Finalmente, luego de idas y vueltas y amenazas de parte de la corporación médica y las empresas de salud, se conoció en estos días un proyecto de decreto que reglamentaría la ley de Salud Mental. El proyecto, que es en los hechos una contrarreforma, no tardó en suscitar críticas desde los más amplios sectores.
Pablo Minini @MininiPablo
Miércoles 15 de noviembre de 2017 11:49
Desde este mismo espacio venimos dando cuenta del avance que significó la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657. La concepción de la salud mental como un entramado en el que intervienen factores sociales, culturales, económicos, históricos y biológicos; la propuesta de interdisciplina e intersectorialidad, donde cada actor profesional e incluso los pacientes y la comunidad pueden ser parte activa de los tratamientos; la concepción de los usuarios de salud mental como sujetos de derechos; el fin de los manicomios, son algunos de los puntos valiosos de dicha ley.
Sin embargo, también hemos criticado algunos aspectos cuya eclosión nos arrojan la situación que hoy se nos presenta.
Te puede interesar: Nubes negras sobre Salud Mental
¿En qué consiste el proyecto de decreto del macrismo?
• Reinstala el manicomio, ahora con el elegante nombre de Hospital Especializado en Psiquiatría y Salud Mental. La ley de Salud Mental estipulaba el fin de los institutos monovalentes y ordenaba su adecuación, sin perjuicio ni de los pacientes ni de los trabajadores, de quienes se defendía la fuente de trabajo, pues estipulaba que no podían ser despedidos. Junto con lo trascendido en 2016 en CABA, acerca de la reconversión de los grandes manicomios (Borda, Moyano, Alvear) como hospitales de investigación en neurociencias, esta propuesta de hospitales especializados revive la perspectiva manicomial monovalente. Vamos, que ya desde el mismo nombre plantea que la salud mental es cuestión y tema exclusivo de los psiquiatras. Nada de interdisciplina y intersectorialidad. Lo que nos lleva al siguiente punto.
• Se modifica la concepción de salud mental, la que por decreto vuelve a entenderse desde una mirada exclusivamente médica. De hecho, la elaboración de diagnósticos se hace en función del CIE 10, el manual europeo primo hermano del DSM, ambos elaborados según criterios médicos. ¿El antecedente ideológico? El discurso médico hegemónico. ¿El antecedente legal? La ley DEA, impulsada por María Laura Leguizamón, senadora por el FpV, que entiende a la dislexia y los trastornos del aprendizaje como enfermedades de causa exclusivamente biológica.
• La reinstalación del modelo tutelar, es decir, que alguien puede ser internado contra su voluntad si es probada su peligrosidad para sí o para terceros. La ley 26657 estipulaba que la voluntad del paciente y la comunidad debía ser escuchada.
• El órgano de revisión del cumplimiento de la ley queda bajo potestad del Ministerio de Salud. ¿Se entiende la jugada? El mismo ministerio designa quién controla su accionar. Sin contar con que en dicho órgano y según el decreto macrista, hay mayoría de integrantes médicos por sobre otras disciplinas y por sobre las asociaciones de familiares y pacientes. De esta forma usuarios y trabajadores de salud mental quedan por fuera del órgano de revisión.
• Se permite lo que viene sucediendo de hecho: aumentos de los coseguros y mayor injerencia del sector privado en los dispositivos alternativos a la internación como son las casas de medio camino.
A las claras, este decreto es sumamente reaccionario. Hace retroceder los derechos alcanzados por los usuarios y trabajadores de salud mental a la situación anterior a la ley, siendo que la misma fue confeccionada luego de debates democráticos.
Le ley de Salud Mental, con todo lo progresivo que tuvo, no se decidió a enfrentar claramente al sector privado ni a las corporaciones profesionales. Por lo que grupos como Médicos Municipales, dirigidos por el Dr. José Gilardi, amigo del ex ministro Lemus, o grupos representados por el psiquiatra Andrew Blake, alto funcionario macrista, hicieran lobby desembozadamente contra la ley y tuvieran el tupé de pronunciarse en contra de ella. Blake llegó a asegurar ante nutridas concurrencias de psiquiatras que él estaba en contra de la ley, siendo director de Salud Mental a nivel nacional.
Te puede interesar: Empresas de Salud Mental: una pequeña ayudita del amigo Lemus
Por lo demás, el actual embate no puede sorprender a nadie. Estos grupos corporativos y empresariales vienen anunciando su postura y su decisión de dar por tierra con la ley desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, envalentonados por los vientos electoralmente favorables. Vientos que recibieron mayor impulso el 22 de octubre pasado.
En estas últimas semanas nos hemos encontrado con un renovado impulso al plan privatizador de la salud pública a través de la Cobertura Universal de Salud y con una reaccionaria contrarreforma laboral. Antes, incluso, la ley de ART, que deja librada a su suerte la salud de los trabajadores expuestos a los criminales accidentes laborales. Proyectos caros al gobierno y las patronales que pretenden doblegar y disciplinar a los trabajadores. En consonancia con esto, este proyecto de decreto reglamentario sumamente regresivo no sólo lesiona ideológicamente la concepción de salud mental, sino que completa el ataque al pueblo trabajador desde el costado de la salud. Recordemos que la salud mental es la rama de salud donde menos réditos pueden encontrar las empresas. Por lo que una interpretación biológica y manicomial de los padecimientos mentales habilita el negocio de los laboratorios y los servicios carcelarios de reclusión.
Una verdadera respuesta a esta reforma implicará la defensa de la salud toda dentro de un sistema público, de calidad y único, que enfrente decididamente la especulación privada. Un sistema que incluya la producción pública de medicamentos.
Una respuesta que enfrente el embate patronal sólo puede tener aspiración a triunfar si convoca a los usuarios de salud mental, pero también a los trabajadores y las trabajadoras de ese sistema, así como a todos los sectores decididos a luchar contra el corporativismo y las ganancias empresarias que lucran con el padecimiento.
ATE, CICOP (de la CTA) y los gremios de la CGT, deben ponerse a la cabeza de ello, convocar asambleas en todos los hospitales y centros de salud, votando un plan de lucha provincial y nacional hasta derribar este decreto y frenar la reforma laboral de conjunto. Ya hay sectores que comienzan a organizarse y convocar medidas de lucha, sigamos su ejemplo. Los trabajadores y las trabajadoras, movilizados y organizados con el conjunto de los sectores en lucha, serán los únicos que podrán resistir y frenar el paquete de medidas.
