La crisis política desatada alrededor de la figura de Martín Guzmán tiene una dimensión que excede el futuro del ministro. Es una crisis de la propia coalición de gobierno, la más importante desde que asumió Alberto Fernández. Este viernes 7/5, a una semana de desatada la tormenta, desde el Museo del Bicentenario, el ministro se descargó contra el kirchnerismo: “Tenemos que ser autocríticos. Los subsidios energéticos son pro-ricos en un país con un 57 por ciento de pobreza infantil. Estamos gastando subsidios de luz y de gas en un sector que no es prioritario, en barrios donde vive gente de altos ingresos”.

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Se trata de un planteo engañoso. Un mayor aumento de las tarifas, aun cuando siga un criterio de aplicarse en un porcentaje más grande a la población de altos ingresos, está orientado a sostener la ecuación de ganancias de las empresas que operan en el sistema energético. El ahorro de recursos públicos en subsidios, aunque Guzmán hable en nombre de la pobreza infantil, no va a destinarse a mejorar la vida de las niñas y niños. Por el contrario, la política de reducción de subsidios está en sintonía con la austeridad fiscal que reclama el FMI, con quien Guzmán negocia un nuevo acuerdo.

El planteo que sostuvo por años el kirchnerismo también es engañoso. El congelamiento de tarifas tuvo la finalidad de reducir el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, lo que necesita la familia obrera para llegar a fin de mes. Los servicios públicos caros implican una presión a la suba de salarios. Mantener las tarifas congeladas por años, en realidad, implicó un subsidio a las ganancias de toda la clase capitalista que opera en el mercado doméstico.

Los intocables

En la guerra de porcentajes de aumentos, segmentación y subsidios, resalta un “detalle” importante: nadie cuestiona el esquema privatizador de los servicios públicos heredado del menemismo. Desde entonces, el sistema energético, un sector estratégico de la economía, está en manos del gran capital local y extranjero. Allí está la responsabilidad de la crisis energética que atraviesa el país hace largos años.

Es el esquema de las privatizadas el que permite que la distribución de energía eléctrica del Gran Buenos Aires esté en manos de Edesur, donde unos de los accionistas es Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, y de Edenor, que pasó de manos de Pampa Energía (de Marcelo Mindlin, amigo de todos los gobiernos) a estar bajo control del grupo Vila-Manzano, promotor de Sergio Massa.

En todo el país, en la producción y transporte de la energía también operan grandes pulpos como Tecpetrol (familia Rocca), Pampa Energía (Mindlin), Pan American Energy (familia Bulgheroni en asociación con los piratas de British Petroleum y una empresa estatal china), la Total (Francia), Chevron (Estados Unidos), entre otras.

En este entramado empresario lucran personajes de los más ricos del país y el mundo. La política de subsidiarlos hasta que les duela para que exploten Vaca Muerta (fracking contaminante mediante) es una marca distintiva del kirchnerismo cristinista, pero también de Guzmán, que negoció directamente con Paolo Rocca un nuevo Plan Gas a fines del año pasado.

Una salida de fondo implicaría nacionalizar todo el sistema energético, abarcando la integridad de los eslabones productivos, desde la extracción de los recursos hasta su distribución final, para que sean gestionados por los trabajadores del sector con participación de comités de usuarios populares. Los servicios públicos deberían ser un derecho esencial para la población, accesible a todos a precios baratos, quitando del medio el lucro capitalista. Corresponde a la clase trabajadora sacarse de encima a los intocables de las privatizadas.

Con atributos para ajustar

Visto que no existen diferencias de fondo en relación al esquema de empresas de servicios públicos privatizadas. Considerando que tampoco había una controversia importante sobre el aumento inmediato en las tarifas. Teniendo en cuenta que la disputa sobre un nuevo incremento luego de las elecciones daba tiempo para alcanzar algún tipo de consenso en una negociación dentro de la coalición ¿Por qué se precipitó la crisis política?

Para entenderlo hay que hilar más fino. Desde el kirchnerismo se dice que existe una diferencia profunda con Guzmán: una diferencia de conceptos. Los críticos del ministro señalan que la heterodoxia económica del ministro se parece mucho a la ortodoxia: que mira mucho el equilibrio fiscal, que está atento a lo que dicen los “mercados”, el FMI y poco lo que pasa, por ejemplo, en el conurbano bonaerense donde la pobreza alcanza a la mitad de la población.

Cuando se analizan los números que el ministro estableció en el Presupuesto 2021 se observa que recortó todo el gasto Covid (como el IFE, ATP o el presupuesto de salud) como si la pandemia fuera a desaparecer mágicamente por el mero cambio del año calendario. Esos recortes estaban en función de poner el presupuesto en sintonía con lo que quiere el FMI. Los cálculos le salieron mal: la pandemia volvió y ahora golpea con más fuerza.

Pero cuando se retrocede en el tiempo se observa que el plan de Guzmán, el que estableció en el Presupuesto 2021, que tanto defiende el ministro, fue votado por el Frente de Todos en el Congreso. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner conduce el Senado y que su hijo, Máximo, está al frente de la bancada oficial en Diputados. Ese presupuesto ya contenía todos los condimentos del ajuste que ahora se denuncia.

El año arrancó con ajuste fiscal. Es lo que se refleja en un informe que publicó Cifra, un centro de investigación de la CTA, donde pisa fuerte Eduardo Basualdo, el padre de Federico, el subsecretario de Energía Eléctrica de la controversia. Entre otras cosas, Cifra señala que “aun sin omitir las dificultades derivadas del contexto y de la herencia recibida, la política económica no parece constituirse, por lo menos hasta el momento, como el vehículo de la recuperación económica tras la profunda crisis que azotó a la economía argentina”.

Estas palabras, aun siendo cuidadas, contienen una crítica al responsable de la política económica, es decir a Guzmán. Con la dinámica actual, atravesada por las restricciones de una economía hipotecada con el capital financiero internacional y con el FMI, el país producirá este año menos riqueza que diez años atrás. La decadencia que impone la clase dominante a la economía del país se proyecta al futuro. Ni siquiera para 2024 el país podría recuperar los niveles de producción de hace una década.

El informe de CIFRA indica que, en un panorama de retroceso del Producto Interno Bruto (PIB), del empleo y del salario real, las ganancias empresariales aumentaron su participación en el producto durante 2020. Es cierto que en términos absolutos no se incrementaron, pero sí siguieron ganando terreno en el reparto de la torta de la riqueza disminuida que genera el país, consolidando una tendencia de los últimos años, “un aumento de más del 10% en la gravitación de las ganancias empresarias en el PIB” desde 2017, dice CIFRA.

Puede fallar

El error de cálculo más grave de Guzmán no es haber estimado mal el costo político de pedir la renuncia de Basualdo. Donde más falló el GPS del ministro es en el pronóstico de inflación: lo estableció en 29 % para todo 2021. Ese pronóstico quedó en papel mojado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central entre voceros del establishment, proyecta una inflación del 47 % para 2021. Es claro que el REM refleja la intención del gran capital de seguir remarcando precios.

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No obstante, la realidad se empieza a aproximar más a lo que plantean los dueños del país y menos a lo que proyectó Guzmán. El aumento de 4,8 % de los precios en marzo es un testimonio lapidario de la impotencia oficial para frenar la inflación. El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se conocerá la semana entrante, probablemente exhiba un porcentaje menor, pero seguirá muy alto.

La política oficial no es neutral en la suba de precios. Mover el tipo de cambio con mini devaluaciones permanentes, como hace el Banco Central, impone presión a toda la estructura de precios. En los últimos meses se atenuó esa suba permanente del dólar oficial. Tal vez fue demasiado tarde. Ahora, se despertaron las cotizaciones paralelas del dólar.

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El aumento de la soja y otras materias primas que alcanzaron niveles récord de los últimos años también presiona sobre los precios domésticos: el “agropower” prefiere buenas ganancias en el comercio exterior a que la población acceda a alimentos baratos en el mercado doméstico. Está en la naturaleza del capitalismo: la ganancia es sagrada, las necesidades sociales nada. El oligopolio del comercio exterior que tiene un puñado de empresas mayormente extranjeras (Cofco, Cargill, Bunge, AGD, entre otras) les facilita hacer lo que quieran.

En este contexto, los “espíritus animales” de los empresarios están tentados a la remarcación permanente para recuperar, sostener o ampliar sus ganancias. Es lo que hacen tanto las empresas productoras de alimentos como las grandes cadenas de supermercados. En 2020, mientras crecía la pobreza, tres de los principales grupos empresarios dedicados a la producción de alimentos aumentaron sus ganancias. Se trata de Molinos Río de la Plata (familia Pérez Companc), Ledesma (familia Blaquier) y Arcor (familia Pagani). Es lo que reveló el periodista Alfredo Zaiat en Página/12.

La apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las empresas arrojaría luz sobre la estructura de costos y el estado de las ganancias empresarias. Y sería una herramienta fundamental para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de bienes esenciales, desde la producción, distribución y hasta la venta en grandes supermercados.

En simultáneo que avanza la inflación se va desdibujando la promesa de que los salarios le iban a ganar a los aumentos de precios, aunque sea solo por unos puntitos, luego de acumular tres años de caída del poder de compra. La crítica del kirchnerismo al ministro por la devaluación salarial tiene una dosis de perversidad. No solo la cúpula de la CGT, acostumbrada a acompañar al salario hasta la tumba, sino también la CTA que conduce Hugo Yasky apoyó el mísero aumento del salario mínimo en cómodas cuotas. No es una excepción. Este sector también aceptó recientemente el mísero aumento que ofreció el Gobierno a los docentes universitarios. Pero también aceptó, más en general, la pauta oficial para las paritarias.

Catástrofe social

En los años 1970 la pobreza era menor al 10 %. Con el menemismo se estableció un nuevo nivel estructural de alrededor del 25 %. En la crisis de 2001 alcanzó a alrededor del 50 % de la población. Con la recuperación económica posterior bajó, pero nunca rompió la línea de flotación de un cuarto de la población hundida en su miseria cotidiana. Con el regreso del FMI, de la mano de Mauricio Macri, la pobreza pegó un nuevo salto. La pandemia del Covid expandió la carestía hasta niveles de catástrofe social. En las últimas décadas, la argentina capitalista se transformó en una máquina de generar pobres.

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Ninguno de los bandos dentro de la coalición de gobierno, a pesar de que hablan en nombre de los que menos tienen, propone medidas que realmente ataquen de raíz la miseria creciente, como elevar el salario mínimo a un nivel acorde a la canasta de pobreza, que en marzo costó $61 mil para un hogar integrado por cuatro personas. Lejos de eso, el Consejo del Salario estableció un aumento en cómodas cuotas que dejan el salario mínimo debajo de la línea de indigencia: es decir, no alcanza ni siquiera para comer. Tampoco ninguno de los sectores en disputa plantea establecer una medida básica, no socialista, de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $40 mil que, completado con la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, permitiría a muchos hogares aproximarse a cubrir el costo de la canasta de pobreza.

La propuesta de reestablecer un IFE de $10 mil a nueve millones de personas, como plantea el kirchnerismo, o la medida que aplicó Alberto Fernández de un bono de $15 mil por única vez a un universo acotado de un millón de personas, dejan intacta la pobreza por encima del 40 %. Ambas medidas son para gestionar la pobreza, pero están lejos de atacar el problema de raíz.

¿Gira despedida?

Ayer sábado Alberto Fernández partió con destino a una corta gira por Europa. Se reunirá con mandatarios de España, Francia, Italia y Portugal. También visitará al Papa Francisco en el Vaticano. El Gobierno busca respaldo para las negociaciones con el FMI. El presidente subió al ministro Guzmán al avión como un gesto de apoyo político. No obstante, tal vez, entre las tribulaciones del ministro, sobrevenga una duda: ¿no será su gira despedida? Aún así, en el corto “retiro espiritual” que les espera al presidente y al ministro en el Vaticano quizás encuentren la paz que no consiguen en estas pampas.

En la gira europea Fernández y Guzmán, además de apoyo en la negociación con el Fondo, también buscarán una vía para postergar el pago al Club de París por unos U$S 2.400 millones que vencen a fin de este mes. Esa “pesada herencia” no viene del Gobierno de Mauricio Macri. Es un lastre que dejó Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía. En un viaje exprés, también a Europa, el exministro en un exceso de pleitesía a las potencias imperialistas, aceptó pagar al Club de París, en un acuerdo secreto y sin chistar, una deuda mayor a la que figuraba en los propios registros del Ministerio de Economía.

En el balance provisorio de la gestión de Guzmán hasta el momento hay que anotar que Argentina fue unos de los países que menos gasto público destinó para atender la pandemia. Este veredicto de austeridad no surge sólo de la comparación con el gasto Covid en las potencias económicas, sino de la contrastación con el realizado por países de la región latinoamericana. La consecuencia más visible es el 42 % de la población pobre.

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Este resultado no es a causa solo del Covid, sino de operar bajo los parámetros establecidos por una gigantesca y fraudulenta deuda heredada del macrismo, pero convalidada por el Frente de Todos. Es el resultado de aceptar los estrechos márgenes que dejan para la política pública la negociación con los lobos de Wall Street y el FMI.

El año pasado Guzmán fue celebrado por su calma infinita. Se lo presentó como un equilibrado señor Miyagi de la economía que con firmeza, pero sin levantar la voz, había logrado una reestructuración de deuda muy beneficiosa para el país gracias a su milenaria sabiduría académica adquirida al lado de Joseph Stiglitz. En abril de 2020, en la presentación de la primera propuesta argentina a los especuladores, además de Horacio Rodríguez Larreta y otros miembros de la oposición, estuvo presente Cristina Fernández de Kirchner.

En realidad, si bien Guzmán logró postergar pagos hasta 2025, entre su primera y su última oferta agregó U$S17 mil millones a la propuesta realizada a los lobos de Wall Street. Fue una reestructuración casi sin quita de capital y reconociendo tasas de interés menores a las que había comprometido el macrismo, pero elevadas para los estándares internacionales. El ministro no puso en juego ninguna audacia particular. Para los fondos especulativos las reestructuraciones son parte de los gajes del oficio.

Esto devela que en el Frente de Todos todavía persisten núcleos duros de coincidencia: así como nadie cuestionó reestructurar la deuda, nadie cuestiona, después del saqueo al que sometió al país, un nuevo acuerdo con el FMI. Incluso, el kirchnerismo propone un acuerdo más extenso que el que tenía en mente el ministro Guzmán. En esto coincide Sergio Massa que, en sus amistosos diálogos con funcionarios estadounidenses, transmitió la idea de un dos por uno en los acuerdos (uno de Facilidades Extendidas más un Stand By). De concretarse, el país pasará las próximas dos décadas llevado de la mano por el Fondo.

Aun así, la controversia se amplió en estos días. Los senadores del Frente de Todos votaron en comisión de Presupuesto un proyecto de declaración para que Guzmán no le pague al FMI y al Club de París con los DEG (Derechos Especiales de Giro). ¿Qué son los DEG? Es un dinero que va a repartir, en los próximos meses, el Fondo entre los países que no son potencias económicas para intentar moderar mínimamente los efectos del Covid.

En una explicación publicada en la página web del FMI se señala lo siguiente: la próxima emisión de DEG “brindaría apoyo de liquidez a muchos países en desarrollo y de bajos ingresos que están luchando, permitiéndoles pagar por la atención médica y apoyar a las personas vulnerables. Todos los países se beneficiarán de una rápida erradicación del virus. Es importante asegurarse de que todos tengan los recursos financieros para hacerlo”.

La declaración de los senadores es llamativa porque aprietan a Guzmán para utilizar los DEG en atención de la emergencia sanitaria. Es decir, para hacer lo mismo que sugiere el Fondo en su página web. Pero ¿no es que Guzmán está demasiado entregado al FMI? ¿Por qué haría algo distinto a lo que dice el Fondo?

El dislate de los senadores oficialistas se manifiesta en otro hecho: el Presupuesto 2021, que ellos votaron, establece el pago de intereses de la deuda con el FMI. Que no se pague la deuda con DEG no es equivalente a que se deje de pagar la deuda con otros recursos. De hecho, el Gobierno realizó varios pagos de intereses al FMI con dólares que tomó de las reservas del Banco Central.

A esta novela de enredos se agregó una curiosa declaración de setenta legisladores demócratas de los Estados Unidos: hicieron un pedido al Tesoro americano para que promueva que el FMI suspenda el cobro de la deuda argentina durante el tiempo que dure la pandemia. También piden un relajamiento de las metas fiscales en los acuerdos vigentes y los próximos a firmarse. Sergio Massa habría sido el artífice de este apoyo demócrata al Gobierno del Frente de Todos. Paradojas de la historia: el peronismo se apoya en el imperialismo yanqui para moderar la voracidad del imperialismo yanqui.

Esto deja en claro dos cosas. La primera es que el Tesoro de Estados Unidos es el socio clave, el principal accionista, de esa asociación ilícita llamada FMI. La segunda es que existe una preocupación porque se expanda aún más el desastre económico y social que provocó ese organismo internacional. Tal vez, el fantasma de la rebelión popular en Colombia "ayudó" a los senadores demócratas a esa llamativa declaración. La “generosidad” del Gobierno de Joe Biden promoviendo que se liberen las patentes de las vacunas dan cuenta de la dimensión que adquirió la crisis planetaria. El pedido de los demócratas por un relajamiento de las torturas del Fondo a nuestro país son la expresión local de la dimensión de esa crisis.

Todo indica que, en verdad, los senadores del kirchnerismo están empujando a que Guzmán se vaya del Gobierno. ¿Qué beneficio tendría? Cargar sobre la persona del ministro la catástrofe social, que se arrastra desde el macrismo, pero que el Frente de Todos contribuyó a agudizar en el medio de la pandemia. Por falta de alternativas claras de reemplazo y para evitar agudizar la crisis política, eventualmente Guzmán podrá permanecer como ministro zombie. Pero no se trata solo de su persona. La crisis de la coalición oficial es la crisis de la idea fundamental de la campaña electoral de 2019: que se puede pagar la deuda, acordar con el FMI y atender las urgencias sociales.