Joan Coma, concejal de Vic, será investigado por apoyar la declaración de desconexión con el Estado español. La ofensiva españolista sigue su curso.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Viernes 25 de marzo de 2016
Foto: EFE
El joven concejal de la CUP ha declarado que el pasado miércoles recibió una notificación que anunciaba que será investigado por la Audiencia Nacional.
Ismael Moreno, juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, aceptó la semana pasada un informe del fiscal Vicente González en el que pedía la solicitud de declaración en calidad de investigado por las declaraciones de apoyo a la independencia de Catalunya realizadas por Joan Coma. El concejal cupaire será investigado, según el informe fiscal, por referencias directas a la comisión de actos contra la legalidad vigente.
La petición del fiscal y la aceptación por parte del juez Moreno se apoyan en las palabras del propio Coma del pasado 9 de diciembre. En ellas, el concejal defendió la declaración de desconexión con el Estado español aprobada por los diputados de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament de Catalunya el 9 de noviembre.
El informe del fiscal sostiene que Joan Coma atentó contra la legalidad apoyando públicamente la resolución del 9 de noviembre y abogando por la desobediencia al Tribunal Constitucional. Y desgrana algunas delcaraciones del concejal señalando que “dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las del TC” o que la desobediencia “hace tiempo que la reclamamos. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos”.
Resulta relevante también, que el juez Moreno, sea el único instructor que mantiene investigaciones abiertas contra los ayuntamientos, en este caso Girona y Deltebre -Tarragona-, tras la aprobación de la resolución de ruptura del 9N.
En unas declaraciones recientes Coma ha manifestado que “en un primer momento me quedé sorprendido, porque parece algo de otra época, acusar a un cargo electo de incitación a la sedición. Después, pensándolo más, ya no me sorprendió tanto, en el sentido que es normal que desde las instituciones estatales españolas se empiece una campaña del miedo para intentar parar el proceso independentista”.
Sin duda, el proceso de investigación al que está sometido el concejal de la CUP en Vic, es un paso más en la ofensiva españolista contra las aspiraciones independentistas de miles y miles de catalanes, y un elemento que confirma la escala contra las libertades y derechos democráticos más elementales llevada adelante por el Gobierno central y gran parte de la judicatura.
Las instituciones y el Gobierno central -actualmente en funciones- no van a poner límites en cuanto a tratar de desbaratar cualquier paso dado por el bloque soberanista, tal y como se hizo con la misma declaración del 9N por parted el PP, y con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Han declarado una lucha sin cuartel, en la que el ejecutivo español estaría dispuesto incluso, como han señalado en difenretes ocasiones, a iniciar acciones que podrían acabar con la suspensión de la propia autonomía de Cataluña, por medio la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Por su parte, la CUP ha exigido al Conseller de Interior catalán, Jordi Jané, que ordene a los Mossos d’Esquadra -policía autonómica de Catalunya- que “dejen de obedecer los requerimientos que les lleguen por parte de la Audiencia Nacional”.
Algo muy lejos del respeto a la legalidad vigente en el que se siguen moviendo en los hechos CDC y JxSí, más allá de declaraciones que en palabras parecen sostener lo contrario. Y es que como dice la “letra pequeña” -su último punto- de la declaración de desconexión del pasado 9 de noviembre, todo el proceso se debe supeditar a lograr un acuerdo con el Estado español que lo termine avalando.
