La pandemia develó que el sistema de salud público está en decadencia y que las y los trabajadores lo sostenemos con nulos derechos laborales, agotamiento, trabajo en riesgo y, encima, acusaciones de funcionarios que terminan en detenciones ilegales y total desamparo por ser precarizadas.
Miércoles 9 de diciembre de 2020
El reporte emitido por la Secretaría de Salud hasta el día de hoy registró 1,205,229 casos confirmados por Covid-19 y 111,655 defunciones en todo el país.
La lucha en la primera línea del coronavirus ha sido sostenida durante estos 9 meses, con largas y exhaustivas jornadas laborales, por las y los trabajadores del sector salud (de composición mayoritariamente femenina), a pesar del desabasto en medicamentos, la falta de camas con ventiladores, equipo de protección, así como de la ausencia de medidas urgentes para estar más protegidos contra la posibilidad de contagios.
Las médicas y médicos, así como el personal sanitaro, nos hemos mantenido día a día enfrentando la alarmante sobre-ocupación hospitalaria y ahora, además, debemos cuidarnos de no ser detenidos ilegalmente por la acusación de homicidio de pacientes en estado de gravedad por SARS-CoV-2, interpuestas por familiares que, como en este caso, ocupan cargos públicos o son parte de la élite empresarial.
Tal es el caso de nuestra compañera médica, Azucena Guadalupe Calvillo, quien labora en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Durango y fue detenida ilegalmente el 7 de diciembre tras ser acusada por Velia Patricia Silva Delfín, -ex delegada del IMSS de Durango y actual delegada de la misma institución del gobierno federal en el Estado de Tamaulipas-, por el “intento de homicidio” de su hermano, el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Héctor Emmanuel Silva Delfín.
Dicho funcionario, actualmente se encuentra estable y fue traslado, desde el domingo, y bajo la custodia de la Guardia Nacional, a un Hospital de la Secretaría de Marina con sede en Mazatlán, sin embargo, la médica enfrento violaciones a sus derechos humanos laborales con la detención arbitraria y acusaciones que hasta el momento no han sido demostradas.
Azucena, fue liberada en la madrugada del penal Cerezo de Durango ante la presión ejercida por el gremio médico de dicho estado quiénes, decididamente, bloquearon el Blvd. Fco. Villa, frente a la Fiscalía estatal, dado que el IMSS, además de negarle el apoyo jurídico por estar contratada bajo la nómina 08 (sin basificación), presentó también la denuncia y aporto elementos para su detención.
La detención ilegal de Azucena Calvillo tuvo severas irregularidades, en primer lugar, porque nadie avisó a sus familiares, ni le permitieron hacer su declaración en presencia de un abogado. Ante esto, su esposo debió presentar una denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Durango, y las autoridades cómplices del mal accionar jurídico, no le informaron que se encontraba detenida e incomunicada en esas mismas instalaciones.
Justicia para Azucena Calvillo
Lo que enfrenta Azucena no es un hecho aislado, recordemos el caso del médico Chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), quien fue acusado de abuso de autoridad por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de Miguel Arturo Ramírez López, ex dirigente del Partido Mover a Chiapas, fallecido por COVID-19 en el mes de julio, quien, actualmente, enfrenta un juicio en resguardo domiciliario por motivos de salud.
O bien, el caso del médico Luis Alberto Pérez Méndez, traumatólogo pediatra, acusado de homicidio doloso por negliegencia médica en el año 2008, a quien responsabilizaron de un dolo médico sin tomar en cuenta que el Hospital no contaba con los recursos suficientes para brindar atención y, al sugerir traslado a otro hospital, para salvar la vida del paciente, los familiares se opusieron generando su fallecimiento.
Estos ejemplos, muestran que la solidaridad de las y los trabajadores ha permitido que se encuentren en una relativa libertad, pero sin ser exonerados, lo que implica que, posiblemente, no puedan volver a ejercer y sus vidas profesionales queden truncadas.
No es posible que, en este caso, la acusadora Velia Patricia Silva Delfín, quien está denunciada de corrupción, abuso de poder y falta de probidad, se encuentre en libertad mediante un amparo, y continúe ejerciendo sus facultades como funcionaria pública, mientras las y los trabajadores de la salud que estamos sobreviviendo al COVID tenemos que enfrentar procesos ilegales bajo falsas acusaciones de estos mismo persojanes.
No vamos a permitir que arruinen nuestras carreras para justificar la colusión entre altos funcionarios y el ejército, ni para privilegiar la atención medica de altos funcionarios en hospitales militares mientras se les niega atención y recursos a miles de trabajadores.
Es infame que, mientras presuman de un aumento al presupuesto 2021 al sector salud, en realidad utilicen el agregado del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos (FPGC). Nuestras vidas valen más que las jugosas ganancias empresariales que hoy nos tienen en un repunte del virus, sin derecho a una efectiva cuarentena con licencias al 100 % para trabajadores formales e informales. Por ello, seguimos exigiendo un real aumento emergente al presupuesto del sector salud sobre la base del no pago de la deuda externa.
Hoy queremos que el gobierno federal junto a los gobiernos estatales y municipales, así como las direcciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), demás sindicatos y autoridades del sector salud, sepan que no necesitamos de aplausos y reconocimientos simbólicos, que nuestra labor es humana pues nos debemos al pueblo trabajador, pero no seguiremos exponiendo nuestras vidas con miserables salarios, jornadas exhaustivas y criminalización del acto médico.
¡Ya basta!
Exigimos plenos derechos laborales, centralización del sector salud en manos del Estado y con control de las y los trabajadores y la comunidad, para que todos los recursos disponibles, públicos y privados, estén en función, realmente, de combatir la pandemia
Exigimos la exoneración de nuestra compañera médica Azucena Calvillo
¡Un día eres heroína y al siguiente una criminal!
*Ivana Santucho es Médica Residente en la Ciudad de México.
