En pleno conflicto agrario, ha salido a la luz un vídeo grabado por un trabajador agrícola de Almería en marzo de 2019 en el que muestra el nivel de explotación que muchos patrones imponen con total impunidad.
Martes 25 de febrero de 2020
En las últimas semanas hemos visto movilizaciones masivas por parte de grandes y pequeños agricultores y productores agrarios, que protestan por los precios injustos y abusivos que reciben por sus productos. El “conflicto del campo” ha ganado todas las pantallas de la TV y las portadas de los diarios. Sin embargo, esta situación convive con una realidad mucho menos difundida por la prensa y que sufren diariamente cientos de miles de personas que trabajan en los campos, donde la propia patronal agrícola explota a niveles increíbles. Así lo muestra el vídeo que ha realizado uno de estos trabajadores en Almería, difundido por el grupo político Interbrigadas.
La situación del campo es un auténtico hervidero de conflictividad social, mezclándose los conflictos de intereses entre la gran patronal del campo, los pequeños productores, los grandes grupos multinacionales agroalimentarios y las trabajadoras y trabajadores asalariados agrícolas. Lo que ha tratado de venderse como un conflicto relacionado con la subida del SMI, oculta una realidad mucho más profunda, una auténtica lucha de clases, como se da cuenta en un artículo reciente de Contrapunto.
Como ha apuntado Oscar Reina, Secretario General del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), “en el campo una cosa es el agricultor y otra el jornalero”. Teniendo en cuenta que “el trabajador cobra según convenio, un convenio que por lo general no se respeta por el agricultor”.
Justamente esta situación es la que refleja el vídeo grabado directamente por un trabajador migrante del campo. De los 55,20 euros brutos por jornada que refleja el salario mínimo interprofesional, el patrón paga 36. Una situación irregular que es encubierta haciendo firmar unos documentos con unas condiciones que no se cumplen. Ante las quejas del trabajador, la encargada le dice: “Sí, esto lo pone porque en la gestoría tiene que ponerlo, pero aquí Antonio [el patrón] ¿Qué te ha dicho? ¿Cuánto paga? 36 euros, ¿no? Si quieres 36 euros sigues, si no quieres 36 euros búscate a otro jefe”.
Este es el nivel de explotación que deben soportar las personas, muchas de ellas migrantes, que se ganan la vida trabajando en los campos de Andalucía. Extremadura u otras regiones del Estado. Cuando el trabajador señala que lo único que exige son sus derechos, el patrón comienza a encolerizarse gritando “¡Que a mí la ley me la paso por los huevos! Tú te buscas otro jefe y ya está, mañana te traigo todo el dinero y se ha acabado”, llegando a tener que ser separado por otras personas ante su actitud violenta.
Una situación que da cuenta de que la simple legislación o tibias mejoras laborales, como la propia subida de 50 euros del SMI, no sólo no implican un cambio profundo de las lógicas y problemas estructurales que generan la explotación y la desigualdad social, sino que tampoco se cumplen en una realidad caracterizada por la precariedad y la irregularidad. Una cosa es la legislación, otra es la vida real y concreta.