LID CHILE OPINA. Un gobierno incapaz de conseguir sus objetivos

La Nueva Mayoría se formó con un objetivo claro: lograr canalizar la “calle” para recomponer la gobernabilidad y relegitimar el régimen político mediante un programa de reformas. Se trata de la respuesta del sector “progresista” de la casta política y empresarial, a la crisis del régimen que quedó al descubierto con las movilizaciones del 2011.

Para lograrlo, resultaba indispensable contar con un liderazgo como el de Bachelet (puesto que los partidos de la Concertación se encontraban profundamente deslegitimados y con una fuerte pérdida de sus raíces sociales), un programa de reformas que tratara de despojar las banderas de la calle y la incorporación del Partido Comunista al gobierno.

El primer año de gobierno fue decepcionante para muchos quienes aún depositaban sus ilusiones en Bachelet. Las reformas fueron cocinadas junto con los empresarios, y la Nueva Mayoría tuvo que moderar su programa cediendo a la presión de los grandes gremios patronales y la derecha. Durante el 2014, al tratar de conciliar lo irreconciliable, el gobierno no dejó contento a nadie: ni a los empresarios que se cerraban a cualquier cambio que tocara sus intereses, ni tampoco al movimiento estudiantil, a los profesores y trabajadores que esperaban reformas estructurales.

Pese a esto, el gobierno obtuvo ciertas conquistas. En primer lugar, logró retomar la iniciativa política que había sido perdida por los partidos del régimen luego del 2011. En segundo lugar, durante el año pasado logró pasivizar al movimiento estudiantil.
El actual escenario de crisis política y ascenso de las luchas sociales borraron de un plumazo las débiles conquistas del gobierno y pusieron en el tapete su contradicción central.

La crisis de legitimidad trasparenta las fuerzas en pugna

Los escándalos de corrupción significaron una bofetada al optimismo que reinaba en el oficialismo luego de que se cerrara el anterior año político. Las conquistas se esfumaron: el gobierno perdió la iniciativa política y el movimiento estudiantil, esta vez en conjunto con los profesores y otros sectores obreros, volvieron a llenar las calles.

La profunda crisis de legitimidad, que a esta altura ya constituye una verdadera crisis de hegemonía, logró transparentar las fuerzas en pugna. Por un lado, los empresarios actúan directamente a través de sus organizaciones como la CPC y la Sofofa, ejerciendo su poder económico. Lo han dicho sin tapujos: no invertimos por motivos políticos, o como dicen ellos, la incertidumbre del escenario político aleja a los inversionistas. Su objetivo no es todavía forzar un cambio de gobierno mediante la fuerza, sino que ejercer presión para anular la reforma educativa, laboral y constitucional.

Por otro lado, la calle vuelve a cobrar fuerza mediante un nuevo proceso de movilización ascendente. Son centralmente los profesores y los estudiantes los protagonistas, aunque se empiezan a sumar también otros sectores de trabajadores como los huelguistas del Transantiago, los portuarios, entre otros. La fuerza de las bases estudiantiles y docentes han empujado a sus dirigencias a ubicarse con un discurso más de izquierda y confrontacional al gobierno. Así, nadie puede obviar que el fantasma de la calle vuelve a mostrar su fuerza y a marcar la agenda de la coyuntura.

En otras palabras, es la lucha de clases la que se pone en el centro. Es la debilidad de las mediaciones políticas la que empieza a preocupar a la clase dominante.

Los estrechos márgenes de maniobra de los partidos del régimen

Frente a esta pugna, ¿cuál ha sido la decisión del gobierno? Todo indica que Bachelet ha optado por alivianar la tensión con los empresarios. Así lo demuestran las intervenciones de los ministros Burgos y Valdés en Icare, cuyos discursos estuvieron centrados en la “prudencia”, la preocupación por el crecimiento y en despejar las incertidumbres del llamado “proceso constituyente” (Burgos fue claro en que éste pasará por el Congreso y que no se tocará el derecho a la propiedad).

Los editorialistas celebraron esta nueva disposición. El Mercurio destacó que “refresca escuchar a autoridades que convocan a la búsqueda conjunta de soluciones, en lugar de limitarse a imponer fórmulas programáticas”. Sin embargo los empresarios quieren ir por más y tal como lo anunció Hermann von Mühlenbrock, están haciendo un “llamado al gobierno para crear en conjunto una agenda pro confianza".

Esta disposición contrasta con la que ha tenido el gobierno frente a los estudiantes y profesores, en donde incluso se han intensificado las amenazas de represión como lo ha hecho el Intendente Orrego contra los trabajadores del Transantiago. Sin embargo, la dinámica ascendente de las movilizaciones ha obligado al gobierno a pasar del “portazo” a formas de desvío del conflicto. Las dirigencias estudiantiles y docentes, sin llegar aún por desmovilizar con un “telefonazo”, sí empiezan a generar un clima que facilite la canalización de las movilizaciones, como se vio con el acuerdo CONES-MINEDUC.

Sin embargo, estas jugadas, aunque no es descartable aún que puedan en lo inmediato destensionar el ambiente, no resolverán las contradicciones estructurales del escenario político. Si el gobierno quiere conciliar los intereses irreconciliables de la calle y el empresariado, la inestabilidad política seguirá en el tapete. Si consolida su curso a la derecha, renuncia a cualquier tipo de contención de las movilizaciones.

Se trata de un escenario que permite la emergencia de una alternativa política propia de los trabajadores y los estudiantes, enraizada en sus luchas y demandas. Única salida favorable en el marco de la actual situación política.