Recortes de plazas, subida de precios en materiales escolares, menos pública y más concertada, y la pasividad de las direcciones sindicales: así se inicia el nuevo curso escolar en Madrid.
Martes 29 de agosto de 2023
Otro curso comienza y eso sólo puede significar una cosa. No, no es la idílica vuelta al colegio de los anuncios del Corte Inglés. Sí, es la desesperación de los padres y madres de la clase trabajadora para costear la educación de sus hijos, incluso si estos tuvieron la suerte de obtener plaza en la pública.
Empezando por lo básico: en dos años, el precio de por hijo ha aumentado un 14%. Hablamos de que supone un gasto básico de 450 euros de media para inicio de curso. En Madrid, el paraíso de la concertada y donde la educación es más cara, la educación cuesta al año 2.500 euros por hijo, si contamos con todos los gastos.
El grueso de esta cifra se esfuma con los libros de texto, pues no en balde España es el país de Europa donde más caros son este tipo de libros. Todo un abuso, y más si lo contextualizamos y tenemos en cuenta que las familias soportan los efectos de la inflación y una abusiva subida de precios en alimentación, luz, vivienda, etc.
Una salida habitual de las familias es recurrir al reciclado de libros de segunda mano. El problema es que con el cambio de ley los libros también cambian. Muchos profesores se han opuesto a este cambio en pos de las familias: la Lomloe es una ley muy imprecisa en cuanto a contenidos, de manera que los libros de textos son prácticamente iguales, con una ligera diferencia en su estructura y aderezada con algunos temas de feminismo, ecologismo y nuevas tecnologías que no suponen cambios significativos. Esto hace que todavía puedan recurrir a la compra de libros de segunda mano (mercado que se ha disparado un 166% en estos meses). Sin embargo, hay que tener en cuenta que este aumento era previo a que las editoriales contrastasen sus contenidos y lanzasen la versión definitiva de libros de texto, por lo que es posible que muchas de estas compras puedan quedar obsoletas a discreción de los centros.
Ahora bien, la angustia que genera tan altos costes se suma a la que provoca la incertidumbre de quienes se han quedado sin plaza. En Madrid este curso se inicia con aproximadamente 5.350 plazas públicas menos entre escuelas infantiles, colegios e institutos, al tiempo que aumenta la inversión en conciertos con la privada un 15% y se abren dos nuevos concertados en Madrid. A este respecto, CCOO denunció que este recorte de plazas no se da de forma homogénea, sino con el fin de segregar. Las áreas más afectadas han sido la DAT centro (2.889 plazas menos) y la este (1.829 plazas menos), lo que dice mucho. Por un lado, muchos trabajadores de la periferia piden plaza en el centro (cerca de su lugar de trabajo). Otro tanto ocurre con la zona este: estamos en el corredor del Henares, eminente zona industrial, rodeada de barrios y pueblos de obreros e inmigrantes. En resumen: expulsión de los hijos de los trabajadores a la periferia al tiempo que se los desvía a la empresa privada en sus localidades.
Este curso también se inicia sin bachillerato nocturno, lo que dejará a jóvenes trabajadores fuera de la posibilidad de sacarse el título sin perder su sueldo.
Por otro lado, a pesar de que Ayuso prometió con el cierre de escuelas infantiles y el traspaso de segundo ciclo a colegios aliviar la lista de espera, este curso se inicia con 10.000 niños fuera de las escuelas infantiles públicas (cuya educación privada costeará la Comunidad a través de sus famosos cheques escolares).
La situación de la Formación Profesional es paradigmática de lo que está ocurriendo en Madrid. Aunque todavía no pueden conocerse las cifras definitivas, se prevé que más de 30.000 estudiantes se queden este año sin plaza en la FP pública. Una cifra alarmante, que forzará a miles de alumnos a pagar cursos privados (3.500 euros de media por curso, frente a los ya obscenos 400 que cuesta en la pública). El descaro de estas políticas lo encarnan las declaraciones que hiciera la Directora de Área Territorial, Coral Báez, cuando se acusó al PP de dejar a los alumnos sin poder estudiar: «Hay que moverse. Hay que esforzarse».
Esto no se debe a una fiebre de estudios en FP, sino a una reducción de plazas por parte del Gobierno de Ayuso para desviar alumnos a la privada. Si antes de que Ayuso tomara cargo tres de cada cuatro centros de FP eran públicos, hoy apenas pasan la mitad.
Esta tendencia se expresa también en el reparto de becas. A principios de verano, se anunciaba un incremento en ayudas para becas de FP de 30,5 millones. Estas becas dependerán del expediente académico en caso de la pública, mientras que los alumnos de la privada podrán eximir este requisito. Muchas becas y pocas plazas son dos ingredientes necesarios para encubrir este trasvase de alumnos y que el dinero de las becas termine en los bolsillos de las FPs privadas, las cuales, como decíamos, se han equiparado en número de plazas con la pública.
Esta situación se sigue recrudeciendo pese al Estatuto de Becario pactada por Díaz con los sindicatos y empresas. No es de extrañar, pues en esas negociaciones no estuvieron representados, no sólo estudiantes, sino prácticamente la comunidad educativa. Fue un pacto por vía laboral que no ha eliminado las FPs duales y sólo ha regulado nimiamente la todavía situación de esclavitud laboral de los estudiantes en prácticas.
Y todo esto, sin aumentar profesores. Después de que el curso postpandemia se iniciara con 16.000 docentes menos, no ha habido una gran contratación. Las exiguas plazas convocadas en las últimas oposiciones no han llegado ni a cubrirse dada la dificultad de las pruebas. Lo que demuestra, una vez más, que además de ser un método clasista de acceso al empleo público, es poco eficaz.
¿Cuál ha sido la reacción de sindicatos y otros espacios en defensa de lo público ante este panorama? CCOO y UGT han denunciado la situación, sin tampoco llamar a grandes movilizaciones ni ofrecer otra vía que no sea confiar en las negociaciones con la consejería de Madrid o el Ministerio. Tampoco se esperaba mucho más de las burocracias que mantienen su connivencia con el gobierno “progresista” (que quizá repita mandato con un marco político más derechizado). De hecho, el mayor llamamiento de ambos sindicatos ha sido a la asistencia de la manifestación que Marea Verde convoca este 9 de septiembre en defensa de la educación pública; manifestación que, si bien necesaria para la coyuntura que vive el sector educativo en Madrid, nos suscita alguna cuestión. La más acuciante es cuál es el plan que se propone para defender la educación pública, más allá de manifestaciones esporádicas, frente a los ataques de Ayuso.
En última instancia, la pregunta es cuándo dejaremos de defender para pasar a la ofensiva. Si vivimos una situación insostenible en los centros que aboca a una segregación clasista sin precedentes y a la precariedad laboral, tanto presente de los trabajadores de la educación como futura de los estudiantes, seguir confiando en las negociaciones y en acciones tímidas parece una forma de hacer una resistencia infinita, que terminará por desgastar a los trabajadores de la educación ya de por sí desmoralizados por las diferentes reformas educativas (prácticamente todas escritas por el PSOE al que burocracias y movimientos sociales siguen dando su confianza). Hoy más que nunca hace falta iniciar el curso con la perspectiva de organizar y construir espacios de debate en los centros, asambleas de la comunidad educativa en su conjunto, que discutan las demandas de los docentes y no docentes, así como los trabajadores tercarizados de la educación y los estudiantes que ponga en cuestión las políticas neoliberales de Ayuso y del gobierno del PSOE y sus aliados como Sumar y estructurar un plan de lucha coordinado para, sí, defender la escuela pública, pero también para conquistar más derechos y mejores condiciones para los centros educativos.
