Este martes 18 comenzó el juicio contra cinco trabajadores de ATE Santa Cruz que se encuentran presos desde hace más de un año, acusados sin pruebas del incendio de un edificio público en el marco de una protesta por reclamos salariales.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Miércoles 19 de noviembre de 2014
Minutos antes de comenzar la audiencia, hicieron ingresar a los compañeros acusados, a quienes habían traído esposados hasta el tribunal.
En una pequeña sala destinada a la audiencia, y con la presencia de referentes de ATE Nacional, de la CTA Santa Cruz, organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos, se escuchó la lectura de lo que técnicamente se denomina "fundamentos para la elevación a juicio", pero que no era más que una sumatoria de acusaciones infundadas, pruebas forzadas, testimonios endebles y el "informe de novedades" de la policía de Río Gallegos como fuente de probatoria en la que, entre otras cosas, se considera el olor a humo de la ropa secuestrada en los allanamientos o un mensaje de texto diciendo "voy en camino" como prueba del delito.
La secuencia fotográfica parece ser la clave para identificar a los autores del "estrago". Lo único que indicaría es la presencia de los compañeros en la manifestación, al igual que decena de estatales indignados por la respuesta del gobierno provincial que ofreció 180$ de aumento a trabajadores que no superaban los 5000$ de salario.
En ningún tramo de la lectura se tuvo en cuenta a los testigos aportados por los trabajadores, que señalan que ellos no estaban en el lugar en el momento del incendio. La palabra del trabajador no vale nada.
Un sinúmero de ejemplos de este tenor muestran que este juicio es vergonzante, y la investigación direccionada, sin ninguna prueba, a culpabilizar a los compañeros.
Los compañeros
Diego Reyes nació en Catamarca, hace 14 años se instaló en Gallegos en busca de trabajo, hoy, con 32 años tiene una hija, y su salario no llegaba a $ 5000
Patricia Benítez es salteña, y hace 15 años migró por trabajo a Santa Cruz; tiene 48 años y 4 hijos. Es enfermera universitaria del Hospital Regional, trabaja también en el dispensario municipal como monotributista, entre los dos trabajos llegaba a $12000, pagando $4000 de alquiler.
Juan Jose "Canco" Vera, tiene 30 años y dos hijos, ganaba $4500 realizando tareas de generales de mantenimiento en Educacion.
Ramón Alberto Arteaga, a los 27 años es padre de un hijo, ganaba $3600 trabajando en el Consejo de Educación, y $2000 debía destinarlos a pagar el alquiler de su casa.
Ernesto Apendino, el más joven de los detenidos, tiene 26 años, un hijo a cargo y trabajaba en la Subsecretaría de Pesca con un sueldo de $4700 y un alquiler de $2200.
Todos ellos, desde hace un año perdieron su libertad y les fue rechazada en tres oportunidades el pedido de excarcelación. Junto con esto, desde el momento en que fueron injustamente detenidos, dejaron de cobrar sus míseros salarios que constituían el sustento de sus familias.
Patricia, Diego, Juan José, Ramón y Ernesto son trabajadores estatales que al igual que miles salieron a pelear por su salario en una provincia con la canasta familiar de más de 12000$, la más elevada del país.
De un lado, la respuesta del estado y su justicia para acallar estos reclamos es la criminalización y la cárcel, igual que con los petroleros de Las Heras. Del otro, la movilización, la denuncia y la lucha para lograr la libertad y absolución de los compañeros detenidos.
Torturas y causa armada
Luego de las acusaciones se escuchó a algunos de los procesados, quienes están detenidos desde hace un año en diferentes dependencias judiciales y penitenciarias. Frente a sus familiares y a algunos medios hablaron Juan José Vera y Diego Reyes. Particularmente el relato de este último fue impactante.
Reyes contó que ese 19 de octubre había llegado tarde a la manifestación porque tenía carpeta médica, pero que tres días después lo detuvieron en su trabajo acusado del incendio. Denunció que la policía se lo llevó la Comisaría Quinta, donde lo golpearon fuertemente y quedó detenido hasta hoy. Que le rompieron el tabique, lo golpearon en la cabeza y hasta le dieron comida podrida.
Los familiares y el mismo detenido hicieron la denuncia de estas torturas, pero Reyes dijo ayer que la jueza de instrucción no se las tomaba y que luego volvió a recibir golpizas. Lo llevaron a una terraza desnudo para que “cantara”, y como no dijo nada lo volvieron a golpear. Producto de este año de torturas el trabajador de ATE tiene un quiste en la cabeza.
Juan José Vera directamente negó haber estado en los hechos y mucho menos haber provocado un incendio.
Voces de apoyo y de denuncia
El inicio del juicio fue seguido atentamente adentro del recinto pero también afuera, donde se concentraron diversas organizaciones y referentes gremiales, de derechos humanos y políticos. Al finalizar la primera audiencia La Izquierda Diario recogió varios testimonios de apoyo y solidaridad con los presos políticos de ATE Santa Cruz.
Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino - “Evidentemente está saliendo el ninguneo que se ha hecho con los trabajadores desde hace mucho tiempo, y que sigue estando porque siguen ganando sueldos de hambre.
La Justicia de Santa Cruz se dedica exclusivamente a perseguir a los trabajadores
En la situación en la que estamos, el único lugar en el que podemos encontrarnos es en la calle. El gobierno está ajustando cada vez más y está criminalizando cada lucha de los trabajadores. Pero sabemos que luchar por un salario digno no es un delito.”
Julio Fuentes, secretario general de ATE Nacional - “Acá hay trabajadores que hace un año están secuestrados por el Estado, sin percibir salario, sin poder mantener a su familia. Es una infamia.
Fue muy grave la denuncia de Reyes sobre los apremios ilegales recibidos en la Comisaría Quinta y sobre la actitud de la jueza de instrucción. Con lo que hemos escuchado, si hay un mínimo apego al procedimiento y a las normas se debería absolver a toda esta gente.
Vamos a llevar esta causa el jueves 20 a Plaza de Mayo para nacionalizarla”.
Alfonso Lobos, secretario adjunto CTA Santa Cruz - “Hago un balance positivo en la medida en que los compañeros pudieron hacer un descargo importante que reafirma su inocencia frente a acusaciones tan fuertes que están teniendo y por las cuales están en esta situación. Muy dura fue la denuncia del compañero Reyes sobre el chantaje de la jueza López Lestón para que se haga cargo del incendio y cambie su declaración. Él se mantuvo firme, denunció los apremios que vivió en la comisaria y que inclusive le han provocado un problema cerebral, algo realmente grave.
Los demás compañeros están muy animados, con mucha fuerza y decididos a demostrar su inocencia. Logramos en muy poco tiempo visibilizar a nivel nacional lo que les pasa a estos compañeros, logramos instalar en la agenda política y sindical una situación que había pasado casi desapercibida y hoy contamos con un gran acompañamiento y fuerza a nivel nacional de organizaciones sociales, territoriales, de derechos humanos, políticas, diputados que han venido y referentes nacionales como Elia Espen y Nora Cortiñas que está llegando en estos días.”
Pablo López, diputado nacional, PO/FIT: "Estamos acá por los cinco compañeros de ate que están detenidos en el contexto de criminalizacion de la protesta en una provincia donde tenemos el antecedente de la condena a los cinco trabajadores de Las Heras donde también en este caso tenemos un juicio plagado de irregularidades.
La contracara de este juicio es la enorme cantidad de casos de corrupcion que son denunciados en la prov de Santa Cruz y no llegan a ningún puerto como el caso de los mineros del turbio que tardó 10 años en concretarse. Es una muestra de la política del gobierno de criminalizar la protesta social en términos más generales en el país."
Luana Simioni, delegada de ATE IOMA La Plata y dirigente del PTS: “Estuvimos en el inicio del juicio para acompañar a los compañeros de ATE y a sus familiares y para aportar en que se haga visible y se nacionalice la causa por su libertad.
Cuando escuchamos la lectura de instrucción quedaba a las claras que se trata de un juicio armado, sin pruebas más que testimonios de la propia policía y con la evidente intensión de acallar los reclamos de los trabajadores. Primero fue con los petroleros de Las Heras, ahora con los trabajadores de ATE. Lamentablemente la conducción oficial de nuestro gremio no ha estado a la altura de este ataque. Tenemos que impulsar una gran campaña nacional que ponga fin a este avance represivo del gobierno contra los luchadores, empezando por lograr la libertad de estos compañeros.”
La Izquierda Diario continuará informando sobre las derivaciones de este juicio y difundiendo la verdad de los acusados, quienes se enfrentan a una importante maquinaria criminalizadora que intenta escarmentarlos, tanto a ellos como a quienes salen a luchar por reivindicaciones y derechos laborales y sociales.
Luana Simioni, delegada de ATE IOMA La Plata, dirigente del PTS, junto a los manifestantes en la puerta del tribunal
