El presidente del STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, acató el recurso de Raquel Dodge, presidente de la Procuraduría General de la República, contra la posibilidad de liberación de todos los presos con condena en segunda instancia. La decisión preliminar fue del ministro Marco Aurelio Mello, y podía significar la liberación de Lula.
Jueves 20 de diciembre de 2018 04:15
Días Toffoli se hizo eco de la arbitrariedad y el autoritarismo judicial, principal pilar del golpe institucional: desde la propia Dodge, pasando por los fiscales de la reaccionaria Lava Jato en Curitiba, hasta Sérgio Moro, ministro de Justicia de Bolsonaro y recompensado por los servicios prestados a la extrema derecha.
Una decisión que no pasó sin esperar la opinión del alto mando del Ejército, que se reunió esa tarde para pautar la decisión de Marco Aurelio, una vez más mostrando su tutela sobre cada paso del golpismo judicial.
En la Izquierda Diario mostramos las innumerables maniobras judiciales durante todo el año para manipular cada centímetro de las elecciones, que dieron como el triunfo de Bolsonaro. La prisión de Lula fue el capítulo más alto de la continuidad del golpismo institucional, que contó también con el veto, por parte del TSE, de su candidatura y la remoción del derecho de voto de 3,4 millones de personas, la mayoría en el Nordeste, con la excusa del registro biométrico. La prohibición a cualquier entrevista de Lula - algo permitido incluso a criminales de lesa humanidad - y la fuga de la delación de Palocci en la semana previa a la primera vuelta electoral.
La decisión de Toffoli atiende a los intereses de los sectores del régimen que buscan endurecer el cercenamiento de los derechos democráticos más elementales, en línea con la política de Sérgio Moro, que ahora podrá perseguir la organización sindical y política de los trabajadores, a través del Ministerio de Justicia. También atiende a los segmentos más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Algunos militares vinculados al PSL presionaron a Toffoli, pronunciándose por el mantenimiento de la cárcel a Lula.
Esta resolución también atiende a los segmentos más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Algunos militares vinculados al PSL (partido de Bolsonaro) presionaron a Toffoli, pronunciándose por el mantenimiento de la prisión a Lula. El general Girão Monteiro, diputado federal electo por el PSL, dijo que "las órdenes absurdas no se cumplirán, esa decisión monocrática y absurda del todavía Ministro Marco Aurelio no irá muy lejos." Otro general y diputado federal electo, Roberto Sebastião Peternelli Junior, dijo que: "Están queriendo empujar al país hacia el caos".
Los principales medios de prensa, que apoyaron el golpe institucional desde el principio, hicieron la campaña contra la "inseguridad jurídica", resonando las voces de la reaccionaria Lava Jato y su misión de reorganizar el régimen a la luz de los ataques económicos ultraneoliberales que acaben con la jubilación y las leyes laborales de millones.
Desde el MRT (Moviminto Revolucionario de los Trabajadores –Brasil) y de la Izquierda Diario luchamos contra el golpe y su profundización, así como contra el autoritarismo judicial y avance de la extrema derecha, y exigimos la libertad inmediata del ex presidente Lula, así como para todos aquellos que no terminaron su proceso judicial.
Todos estos ataques judiciales contra los derechos democráticos de la población tienen un objetivo central de debilitar las posiciones de los trabajadores dentro de un régimen político más endurecido y autoritario, dificultando la organización sindical y las huelgas a fin de descargar crisis capitalistas en las costas de los trabajadores, en primer lugar la reforma de previsional.
Este autoritarismo judicial aberrante sólo puede ser combatido con un programa anticapitalista. Contra esta democracia manipulada por jueces con intereses políticos, es necesario que los jueces sean elegidos por el pueblo, revocables en cualquier momento y reciban el mismo salario de una profesora, aboliendo sus fondos auxiliares. Para acabar con la farra de empresarios y políticos corruptos, que afecta a todos los partidos dominantes, todos los juicios por corrupción deben ser realizados por jurados populares, aboliendo los tribunales superiores. Esto debe estar vinculado al no pago de la deuda externa y la nacionalización de los bancos, del comercio exterior y de los recursos estratégicos de la economía bajo control de los trabajadores, así como la estatización bajo gestión de los trabajadores de todas las grandes empresas de infraestructura, para que los capitalistas paguen por la crisis.
