Reforma jubilatoria. Un Macron debilitado apuesta a la represión contra los bloqueos y las huelgas

Las imágenes no dejan lugar a dudas. Cientos de trabajadores hacen retroceder a un grupo de policías antidisturbios que iban directo a reprimirlos. Ocurrió en la mañana de este martes en el depósito petrolero de Fos-sur-Mer. Allí los trabajadores se encontraban bloqueando la planta e impidiendo la entrada y salida de camiones, como así también el procesamiento del petróleo.

La batalla por ver quién controla los depósitos, refinerías, centros de incineración de residuos o estaciones de transporte, como la que se ve en el video, será un escenario recurrente en los próximos días.

🔴 #Francia | Trabajadores petroleros hacen retroceder a la Policía antidisturbios en el depósito de Fos-sur-Mer.
El Gobierno quiere forzar la reapertura de refinerías y depósitos con represión. Los trabajadores lo enfrentan.
📽️ @ColeStangler pic.twitter.com/wGcqN9UeUi

— Juan Andrés Gallardo (@juanagallardo1) March 21, 2023

Desde ayer a la noche el Gobierno de Macrón y su ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunciaron su intención de acabar con todos los bloqueos y las huelgas. No solo las de los petroleros, sino las de todas las refinerías, como la de Total en Normandía que es la más grande del país y se encuentra paralizada, y también la huelga de los recolectores de residuos que ya lleva 15 días en París.

En esta cruzada contra los trabajadores también lo apoya la extrema de derecha de Marine Le Pen que, a pesar de haber presentado el lunes una fallida moción de censura contra el Gobierno, horas más tardes salió públicamente a reclamar al ministro del Interior que acabe con la huelga de los recolectores de basura y las otras huelgas renovables que puedan afectar el tránsito o el abastecimiento de combustibles.

Para llevar adelante esta política contra las y los trabajadores que se encuentran en huelga el Gobierno activó la represiva herramienta de las requisiciones. Las requisas de huelguistas son un mecanismo particularmente autoritario que tiene el Estado francés para obligar a trabajadores en huelga a retornar a sus puestos de trabajo. El procedimiento de requisa, especialmente coercitivo, amenaza a los huelguistas con seis meses de cárcel y 10.000 euros de multa si se niegan a volver a sus puestos.

Eso fue lo que pasó en la mañana de este martes cuando la Policía fue al depósito de Fos. El objetivo era dispersar a los trabajadores, intimarlos y tomar la planta para reabrirla. Sabiendo de esta situación, los trabajadores se reunieron en la puerta del depósito y contaron con una importante solidaridad de diversos sectores que se acercaron a apoyarlos.

Tras haber hecho retroceder a la Policía antidisturbios, estos cargaron con gases lacrimógenos durante media hora y pidieron refuerzos para finalmente tomar la planta petrolera.

Ca chauffe au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer suite aux réquisitions du gouvernement. Utilisation importante de gaz lacrymogène mais les manifestants ne reculent pas #MotionDeCensureTransPartisane #Revolution #greve21mars #manifestations #GreveGenerale #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/mWBAC2832j

— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 21, 2023

Esto fue solo una muestra de lo que se viene. Fue la primera batalla contra "las requisiciones".

De momento la intersindical no viene haciendo nada, solo mantiene una convocatoria para nueva movilización el jueves 23, es decir una semana después de haberse anunciado el decreto de Macron. Son las organizaciones locales y los sindicatos de base de cada lugar de trabajo los que vienen impulsando activamente la renovación de las huelgas, los piquetes y bloqueos y la solidaridad con otros sectores. Como parte de ese esfuerzo, este martes se reunirá por tercera vez la Red por la Huelga General, que hace una semana juntó a 600 activistas entre trabajadores y estudiantes en París (mientras que otras 900 personas lo siguieron on line), para debatir como profundizar y extender el movimiento.

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El Gobierno de Macron, que viene de evitar caer por solo 9 votos en el Congreso y con las calles prendidas fuego por una impopular reforma jubilatoria aprobada por decreto, no tiene más que intensificar la represión para imponerse. Sin embargo, es una apuesta muy arriesgada. Implica echar más combustible al fuego y puede terminar por incendiar todo el país.

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