Macri cuenta con un gabinete que ni Martínez de Hoz pudo lograr, integrando directamente al gran empresariado. Ello bajo la ilusión de contar con un aval del 51% cuando llegó al poder por un “consenso negativo”, un núcleo duro más un amplio sector anti K que lo elevó en el balotaje. Envalentonado, decide gobernar por decreto, tomando a dedo decisiones que afectan a millones de personas.
Myriam Bregman @myriambregman
Jueves 17 de diciembre de 2015 09:00
El uso de este mecanismo antidemocrático, que tiene como antecedente los “decretos leyes” de las dictaduras militares, se vio reforzado y legalizado mediante la reforma constitucional nacida del “Pacto de Olivos”. Desde allí en mayor o menor cantidad todos usaron los decretos de necesidad y urgencia (DNU), como ahora hace Macri para sortear “consensos” y saltearse obstáculos como el Congreso, donde no tiene mayoría. Lejos de cualquier política de “diálogo”, como denunciamos cuando fuimos convocados a la Casa de Gobierno, el Presidente evitó llamar a sesiones extraordinarias, clausurando de hecho el Congreso, impidiendo el debate allí.
Esta política de gobernar por decreto es la contracara de lo que hizo el PRO en el gobierno de la Ciudad de Bs. As. Durante sus períodos como Jefe de Gobierno, Macri se convirtió en un vetador serial. Las leyes votadas en la Legislatura que no contaban con el apoyo del macrismo, dentro de las que se encontraban las que tenían aspectos favorables a los trabajadores y sectores populares, como la declaración de emergencia habitacional o la regulación del procedimiento para llevar a cabo los abortos no punibles, eran candidatas al veto. De las 271 leyes vetadas en la historia de la ciudad a Macri le corresponden unas 130.
El reciente nombramiento por “dedazo” de dos nuevos miembros de la Corte Suprema, medida que aplaudió el “Partido Judicial” y contó con la bochornosa aprobación de Ricardo Lorenzetti, con quien Macri acaba de acordar la postergación de las asunciones, forma parte de este modo de gobernar. La decisión de Macri ni siquiera fue tomada por Menem, uno de los presidentes que encabeza el ranking de los DNU y supo conquistar una Corte adicta. Dentro del radicalismo, Julio Cobos, Ricardo Gil Lavedra y otros, cuestionaron los métodos de designación, mientras Ernesto Sanz y la cúpula de la UCR salieron a respaldar al Presidente. La polémica involucró al conjunto del arco político. Quienes hace apenas unos días festejaban el “llamado al diálogo” del nuevo gobierno, salieron a criticarlo. Dentro del FPV, sus principales figuras, Daniel Scioli y Cristina Fernández, prefirieron el silencio, mientras el sector parlamentario la rechazó. El reciente acuerdo de Macri con Lorenzetti, como desenlace de esta primera crisis, busca ocultar la arbitrariedad de la medida.
Estas políticas de decretazos ya tienen sus primeros beneficiarios. Con sus recientes DNU, Macri modificó nada menos que la Ley de Ministerios y eliminó retenciones al trigo, maíz, girasol y carne y se las bajó a la soja. Con estos mecanismos, el gobierno busca descargar un ajuste sobre las espaldas de las mayorías populares.
Los diputados y legisladores del PTS-FIT exigimos la apertura de sesiones legislativas para debatir de cara al pueblo las medidas que ya se están implementando. Las bancadas del PTS en el FIT del Congreso y de las Legislaturas de CABA, Córdoba, Mendoza y Neuquén propondrán al resto de los miembros del FIT el lanzamiento de una campaña contra el ajuste y por la exigencia de sesiones en todos los ámbitos legislativos para debatir estas medidas y exponer nuestros proyectos, opuestos por el vértice a que la crisis la paguemos los trabajadores, y organizar la resistencia en los lugares de trabajo, estudio y en las calles
Myriam Bregman
Abogada en causas de lesa humanidad. Fundadora e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Diputada nacional (MC) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, como el de Etchecolatz, Von Wernich y la megacausa ESMA. Fue abogada de Jorge Julio López y una de las impulsoras de la lucha ante su desaparición. Impulsó, junto a trabajadores de Pepsico y Kraft-Mondelez, la denuncia por el espionaje ilegal de la Gendarmería, conocido como "Proyecto X".
