En Rosario, el juez federal Marcelo Bailaque se declaró incompetente. No notificó a la querella ni informó los fundamentos de la resolución. Luego se fue a Nueva York. Un juez de la impunidad.
Cecilia Rodríguez @cecilia.laura.r
Martes 12 de abril de 2016
El juez federal Marcelo Bailaque se declaró incompetente en la causa por desaparición forzada de Gerardo “Pichón” Escobar, el joven rosarino cuyo cuerpo fue encontrado en el río luego de una semana de búsqueda, tras haber sido visto por última vez en el after La Tienda. Esto va en contra de lo dictaminado por el fiscal de la causa y la Procuraduría de Violencia Institucional que pideron la indagatoria de los policías involucrados.
Luego de meses de lucha y movilizaciones exigiendo justicia por Pichón, la jueza provincial Georgina Depetris aceptó que la causa se encuadraba en la figura de “desaparición forzada de persona”. Dos policías, además de tres patovicas, están procesados por los hechos. Por ello, la causa pasó al fuero federal. Pero ahora el Juez Marcelo Bailaque se declaró incompetente, aunque no notificó aún a los abogados de la familia Escobar ni dio fundamentos de la resolución. Con esto, intenta dejar suspendida la investigación. Inmediatamente luego de declararse incompetente, se fue a Nueva York.
Luciana Escobar, hermana de Gerardo, declaró a la Izquierda Diario que se enteró “por la radio” de la decisión del juez ya que “ni siquiera” fueron “notificados como corresponde”. A su vez, anunció que seguirán “en las calles buscando justicia” y reclamó que “quien tenga que agarrar la causa, que lo haga” pero que “comiencen a trabajar porque está más que claro que lo de Pichón es desaparición forzada de persona”.
Un juez de la impunidad policial
Bailaque se había declarado incompetente en una causa similar: la de Franco Casco, el joven trabajador de Florencio Varela que desapareció en Rosario luego de ser detenido en la Comisaría Séptima. Al igual que en el caso de Pichón Escobar, el cuerpo de Casco fue hallado en el río semanas después. Finalmente, la maniobra de Bailaque no prosperó y, gracias nuevamente a la lucha de la familia y los organismos de DDHH, la causa quedó en el fuero federal.
Sin embargo, este no es el único antecedente polémico del juez.
Narcotráfico
En Febrero de 2013, el diputado Álvarez (UCR) pidió a la Magistratura evaluar al juez federal de Rosario por su accionar en causas de narcotráfico. La denuncia formulada en aquel momento en base a testimonios de fiscales, indicaba que el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Bailaque, “contribuye a la pérdida de pruebas necesarias para poder avanzar en la investigación contra las organizaciones de narcotráfico” que operan en la ciudad.
Este año, Bailaque dio lugar al pedido de la defensa de la banda narco Los Monos para trasladar a Ariel Cantero y Jorge Chamorro a una prisión en la provincia de Buenos Aires. Los detenidos habían sido enviados a la Patagonia, luego de numerosos rumores de fuga y hechos sospechosos alrededor del penal rosarino donde se alojaban. Bailaque los volvió a traer cerca de su zona de influencia.
Trata de mujeres
En septiembre de 2015 fue allanado un galpón en la ruta provincial 16, en las cercanías de la ciudad de Rosario. De allí rescataron a 15 mujeres que, según denunció la Procuraduría de Trata y Explotación (PROTEX), eran vendidas por una organización que integra un suboficial de la Fuerza Aérea. En el operativo detuvieron a tres personas: dos hombres y una mujer. Sin embargo, pocas horas después de su captura, el juez federal Marcelo Martín Bailaque los liberó sin tomar declaración. Es decir, sin hacer preguntas. Un funcionario del Ministerio Público Fiscal que conoce la causa calificó la decisión como "inédita y vergonzosa".
Genocidas y pedófilos
En 2011, Bailaque dicto prisión domiciliaria al ex coronel José Javier De la Torre, condenado por su responsabilidad en el secuestro, tortura y homicidio de 27 personas, delitos a los que se agregó la sustracción de un bebé nacido en cautiverio. A pesar de que De la Torre era menor de 70 años, permitió que cumpliera prisión domiciliaria en un extenso predio llamado “La Chacra”, en provincia de Buenos Aires. Allí, De la Torre fue visto abusando de una niña de 9 años y fue denunciado ante el juez que, sin embargo, tampoco revocó la prisión domiciliaria.
Actualmente la causa por la represión al Villazo de 1974 avanza a paso de tortuga en manos manos de este juez de la impunidad, quién aún ni siquiera llamó a indagatorias. Uno de los procesados ya murió impune. Se trata del ex general Alcidez López Aufranc, pieza fundamental en la represión del Cordobazo, responsable de haber importado la escuela francesa de exterminio practicada en Argelia, y sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la dirección de la metalúrgica Acindar.
Cecilia Rodríguez
Militante del PTS-Frente de Izquierda. Escritora y parte del staff de La Izquierda Diario desde su fundación. Es autora de la novela "El triángulo" (El salmón, 2018) y de Los cuentos de la abuela loba (Hexágono, 2020)
