostenemos hace años, como fueron las campañas contra el convenio con la policía local en 2014 y con la AFI en 2015.
Frente a esta situación Carla Villani, consejera departamental y la secretaria de Deportes del CECSEA Nadia Montes de En Clave Roja, los consejeros departamental y superior Julieta Solís y Julián Arbios de Hagamos lo Imposible, con la adhesión de la Agrupación 28 de diciembre, elevaron un pedido público de informe al rectorado de la UNQ e hicieron la exigencia del inmediato desmantelamiento de la base policial. La comunidad educativa debe hacer un claro pronunciamiento contra los actos de violencia de las fuerzas, solidarizándose con víctimas y familiares y vedando, de una vez por todas, el acceso a las instalaciones a las fuerzas de seguridad.
El pedido de informe: 
