Con la salida a la luz de la propuesta de “pacto tributario” las cámaras empresariales salieron a dar su aprobación al proyecto. Eliminando figuras claves como el impuesto al patrimonio o postergando cualquier alza de impuestos y reforzando la exigencia de formalización para las pymes, el gobierno espera recaudar mayores recursos a la vez que limita el gasto bajo la bandera de la “eficiencia”
Miércoles 2 de agosto de 2023
Como una total concesión al mundo empresarial y la derecha, el gobierno presentó durante la mañana de ayer, su propuesta de “pacto tributario” que, como parte de su promesa de la última cuenta pública, debía ser puesta sobre la mesa de la oposición a finales de julio.
El documento fue presentado con una gran puesta en escena, que incluyó a Boric en un site de la comuna de independencia, para entregar una señal política de a quién supuestamente busca beneficiar.
Y es que la minuta oficial, elaborada por el gobierno, da la señal que este “pacto” va en directo beneficio de los más pobres del país, que a través de un mejoramiento en el uso de los recursos públicos e instalar ciertas normas antielusión y formalización de las pequeñas empresas, el Estado podrá recaudar los fondos necesarios para financiar importantes políticas públicas como la PGU (pensión garantizada universal), inyectar más recursos a la salud pública para reducir las listas de espera o el desarrollo de un sistema de cuidados para niñas, niños, personas mayores y/o en situación de discapacidad.
Pero más allá de las “buenas intenciones” del gobierno, lo que se esconde es nuevamente una claudicación a su propio programa de gobierno que ya había sufrido una derrota hace algunos meses producto del rechazo a su proyecto de reforma tributaria original.
En dicho proyecto el gobierno había intentado instalar varias políticas que desde las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores del Socialismo Democrático, habían impulsado pero que no lograron obtener los votos para que se aprobara en general y luego negociarlos en la cocina del congreso.
Ahora el gobierno retrocede en reformas tan mínimas como un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas para sustituirlo por una “depreciación semi instantanea o un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental”, una nueva vuelta de chaqueta.
Lo que si toma el gobierno es una de las demandas más importantes que venían instalando los gremios empresariales y es la necesidad de perseguir a los comerciantes informales y apostar por su regularización o formalización. La apuesta del gobierno se llevaría adelante a través de 17 medidas que van desde facilitar la formalización hasta ítems de educación tributaria, pero además el gobierno promoverá la fiscalización de las obligaciones tributarias a través de iniciativas como: el combate a la evasión y la prevención y control del uso de resquicios legales para eludir obligaciones tributarias.
Este último que podría ser considerado importante y un golpe a las formas evasivas en que incurren las grandes empresas, pero la realidad es que seguro aplicará para las micro, pequeña y medianas empresas, que son las que no pueden acceder a los grandes bufete de abogados que elaboran verdaderos artilugios jurídicos para hacer que las empresas que representan puedan evadir impuestos, y en caso de que esto falle, hacen lobby frente al Servicio de Impuestos Internos para conseguir millonarios perdonazos. Y ojo, no es que defendamos a las PYMES, pero tampoco nos podemos tragar el cuento que pretende instalar el gobierno.
No por nada la mayoría de las cámaras empresariales valoraron “positivamente” la propuesta del gobierno ya que sienten que “fueron escuchados”.
Así lo manifestó la CPC quienes valoraron que el anuncio del Ejecutivo incluyera ejes orientados a incentivar el crecimiento, combatir la informalidad, modernizar el Estado, entre otras y consideraron “muy positivo” que se eliminara la pretensión del impuesto al patrimonio, las utilidades retenidas y los impuestos corporativos.
Igualmente desde la Sofofa y la Cámara de Comercio de Santiago, también valoraron la iniciativa del gobierno, la que consideran mucho más cercana a sus intereses, y la CCS enfatizó en que el ejecutivo debe perseguir las actividades económicas ilegales, una campaña contra el comercio callejero que vienen exigiendo fuertemente a los municipios también, cuestión que también resaltó la Camara Nacional de Comercio.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción y la Sociedad Nacional de Agricultura también valoraron los incentivos a la inversión y el mayor control de los recursos por parte del Estado.
De conjunto, el gobierno deberá iniciar la negociación de su “pacto tributario” varios pasos más atrás de lo que lo hizo con la reforma tributaria rechazada, a la espera de que esta vez la oposición le abra las puertas para su aprobación, pero hasta ahora Republicanos y la UDI se han mostrado muy duros en las conversaciones, por lo que es posible que el gobierno se abra a retroceder aún más.
Al parecer ese dicho que de votar por Boric era para frenar a la derecha resultó ser solo un cuento.
