Los educadores del Centro de Orientación y Acogida (COA) cumplen un año de huelga indefinida. Vienen denunciando su precaria situación laboral y como el modelo de externalización del sector social sirve para que las empresas hagan negocio con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Nerea Frejlich Zaragoza | @NFrejlich
Jueves 12 de noviembre de 2015
Fotograma del video del Señor Conejo Rosa
En una reciente rueda de prensa realizada en las Cortes de Aragón, en la que estuvieron acompañados por el diputado de Podemos Pablo Echenique y la diputada de IU Patricia Luquin, el colectivo “Educadores en lucha” explicó su situación y sus exigencias a un año de haber iniciado su huelga indefinida.
En el 2014 los educadores del COA se pusieron en pie de guerra y decidieron convocar una huelga contra los recortes deliberados que se estaban realizando en sus condiciones laborales, en el número de profesionales que atiende a los menores y contra la afectación directa que estas medidas tienen en el importante servicio que prestan.
Ellos trabajan con menores que sufren maltrato, abandono y desamparo. Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que en todo este año han seguido atendidos por los mismos educadores en huelga, que han tratado así de que la lucha no les afectara.
Por contra, en todo este tiempo las empresas adjudicatarias del servicio y el Gobierno de Aragón no han movido ni un dedo. Una muestra de lo que les importan los menores en riesgo de exclusión social. Y lo que es peor, el nuevo gobierno socialista de la comunidad ha decidido dar una vuelta de tuerca más sobre los trabajadores y los menores.
Éste adjudicó a INTRESS la gestion del COA con un pliego de condiciones que empeora aún más las condiciones laborales y el servicio prestado. La “sensibilidad” social del nuevo ejecutivo autonómico se vio reflejada en que la adjudicación del COA de Zaragoza recayó en la empresa Intress, por el “mérito” de ofrecer un presupuesto inferior al mínimo exigido por la ley para poder llevar adelante este importante servicio.
Este pliego de condiciones no solo afecta a los trabajadores del COA, sino a todos los centros de protección de menores de la comunidad. En el mismo los trabajadores denuncian que no se recoge sus condiciones laborales actuales, sino el convenio mínimo. Algo que implicará una nueva rebaja de condiciones en un sector en el que ya existe un amplio descontento por la precariedad laboral, la contratación con categorías laborales que no corresponden y las consecuentes diferencias salariales entre profesionales que realizan el mismo trabajo, entre otros abusos.
La plantilla del COA considera que esta política tiene graves consecuencias sociales. Sus exigencias no solo se limitan a pedir que se cubran el mínimo legal del servicio, sino que denuncia que no es legal que se determine “a riesgo y ventura de la empresa” la gestión de los menores y que los criterios seguidos para la adjudicación son puramente mercantiles, no criterios sociales. Consideran que esta situación es denigrante no solo por las condiciones laborales de los trabajadores, sino, y lo que es más importante, porque es indigno y peligroso para los niños y niñas en protección.
En palabras de uno de ellos, Javier Itxaso, “estas condiciones son fruto de una decisión política, y son decisiones políticas las que pueden dar solución a este conflicto”. Los trabajadores exigen mejoras reales y no declaraciones de buenas intenciones. Pero la situación actual es, por el momento, que la empresa Itress se niega a negociar con los educadores, porque exige como condición inicial para reunirse el fin de la huelga. Algo inaceptable para la plantilla, que solo dará fin al conflicto cuando haya mejoras reales en los servicios.
Tampoco el gobierno de Aragón ha acudido a las diferentes citas con en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Hasta el momento los trabajadores solo han conseguido reunirse informalmente con Luisa Broto, la consejera de derechos sociales del Ayuntamiento, de Zaragoza en Común, que condiciona la solución a que los trabajadores por su cuenta lleguen a una negociación con la empresa.
Tras un años de huelga, y viendo que no se vislumbra una posible solución, los trabajadores están haciendo una campaña para exigir al presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, que se implementen inmediatamente las mejoras necesarias sin esperar a ninguna otra circunstancia.
Durante todo este año los educadores del COA han llevado adelante infinidad de protestas en la calle, han buscado el apoyo de partidos políticos como Podemos e IU, incluso han logrado que se presentara una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para la apertura de una proceso de negociación para resolver el conflicto laboral abierto, garantizar la correcta atención de los menores y lograr las acciones necesarias de mejora.
Aprovechando el aniversario del inicio de la huelga han elaborado un original vídeo protesta que se ha viralizado en las redes sociales. En él aparecen disfrazados de conejo rosa explicando los motivos de su huelga y terminan diciendo que “La explotación laboral no es divertida. No es graciosa. El maltrato a los menores no tiene jodida gracia. Aunque te lo cuente un conejo rosa”. El cierre es una exigencia directa al presidente aragonés: “Señor Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Los Niñ@s no se venden. Los Niñ@s se defienden”.
Una campaña impactante y contundente que ha servido para lograr difundir más su conflicto, que ha llegado a llamar la atención de los medios de comunicación. Pepa Bueno dedicó recientemente un espacio al aniversario de la huelga en su popular programa de radio “Hoy por hoy” y también el programa “Las mañanas “de Cuatro se hizo eco del conflicto.
El conflicto con el Gobierno de Lambán e Intress continúa abierto. Esperamos que la huelga y la lucha logren ganar en fuerza y repercusión. En estos días ha lanzado una campaña de apoyo bajo el título de #conejoenlucha en la que animan a enviar fotos en solidaridad con sus reivindicaciones disfrazados de conejo rosa.
En la lucha de estos educadores se están peleando muchas cosas, todas importantes. Por un lado contra la precariedad laboral que reina en todo el sector social y que, como denunciaba recientemente el compañero Marc Ferro, en un reciente artículo lleva a que muchos trabajadores del sector acaben siendo usuarios de los mismos servicios sociales. Por el otro, es un ejemplo de la lucha por la dignidad de uno de los eslabones más débiles de la sociedad, los menores en protección, que no importan a las instituciones y son objeto de negocio para muchas empresas sin escrúpulos.
