Una jueza falló favoreciendo a un grupo empresario aunque no hay claridad de quiénes son los dueños del terreno. El reclamo por tierra y vivienda en Tucumán tuvo al desalojo como primera respuesta por parte del gobierno de Manzur
Miércoles 28 de octubre de 2020 10:45
Durante la primera hora del miércoles se desplegó un operativo policial con 500 efectivos para desalojar una toma en Villa Muñecas, al norte de la capital. La orden de desalojo contra fue dictada ayer por la jueza Isolina María Apás Pérez de Nucci y el operativo lo encabezó el secretario de Seguridad Luis Ibáñez. Las más de 200 familias asentadas en el predio no opusieron resistencia pero reafirmaron su reclamo por una tierra y una casa donde vivir. Este reclamo lo habían llevado a la Casa de Gobierno, con una nota enviada al gobernador Juan Manzur.
La construcción de casillas precarias en el predio cercano a las avenidas América y Francisco de Aguirre comenzó la semana pasada, tras el femicidio de Abigaíl Riquel, una niña de 9 años. Los vecinos manifestaron que se trata de un predio de 37 hectáreas vacío desde hace décadas, sin ningún tipo de mantenimiento, que contrasta con el hacinamiento y la necesidad de una vivienda en la zona. Quienes participaban de la toma eran trabajadores precarizados, cosecheros, changarines y trabajadoras de casas particulares.
Fuera del predio, los vecinos remarcaron que el numeroso operativo policial que se desplegó no había aparecido cuando se buscaba a Abigaíl. La policía se había negado a salir en la búsqueda aduciendo falta de personal, aunque luego aparecieron para reprimir el corte que se realizaba tras encontrar sin vida a la niña.
La jueza Apás Pérez de Nucci, nombrada en febrero por Manzur, emitió la orden de desalojo a pesar de que no está en claro la propiedad de las tierras por estar en litigio. Estableció una caución real de dos millones de pesos al empresario Oscar Hugo Mejail, al frente de un fideicomiso MGM que construirá un proyecto inmobiliario en el predio. El fiscal Pedro Gallo también solicitó que se sostenga una custodia policial para evitar una nueva toma.
El reclamo por tierra y vivienda en Tucumán tuvo a un desalojo como primera y única respuesta por parte del gobierno de Manzur. Sin lugar para vivir, la situación de muchas familias se agrava por el contexto de pandemia y crisis económica. La actitud del gobierno confluye con la oposición macrista, quien solicitó un mecanismo de desalojos exprés, y con los terratenientes y patronales nucleados en Apronor.
