El juicio concluyó ayer y por unanimidad el tribunal resolvió absolver a Ricardo Puenzo, único acusado del crimen. Este viernes habrá una concentración ante un nuevo caso que termina en la impunidad.
Jueves 10 de junio de 2021 16:45
Alejandra “La Power” Benítez, de 34 años, fue asesinada alrededor de las 9 de la mañana el 5 de noviembre del 2020, en la vereda de calles Ayacucho y Roca de la capital tucumana. Ayer concluyó el juicio donde Ricardo Puenzo estaba acusado del crimen, con un pedido de cadena perpetua por parte de la familia de la joven trans y la fiscalía. Finalmente, el tribunal integrado por por María Balcazar (presidenta), Rafael Marorito e Isabel Menéndez absolvió a Puenzo. Ante el fallo, este viernes a las 10, familiares, amigos y compañeras de Alejandra junto a organizaciones LGBT y políticas concentrarán en Tribunales de calle Sarmiento para reclamar justicia.
El único testigo, sobre quien la fiscalía había descansado las pruebas suficientes que ubicarían a Puenzo, no solo en el lugar del hecho, sino como autor material del crimen, según testimonios previos que brindó a la fiscalía, era Diego Ramos Mercado (quien fue herido en el episodio). Sin embargo, durante el juicio su testimonio cambió y sostuvo que cuando recibió los disparos estaba de espaldas y no podía asegurar quien había disparado. Por esto, el tribunal dio lugar al pedido de la fiscalía para que se investigue a Mercado por falso testimonio.
Según los jueces, de esta manera no pudieron sostener la acusación sobre Puenzo, como ejecutor de los seis disparos que hirieron a Alejandra. Los magistrados señalaron la responsabilidad del fiscal de homicidios, Carlos Sale, y a la Policía por haber seguido sólo una línea de investigación y por haber descartado otras líneas, como la ex pareja de Benítez, y elementos que se encontraron en la escena del crimen y no fueron periciados.
La provocación del tribunal se consuma con una de las resoluciones que fue dar requerimiento de mayor presencia policial en la zona. Justamente lo contrario al reclamo de la comunidad trans, que denuncia constantemente los atropellos y oprobios que sufren por parte de las fuerzas de seguridad.
Mientras en la Legislatura, jaldistas y manzuristas cerraron filas para proteger al juez Francisco Pisa y obstaculizan los múltiples pedidos de juicio político que tiene por su responsabilidad en el femicidio de Paola Tacacho, le están dando un claro mensaje de aval a la justicia para que perpetúe la impunidad y continúe dándole la espalda a las mujeres y las disidencias. Y las consecuencias son estas. Otra de las resoluciones fue instar a la municipalidad capitalina a colocar un “banco rojo” en el lugar del transfemicidio.
Queda demostrado que no hay ninguna reforma judicial de tinte feminista que vaya a ser suficiente para revertir la misoginia de un puñado de jueces y funcionarios rodeados de todo tipo de privilegios y nombrados a dedo.
Se debe seguir luchando, por la implementación efectiva del cupo laboral que se aprobó tanto en la Legislatura como en el Concejo Deliberante, ya que las leyes conquistadas hasta el momento como la de identidad de género y el matrimonio igualitario, aún no garantizan aún la igualdad ante la vida.
