Álex, de 70 años, llevaba más de tres décadas viviendo en Sabadell, Barcelona, con su pareja, quien además tiene graves problemas de movilidad y ahora se encuentra ingresada en un centro hospitalario. El pasado martes, después de confirmarse el desalojo, el hombre salió de su casa y se quitó la vida en un parque cercano.
Lunes 25 de marzo
La comitiva judicial encargada del desalojo llamó a los Mossos d’Esquadra y a los servicios sociales debido a que la mujer estaba en la cama, sin posibilidad de levantarse, mientras el hombre salía. La denuncia era contra su mujer, la titular del contrato, por lo que la policía no podía retener a Álex. El hombre, también por problemas de salud debido a su avanzada edad, se había quedado sin trabajo y, sin alternativa, no podía hacer frente al pago del alquiler.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell denuncia que no se le ofreció a la pareja una alternativa habitacional, mientras que el consistorio sabadellense se desentiende del caso alegando que desconocían la situación de vulnerabilidad de la pareja. Además, la PAHC apunta que este "asesinato por violencia clasista" se podría haber evitado. Lamentablemente, la crisis de la vivienda deja cada vez más víctimas, también mortales.
La historia de Álex y su mujer no es la única. Los suicidios, ataques de ansiedad o problemas de salud mental son, por desgracia, muy frecuentes entre las personas que se enfrentan a desahucios o inestabilidad habitacional. La barbarie capitalista también se cobra vidas a través de estas trágicas situaciones, donde ni siquiera una vivienda digna tenemos garantizada.
Solo en 2023 se produjeron una media de 71 desahucios al día, casi 27.000 en total. Además, los casos de personas víctimas de desalojos que acaban quitándose la vida tampoco son pocos. Recordamos un vecino del barrio de L’Hospitalet en noviembre de 2010 o el matrimonio de ancianos de febrero de 2013 en Mallorca, el mismo día que la PAH tramitaba en el Congreso la iniciativa legislativa contra los desahucios; el vecino de Cornellà de Llobregat en 2018, el caso de Segundo en junio de 2021 en Sants o Alberto en mayo de 2022 en el barrio barcelonés de Don Pastor. El caso de Blanca, la anciana desahuciada hace poco más de un mes por una deuda de 88 euros y vecina de barrio Gòtic, también demuestra cómo la crisis de la vivienda afecta a la clase trabajadora, echando a la calle a cientos cada día. Ante una desoladora situación así, en especial para las personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas, muchos acaban tomando la difícil decisión de quitarse la vida.
Como el reciente caso de Álex demuestra, en Catalunya la situación es especialmente preocupante. El año pasado, solo en la comunidad catalana se registraron más de 7.000 desahucios, casi un cuarto del número total estatal, a la vez que, según la Agència d’Habitatge de Catalunya, hay más de 30.000 viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Entre tanto, el gobierno de la Generalitat, ya sean ERC o en compañía de Junts, y el gobierno "progresista", primero con UP y ahora con Sumar, rescatan a la banca, los fondos buitres y los grandes tenedores mientras especulan con nuestro derecho a la vivienda.
Mientras los ayuntamiento, las comunidades autónomas y el gobierno "progresista" avanzan con los desahucios; la Ley de Vivienda solo es un lavado de cara a la crisis de la vivienda que solo beneficia a los grandes tenedores y a los fondos buitre porque no se han parado ni los desahucios ni las subidas desorbitadas de los alquileres. De hecho, el 85% de los alquileres en el Estado español excede el límite impuesto y en más de doce provincias los precios superan por más de 500€ el SMI.
La crisis de la vivienda, provocada por la especulación de los grandes tenedores, también está atravesada por el problema de una tasa de paro de casi el 12%, una subida del SMI por debajo de la inflación y una reforma laboral de Yolanda Díaz que, aunque intenten pintarla y repintarla de progresista, nada tiene que envidiar a la antigua del PP.
De la mano de los desahucios a familias trabajadores o centros sociales va también el aumento de la presencia policial y la represión al movimiento de vivienda para defender los intereses de los especuladores inmobiliarios. Así han sido los últimos casos de los desalojos de varios CSO en todo el Estado, desde Zaragoza hasta Barcelona o Madrid
En un país con 3,5 millones de pisos vacíos, nadie entiende que miles se queden todos los años en la calle o en situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional. Sin hogar y sin alternativa, muchos sucumben a la desesperación. Esto solo desenmascara la brutal barbarie capitalista que se cobra cada vez más miles de vidas de la clase trabajadora.
Antes quienes se atreven a decir que no hay nada que hacer o que la solución está en conformarnos con leyes insuficientes e ineficaces, necesitamos impulsar luchas desde abajo, de la clase trabajadora junto a las asambleas de inquilinos, los sindicatos de vivienda y todos los sectores oprimidos para pelear contra quienes especulan con nuestro derecho a tener una vivienda digna. Garantizar este derecho no es posible sin tocar los intereses de los grandes capitalistas y los políticos que los protegen, sino que debemos luchar por expropiar a todos los grandes tenedores y los fondos buitres para poner a servicio público todas las viviendas vacías bajo control obrero de vecinos y usuarios y condenar las desorbitadas hipotecas que esclavizan a las familias trabajadoras. Pero también debemos luchar por una subida de los salarios acorde al IPC, mejores condiciones de trabajo y mejores contratos y regular los precios de los productos de primera necesidad.
¡Ni casas sin gente, ni gente sin casas!
