Editorial. Un año buscando avanzar contra las libertades democráticas

Mauricio Macri, tiempo antes de ser presidente, anticipaba cuál sería su política: “hay que terminar con el curro de los derechos humanos”, decía. No se trata precisamente de un personaje que pueda hablar con alguna autoridad de “curros”, menos luego de la aparición pública de sus cuentas off shore en Panamá. Pero no quedan dudas de que el objetivo de su gobierno fue y es intentar imponer, entre otras cosas, la reconciliación con los genocidas y la teoría de los dos demonios, buscando avanzar sobre elementales libertades democráticas, profundizar las políticas represivas y la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad.

La coronación de un discurso provocador que niega la profundidad del genocidio se dio cuando el gobierno modificó el ya polémico feriado del 24 de marzo instaurado por el kirchnerismo para que sea desde ahora un “fin de semana largo”, banalizando al extremo esta fecha de lucha.

Esta ubicación significa un cambio respecto del kirchnerismo, que había acusado recibo de la relación de fuerzas heredada de 2001, y tomado como propias las banderas de lucha de los organismos de DDHH, familiares de desaparecidos y sobrevivientes (como la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final), para lograr que un sector de estos organismos pasaran abiertamente a la defensa de las políticas estatales, y así esconder y evitar toda crítica a graves hechos de los últimos doce años: la designación del genocida Milani al frente del Ejército, la sanción de la ley antiterrorista, el espionaje a las organizaciones obreras y sociales a través del Proyecto X; el encubrimiento por parte de funcionarios en la desaparición de Julio López; la persecución y criminalización de la protesta (más de 4 mil procesados por luchar) y represiones brutales encabezadas por Berni y la Gendarmería.

CEOs y dictadura

El personal político del gobierno tiene un enorme componente de CEOs, cerca de un tercio de los funcionarios, de importantes empresas. Eso plantea que, sin mediaciones, los intereses para los que gobierno son directamente los de las patronales.

Digamos además que, con Macri a la cabeza, existen relaciones intrínsecas con la pasada dictadura y la burguesía que la impulsó. El primer dato que surge es que el propio Grupo Macri fue unos de los grandes beneficiarios: no es un dato menor que hayan pasado de 7 a 47 empresas.

Existe un importante arco de funcionarios que han avalado o fueron parte de la dictadura, como hemos desarrollado acá. No olvidemos por ejemplo que Marcos Peña, el jefe de gabinete, y su primo Miguel Braun, secretario de Comercio de la Nación son parte de una familia de patrones que se apropiaron a fuerza de exterminio y masacre, de la mitad de la Patagonia, además de miembros de la Sociedad Rural Argentina. Los Braun son dueños también en la actualidad supermercados La Anónima, que cuenta con 159 sucursales en 80 ciudades del país.

Discurso de reconciliación y “dos demonios”

El año 2016 comenzaba, en lo que refiere a políticas de derechos humanos, con una provocadora reunión de Avruj con familiares de genocidas en la ESMA, donde funcionan dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos que él dirige.

Paralelamente, la ofensiva que desde editoriales del diario La Nación se desplegaba buscando imponer la idea de poner fin a los juicios contra los genocidas, era replicada, primero por Lopérfido, que debió renunciar por el repudio que generó, y luego por el propio presidente Macri que negó públicamente la dimensión del genocidio, desconociendo a los 30.000 desaparecidos y reflotando el perimido concepto de “guerra sucia”.

El gobierno viene ensayando un discurso pero no ha podido profundizar una política de reconciliación abierta con los milicos de la dictadura. El macrismo es todo lo reaccionario que la relación de fuerzas se lo permite, por lo que no resulta tarea sencilla derribar las banderas de juicio y castigo los genocidas militares y civiles, contra el olvido y la reconciliación. Sigue teniendo frene a sí la movilización y el amplio repudio a esas políticas.

La justicia toma nota de los nuevos aires y también de esas relación de fuerzas establecida. Se han otorgado en un año cerca de 50 beneficios de prisión domiciliaria para represores condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, cuando pretendió que a Etchecolatz le fuera otorgado ese beneficio, no pudo hacerlo efectivo gracias a la lucha de familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos que nos movilizamos para impedirlo.

Sin embargo, recordemos que el otorgamiento de domiciliarias fue política también del kirchnerismo. Las cifras que brinda el Ministerio Publico Fiscal indican que el promedio de represores procesados y condenados con domiciliaria es del 40% y julio de 2016 entramos unos 462 represores gozando del beneficio.

Fueros de clase

Myriam Bregman, siendo diputada nacional del PTS en el FIT, recibió una carta intimidatoria del Carlos Blaquier y la empresa azucarera Ledesma. Allí le reclamaban que cese sus referencias a la vinculación del empresario con el genocidio. A su manera, decía “con nosotros no te metas”.

“En la Argentina no solo hay fueros parlamentarios sino que también hay fueros de clase; porque hay empresarios como Blaquier de Ledesma que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes”, denució Bregman, y Carlos Pedro Blaquier se despacha con una esquela de tres páginas en las que pretende demostrar que no es uno de los principales responsables del tristemente famoso Apagón de Ledesma.

No sólo es Blaquier quien detenta estos fueros: centenares de empresarios siguen impunes.

Asesinatos, cárcel, espionaje y militarización

En Jujuy el frente entre la UCR y el Frente Renovador (Morales/Haquim), inauguraron su mandado encarcelando a Milagro Sala, en represalia por por el acampe frente a la gobernación de Jujuy que realizaba la organización Tupac Amaru. Al día de hoy sigue presa y su detención se ha convertido en un escándalo internacional. Esto fue el puntapié de una profundización de políticas represivas y persecutorias que el gobierno de Cristina Fernández ya venía llevando a cabo de la mano de su ministro Sergio Berni. El gobierno apenas asumido, acordó, no sin contradicciones, con la mayoría de los gobernadores, el Protocolo Represivo. La relación de fuerzas y el amplio repudio no le permitió aplicarlo como hubieran querido, mostrar el orden y evitar toda protesta social. Por estos días, editorialistas de Clarín como Ricardo Roa vuelven a hacer encendidos llamados a la represión: “El gobierno abandonó penosamente su promesa de controlar el espacio público y hacer respetar la ley”, dice. Y agrega: “Desde febrero hay un protocolo antipiquetes que por ahora es un nuevo relato”.

Sin embargo estos doce meses no estuvieron exento de durísimas represiones: a los trabajadores de Cresta Roja, dirigida por Patricia Bulrich, a niños y niñas de la murga en la villa 1 11 14, a choferes en la Plata, a los obreros del Ingenio Ledesma entre otros.

En Jujuy, como hemos dicho, la prisión a Milagro Sala fue el puntapié para una avanzada contra el conjunto de los luchadores. Así lo denunciamos durante las jornadas del 9 y 10 de septiembre en las que el CEPRODH junto a un arco enorme de organismos como el CELS, la Liga, la APDH, y diputadas como Myriam Bregman, Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria), Josefina Gonzalez (FPV) entre otros. Recibimos decenas de denuncias de trabajadores, integrantes de comunidad originarias, familiares de Milagro Sala, familiares de víctimas de gatillo fácil que expresaron la terrible situación de hostigamiento que se vive en la provincia gobernada por Morales y Haquim.

Y otra vez el espionaje: el macrismo armó su propio Proyecto X y mediante la Gendarmería realizó actividades ilegales de espionaje y persecución contra organismos de derechos humanos como el CeProDH y organizaciones sociales y políticas.

El asesinato de Nelson Cardoso en el penal de Gorriti en la capital jujeña, que las autoridades pretendieron hacer pasar por un suicidio, es el último hecho gravísimo que se agrega a la escalada contra todo el arco opositor en Jujuy. Esto desató un intento de motín en protesta por la muerte de Cardozo y contra las condiciones infrahumanas del penal que funcionó como Centro Clandestino de Detención y que se sigue rigiendo por leyes del Servicio Penitenciario de la última dictadura.

Han llegado al extremo de negar la entrada a los organismos de derechos humanos al penal para ver la situación del los detenidos, quitado todo tipo de garantías.

Por otro lado, en Salta están detenidos desde septiembre once choferes de la UTA por haberse manifestado, acusados de cargos graves como secuestro coactivo, daños y robo en banda. Una causa armada para aleccionar a los trabajadores que cuestionaban la inacción de sindicato frente a despidos, persecución a delegados y activistas.

A nivel nacional, de la mano de las políticas represivas a los sectores que luchan, la militarización de los barrios como forma extrema de control sociales combinó con el envalentonamiento de las fuerzas de seguridad que protagonizaron graves episodios como los sufridos por miembros de la Garganta Poderosa, y un aumento exponencial de las detenciones arbitrarias. El último informe de CORREPI es contundente: si durante los gobiernos kirchneristas la brutal cifra de muertos a manos de las fuerzas de seguridad fue de una muerte cada 28 hs, sólo durante este año de gobierno de Macri el se produjo una muerte cada 25hs.

Profundizar la lucha

El ajuste que el gobierno viene descargando contra los trabajadores y sectores populares, como se viene demostrando, va a intentar ser aplicado con más represión y ataques. La situación brutalmente represiva que se vive en Jujuy es un laboratorio de lo que quisieran imponer en todo el país. Para eso también pretenden reconciliarnos con las las Fuerzas Armadas y de Seguridad. No vamos a permitirlo y para eso debemos prepararnos, con organización, en las calles, profundizando las acciones de lucha y la denuncia y manteniendo la independencia política del estado.