Cuatro personas detenidas el martes en los alrededores de la Delegación de Gobierno en Barcelona han sido enviados a prisión preventiva por la jueza de guardia de Barcelona, Eva Moltó.
Viernes 18 de octubre de 2019
A los detenidos se los acusa de desórdenes públicos, lesiones, daños y atentado contra los agentes de la autoridad. La magistrada incorpora una afirmación para justificar la prisión preventiva, asegurando que los manifestantes buscaban “impedir la ejecución de una sentencia en firme dictada por el Tribunal Supremo".
El pedido de prisión preventiva provino de la Fiscalía, mientras que la Generalitat había solicitado libertad bajo fianza. Con los cargos que se les imputa, los manifestantes podrían ser castigados con hasta 6 años de prisión.
Para su imputación, la jueza se ha basado en los informes de los Mossos que hicieron la detención. La jueza además justifica la prisión provisional, en el supuesto peligro que implicaría dejar en libertad bajo fianza a los detenidos, alegando que "podrían producirse graves disturbios que comprometan la paz ciudadana y el orden público".
Esta actuación judicial sienta un gravísimo precedente, otro más, en la criminalización de las protestas sociales en Barcelona y en particular sobre la juventud del movimiento catalán. Una medida totalmente antidemocrática como la prisión provisional se transforma en un instrumento de represión permanente, vulnerando las más elementales libertades democráticas, como es el derecho de manifestación. Lo que se está juzgando es la protesta social.
