POLÍTICA DE CLASE. Un Gobierno violento que quiere enseñarnos qué es violencia

Foto Enfoque Rojo

Según la interpretación cada vez más definida del periodismo oficialista, cualquier protesta configura un delito. Las reminiscencias autoritarias detrás de la persecución política llevada a cabo por el Gobierno no dejan lugar a dudas.

La “seguridad” no es vista desde la perspectiva de las personas titulares de derechos fundamentales, sino desde las necesidades de preservación del Estado capitalista. Así, un número importante de personas quedan fuera de la cobertura de la “seguridad” y los derechos y se transforman en "enemigos".

Según dicta la doctrina, el derecho penal es el último recurso a utilizar y se rige por el principio de mínima intervención y de proporcionalidad. Pretender atribuirle delito de sedición a una concentración pacífica de miles de personas amparadas por el derecho fundamental de manifestación supone considerar la ley como una norma que se puede estirar hasta el límite que se desee con tal de adaptarla a determinados fines.

El comportamiento negativo e intolerante del poder político frente a las demandas del movimiento obrero y de los movimientos sociales lo obliga a ejercer una mayor autoridad y que tenga gran intolerancia a la participación. Eso lo conduce inmediatamente a un ejercicio del poder sin controles.

El Gobierno de Cambiemos tiene rasgos autoritarios y represivos en ascenso para enfrentar las medidas que tienen planificadas. Un mercado económico y laboral “flexibilizado” lleva como contracara una “gestión punitiva de la pobreza”, una criminalización de la protesta, un Estado intervencionista en lo político, una persecución política e ideológica a quienes lo cuestionan.

La libertad de expresión, en sus diversas manifestaciones, es una libertad básica para reconocer las libertades democráticas en una sociedad y es, precisamente, una de las primeras que sufre los ataques del poder. Se recurre, discursiva y punitivamente, a la construcción de un enemigo interno (hoy considerado sedicioso, tan similar a la construcción de la figura de subversivo hace cuarenta años), con el objeto de suprimir la crítica, el disenso y la lucha de los pueblos por garantizar, en toda su amplitud, la libre expresión y la debida tutela y protección de las doctrinas revolucionarias y contrarias al orden social establecido.

Obviamente, el uso de formas represivas o “fuera de la ley” en el tratamiento de los conflictos sociales no es nuevo y tiene numerosos antecedentes en la historia argentina. Esta modalidad se mantiene aun después del reconocimiento del derecho de huelga en la constitución.

Se supone que la democracia es el tipo de gobierno donde el pueblo tiene la soberanía y que, como titular de esa soberanía, tiene derecho a manifestarse. Entonces vale preguntarse por qué el Gobierno, ante el repudio generalizado (incluso de sus propios votantes), no lanzó por ejemplo una consulta popular para conocer la opinión de la sociedad. ¿Por qué ante protestas de miles solo muestran imágenes de disturbios?

Ahora el discurso mediático se centra en la responsabilidad de la izquierda. Pero eso no es más que una ventana para escapar del descontento masivo generado por el Gobierno por apropiarse de parte del haber de los trabajadores jubilados. Hablan de los “grupos violentos” con la misma vieja receta de adjudicarle a la izquierda casi todos los males.

“Violencia es mentir”, dice un viejo tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y la fórmula se aplica a la perfección en el caso de los hechos ocurridos en las últimas dos semanas, cuando el Gobierno de Macri mintió de mil maneras y consiguió aprobar una ley a garrotazos diciendo que eso es democracia y justificando la medida porque tiene carácter de ley.

Parafraseando a la revolucionaria Rosa Luxemburgo, si una persona es privada por otra y en contra de su voluntad de una parte de sus posiciones o sus ganancias nadie duda que es un acto violento, pero si le ponemos el nombre de impuesto a las ganancias o reforma previsional nos encontramos con que se trata de la ejecución de una ley.

Lo que se presenta como legalidad no es sino la violencia de la clase dominante elevada a rango de ley. Una vez que los actos de violencia de la clase dominante, que cuenta con el poder del Estado, de las grandes empresas periodísticas y con el monopolio de la fuerza armada, se establecen como actos obligatorios, entonces actúa “la justicia”, en manos de una casta de jueces y fiscales siempre serviles al poder político de turno y, sobre todo, al permanente poder económico.

Es fundamental aquí tener en cuenta la devolución de favores de uno y otro lado: si de un lado está el Grupo Clarín tapando o tergiversando la realidad, del otro está Macri otorgándole la fusión Telecom/Cablevisión, como señal del compromiso de la alianza (aunque con Clarín nunca se sabe cuál será el destino una vez conseguido lo que quería).

Una aclaración válida: ni Clarín, ni La Nación ni ningún otro personero que hoy cuestiona con ahínco la “violencia” está en contra de ella o de su utilización según el momento político. Alcanza con ver las tapas de estos diarios antes de la dictadura y luego de ella o, más cercano en años, cómo el matutino de Magnetto en 2002 puso en tapa “La crisis causó dos nuevas muertes”, encubriendo obscenamente a los gobiernos de Eduardo Duhalde, de Felipe Solá y a su policía asesina de Maxi y Darío.

El problema que tienen con la “violencia” los que hoy la cuestionan, y que además tiene aspectos similares al discurso que legitimaba el terror estatal en los 70, es que sea ejercida por los sectores populares, por los trabajadores y estudiantes y que sea en rechazo a la asfixia económica a la cual pretenden someter al pueblo. En esto radica el problema de los empresarios y su Gobierno a sueldo: la defensa ante los ataques masivos, la resistencia ante la “miseria planificada”.

Ése es el gran problema para el Gobierno. Por eso desde la izquierda, lejos de condenar las manifestaciones de bronca y odio de clase que surgen desde abajo, se apoya y promueve la mayor de las defensas de los intereses de los trabajadores por sobre las ganancias de un puñado de… usted complete aquí el adjetivo calificativo que más lo represente.

Fíjese, si no, cómo hasta el momento nadie sabe el nombre, por lo menos, del policía que atropelló con la moto a un pibe que estaba tirado en la calle. Un agente que, según se enseña en la escuela, debe servir a la “comunidad” y a la “justicia” pero en realidad se dirige a esta persona con el fin de infringirle un daño y se dispone a pasarla por arriba literalmente y con plena intención de hacerlo. De esta “violencia” ofensiva, dirigida desde el Estado, planificada… no se habla.

Ahora bien. Desde otro punto de vista, que termina confluyendo con lo dicho anteriormente, desde una cuestión de clase, o cómo la burguesía dice lo que es violencia y lo que no es, es que vivimos en una sociedad donde nos alimentan de violencia: una mujer es asesinada cada 30 horas en manos de un hombre (novio, ex, quien fuese), o cómo cada tanto se escucha que un grupo de Rugbiers (esos pibes bien, de la crema de la sociedad) asesinan a golpes a un indigente, o cómo el sistema descarta a los trabajadores que ya no son productivos, que luego de toda una vida de trabajo son despedidos con una indemnización que no les alcanza para subsistir un año y que por su problema de salud ocasionado en el mismo trabajo jamás va a poder conseguir algo así, y su “destino” está trazado por la miseria.

Violencia, violencia en serio, es lo que hace el Estado que despoja de recursos a los sectores más débiles haciendo una trasferencia de recursos a los sectores del capital financiero, empujando a nuestros viejos, que fueron explotados toda su vida, a un retiro donde se vayan marchitando y desgastando más velozmente debido a que estas medidas económicas hacen más difíciles las condiciones de supervivencia. Violencia es negar esta realidad y usar la coerción para imponer una ley y cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores.

León Felipe dijo que “la cuna del hombre la mecen con cuentos” Hoy pretender hacerle creer a millones de personas que los violentos son quienes se defienden de la brutalidad policial/represiva y de los planes de saqueo de los Gobiernos. Hay que decirles claramente que defenderse no es violencia, es el derecho legítimo a resistir.