Una semana después de que se conociera el espurio acuerdo entre el gobierno y la empresa, ésta presentó un escrito en la Cámara Comercial donde acusan al kirchnerismo de “embates políticos” y dicen que la estatización fue "una verdadera confiscación”.
Jueves 16 de febrero de 2017
El presidente de la empresa Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, presentó un escrito en la Sala B de la Cámara Comercial, tribunal que debe decidir si acepta el acuerdo entre empresa y Gobierno o si lo revoca como pidió la fiscal Boquín.
En el mismo le solicita a la Cámara que ratifique el acuerdo pactado a mediados de 2016 y dispara contra la impugnación realizada por la fiscal Boquín por "la exorbitancia de las inexactitudes allí incluidas, el llamativo y espurio manejo de las cifras, y la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas".
El escrito es una insólita explicación y victimización del proceso de estatización del Correo realizado en el 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Casi catorce años después, desde la empresa se acuerdan de denunciar que fue según ellos “la peor estatización realizada por el Estado nacional”; que se hizo "de modo intempestivo" y que el Estado decidió "apropiarse de todos los bienes y activos de Correo Argentino S.A., sin pagar por ellos un solo centavo".
En el mismo sentido, Jaime Robirosa afirma en el escrito presentado que la fiscal “no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos”.
Para luego explicar que la empresa “continuó pagando sus cánones con normalidad hasta el año 2000” y “luego lo hizo de manera discontinua y parcial, a medida que el cuadro se agravaba”.
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Llamativamente no está mencionado que la deuda que tenía la empresa del grupo Macri con el Estado argentino por el no pago de los cánones correspondientes al momento de la estatización (año 2003) rozaba los 300 millones de pesos.
También resulta sospechoso que desde la empresa de la familia del presidente hagan esta “denuncia” justamente ahora, una semana después de haberse conocido el escandaloso acuerdo impugnado por la fiscal Boquín, en el cual terminarían pagando la deuda en cuotas hasta 2033 que implica una condonación por licuación de lo adeudado.
Más aún, teniendo en cuenta que durante todos estos años se han presentado en diferentes oportunidades con “ofertas” de pago al Estado.
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