Es hora de luchar por clausulas de revisión salarial acordes al aumento de precios. La patronal bloquea las subidas o impone aumentos por debajo del coste de la vida. El gobierno hace lo mismo con pensiones y salarios públicos.
Jueves 30 de diciembre de 2021
El IPC mantiene en diciembre la escalada que comenzó a mediados de 2021. En esta ocasión sube un 1,3% en diciembre respecto al mes anterior. La tasa interanual se sitúa por lo tanto ya el 6,7%, dos puntos por encima de lo que marcaba en noviembre (5,5%) y en su nivel más alto desde 1992.
Los principales motores de esta inflación siguen siendo la factura de la luz y los alimentos, dos bienes de primera necesidad que siguen erosionando los salarios de una forma cada vez más grave. La subida de los precios de consumo en el último mes registra un 1,3%, según el Instituto Nacional de Estadística, el mayor aumento mensual de los últimos 38 años.
La Organización de Consumidores y Usuarios publicó la semana pasada sus últimos datos que apuntan en la misma dirección. La factura de la luz es hoy un 98% más cara, el gas un 12%, el butano un 33%, los combustibles un 30% y en la cesta de la compra hemos visto como el aceite se encarecía un 25%, la carne un 15% o la pasta un 10%.
Mientras tanto miles de convenios siguen bloqueados sin actualizar las tablas salariales o con imposiciones de la patronal para que éstas suban por debajo de la inflación. La subida media pactada en convenio se ha quedado en un ridículo 1,5% este 2021. El mismo FMI advirtió al gobierno español de que tenía que evitar a toda costa una actualización salarial según la subida de los precios.
El gobierno da ejemplo de moderación y rebaje real de salarios allí donde puede. Las retribuciones de las y los trabajadores públicos para 2022 se queda en un 2% según los Presupuestos Generales del Estado publicados este miércoles en el BOE. Lo mismo sucede con las pensiones, cuya subida queda contenida en un 2,5% para las contributivas y un 3% para las mínimas y o contributivas.
La pérdida de poder adquisitivo de salarios, pensiones y prestaciones contrasta con la generosidad sin límites que esas mismas cuentas tienen para las grandes empresas del IBEX35, las principales beneficiarias de los 27 mil millones de euros que se tienen previsto recibir en 2022 de los Fondos Next Generation.
Las direcciones burocráticas de CCOO y UGT siguen aceptando pasivamente este atraco salarial. Bendicen con su apoyo al gobierno el tijeretazo en los salarios públicos y dan la espalda o conducen a acuerdos a la baja, como vimos en la huelga del metal de Cádiz, a aquellas luchas que tratan de mantener el salario y las condiciones amenazadas.
Contra esta política criminal y vendida, 2022 debe ser el año de la recuperación de lo perdido. La izquierda sindical y los sectores de CCOO y UGT que no se quieren resignar a los sacrificios que imponen Sordo, Álvarez y la ministra Díaz, deben plantear una lucha ofensiva por recuperar el poder adquisitivo e imponer clausulas de revisión salarial obligatorias en todos los convenios automáticas y acordes con la subida real del precio de la vida.
