Tribuna Abierta. Un acuerdo sectorial que reafirma el neopositivismo psiquiátrico

La semana pasada se firmó un acta de acuerdo entre la ministra de Salud del GCBA, la médica Ana María Pérez Bou y el presidente de la Asociación de Médicos Municipales Jorge Gilardi. Si se leen las actas vemos que estas no hacen más que reafirmar que la Salud Mental es un negocio para las grandes empresas de medicina. Para un análisis de las mismas se puede leer el artículo de Juan Duarte “El gobierno de la ciudad intenta avanzar en la manicomialización de la Salud Mental.”

Un sector que dirige la AMM se arroga el derecho de tomar decisiones que afectan al conjunto de los profesionales de la Salud Mental y de los usuarios acorde con lo que vienen proponiendo: “la Salud Mental es una cuestión exclusivamente de la medicina.” Este acuerdo revierte los aspectos más importantes de la Ley de Salud Mental.

La Ley plantea en sus artículos algunas cuestiones cuya importancia implica una ruptura con el funcionamiento del orden manicomial en la Argentina y sostiene Derechos Humanos fundamentales de los pacientes.

Veamos cuatro aspectos que creo necesario destacar.

1º) En relación a los Derechos Humanos. Establece la defensa de los derechos de los pacientes modificando el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su “peligrosidad”.

2º) El equipo interdisciplinario e intersectorial. Con la sanción de la Ley ya no es el psiquiatra el eje del tratamiento en Salud Mental, sino que “Debe promover que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario.” Creemos que esta idea no solo refleja una realidad superadora, sino que, además, define el tema de la salud mental como un tema interdisciplinario, pero también como un tema intersectorial; o sea que va más allá del campo de la salud en tanto en la definición misma de salud mental intervienen otros factores que tienen que ver con las condiciones de vida.

3º) En relación a las estructuras manicomiales se plantea cerrar los manicomios y crear propuestas alternativas. La internación deberá ser lo más breve posible y deberá ir refrendada por dos profesionales, uno de los cuales deberá ser médico o psicólogo.

En este sentido, la medicina y la figura del médico son parte, y no centro, de las respuestas al padecimiento mental, estimando sus determinantes sociales y el poder curativo de los recursos sociales y culturales de un país. Por ello, no se debe desconocer el protagonismo de la sociedad toda, incluidos los familiares y usuarios como recurso terapéutico.

4º) Por último, una reivindicación democrática sentida por el conjunto de los trabajadores de la Salud Mental tiene fuerza de ley al decir que: “Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental.” Esta ley no pone en riesgo ni en cuestión las incumbencias sino las hegemonías. Un equipo interdisciplinario, no borra la especificidad, ni desresponsabiliza, suma aportes para intervenir desde una perspectiva integral.

Sin embargo, como venimos afirmando desde que se promulgo la Ley, no se puede cambiar un paradigma de atención en Salud Mental a partir de una Ley. Esto es lo que nos enseña la experiencia que realizó Franco Basaglia en Italia, donde no solo se cierran los manicomios (actualmente no hay manicomios en Italia) sino se inicia un proceso de desinstitucionalización. Es decir, de crítica práctica a los manicomios –y no es solamente manicomios– sino también a todos los servicios que atienden el padecimiento subjetivo. Esto implica que para cerrar los manicomios se debe iniciar un proceso de desinstitucionalización desde el cual se cambia el paradigma, la mirada que hay sobre la locura, sobre las necesidades de la gente; es decir, se cambian los criterios científicos e ideológicos de los profesionales en Salud Mental.

En todos estos años –tanto en los gobiernos K como en el macrismo– se mantuvo un poder en el campo de la Salud Mental sostenido en una alianza entre sectores del Estado, los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada, la burocracia sindical que manejan sus intereses en las obras sociales, el conjunto de las Asociaciones de Psiquiatras y las organizaciones médicas que se oponen a cualquier proyecto de transformación. Esto ha llevado a una psiquiatrización del campo de la Salud Mental donde el predominio de un neopositivismo médico pretende entender el padecimiento psíquico exclusivamente como un problema neuronal. Su resultado ha sido el avance de una contrarreforma psiquiátrica que lo único que le interesa es recetar psicofármacos. Aunque a veces se la disfrace de experiencia “progresista” porque a los pacientes se los medica en sus casas y los medicamentos los paga el Estado.

En esta perspectiva debemos entender el acta firmada entre las autoridades de CABA y la AMM que se denomina “Refuncionalización de los manicomios”. Allí se elude los aspectos más progresistas de la Ley de Salud Mental reafirmando la contrarreforma psiquiátrica.

Veamos.

1°) Se reduce el padecimiento subjetivo a estímulos neuronales donde el eje es la aplicación de medicamentos, la utilización de neuroimágenes y los tratamientos genéticos. Una novedad la medicina traslacional en la que se complementa la psiquiatría, la neurología y la neurobiología cognitiva.

2°) Ante el hecho de tener que cerrar los hospitales monovalentes (léase manicomios) se los transforma en supuestos “polivalentes” con práctica en psiquiatría, neurología y psicología cognitiva. Lo importante es dar cuenta del funcionamiento del cerebro que es donde se producen los síntomas psíquicos. De esta manera se deja de lado la subjetividad como una corposubjetividad que se constituye a partir de un entramado del espacio orgánico, psíquico y cultural.

3°) En estos hospitales “polivalentes” se siguen manteniendo las internaciones psiquiátricas. Aunque se mencionan dispositivos alternativos estos quedan en un lugar secundario, dada la perspectiva de los tratamientos que se sostiene.

Por todo lo que venimos afirmando debemos tener en cuenta que para oponerse al poder privado es necesario que el Estado sostenga la salud pública desarrollando una política universalista de seguridad social con la participación de equipos interdisciplinarios, los usuarios y los trabajadores que garanticen el derecho a la salud para el conjunto de la población. Para ello debe asignar un presupuesto adecuado para dar una cobertura de Salud a todos los ciudadanos independientemente de sus posibilidades económicas y que los profesionales cobren un sueldo acorde con la práctica que realizan. Este es un derecho que todo ciudadano tiene asignado por la Constitución Nacional. Si esto no se realiza, se pueden arreglar los manicomios, cerrarlos para hacer tratamientos ambulatorios. Pero mientras el poder lo tengan los monopolios privados la hegemonía neopositivista llevará a remplazar el encierro por los chalecos químicos.

Para finalizar creo necesario hacer un comentario. Aquéllos que pretenden separar las políticas nacionales e internacionales de los gobiernos de sus efectos en la vida de la población, apelando a una lucha que tenga en cuenta solamente los interesas sectoriales, es interesante transcribir lo que dice Slavoj Zizek:

A fines de 2008, investigadores de Cambridge y Yale que analizaban las tendencias en la epidemia de tuberculosis en las últimas décadas en Europa del Este dieron a conocer su resultado: tras analizar datos de más de 20 países, establecieron una clara correlación entre los préstamos de FMI a esos países y el aumento de los casos de tuberculosis.

Cuando los préstamos se interrumpieron, la epidemia de tuberculosis volvió a reducirse. La explicación es simple: la condición para el otorgamiento de los créditos es que el Estado imponga una ‘disciplina financiera’ (reducir el gasto público), y la primera víctima de esas medidas destinadas a establecer la ‘la salud financiera’ es la propia salud pública.

Un ejemplo en nuestro país lo tenemos en 1959 cuando Alsogaray solicita el primer préstamo al FMI y dice la famosa frase “Hay que pasar el invierno”. Ese año, según las estadísticas, se produce la mayor cantidad de muertes en los manicomios nacionales por falta de presupuesto y el consecuente abandono de los pacientes.

En este sentido se debe llevar adelante una lucha teórico clínica para enfrentar las perspectivas de la biología psiquiátrica. Desde allí generar un debate por un plan racional y científico en el campo de la Salud Mental. Pero esto no es suficiente sin una lucha política en la cual se enfrente a los poderosos intereses que se juegan.