Violencia machista. Un policía abusó de una niña desde los siete años pero el juez duda de su testimonio

Una adolescente de 15 años, acompañada por su mamá, se presentó en la Comisaría de la Mujer de General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, para denunciar a su padrastro por haberla violado.

Una vez más las estadísticas se vuelven tangibles con un nuevo caso de abuso. De acuerdo a sus declaraciones, todo comenzó cuando ella tenía 7 años. Señaló como responsable al ahora expareja de su madre, que en ese momento vivía con ellas. Este hombre, de alrededor de 40 años, en ese momento se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense y sus funciones las cumplía en una comisaría de Cariló.

Cabe aclarar que recién fue desafectado de la fuerza cuando esta denuncia tomó estado público. La investigación la lleva adelante el fiscal Walter Mercuri quien dispuso que el acusado fuera excluido del hogar y que se le retire su arma reglamentaria.

Sin embargo cuando la policía llegó a casa del acusado ya no estaba y aún no logran saber dónde está. Algo que no debiera sorprendernos si tenemos en cuenta que se trata de un policía y no es la primera vez que el “espíritu de cuerpo” encubre a los responsables.

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De acuerdo a un informe solicitado por el medio de prensa Perycia, los sumarios por violencia de género abiertos por la Auditoría General de Asuntos Internos entre 2013 y 2020, según datos oficiales, indican que en siete años, 5966 agentes de la Bonaerense, fueron sumariados -21 de ellos trabajaban en la Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados por violencia de género- ; 364 de esos casos, ya tenían medidas de sanción previas, y sobre los 5602 restantes, sólo fueron sancionados y expulsados 984. Más del 80 % de estos agentes denunciados siguen en función.

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Las pruebas

Una prueba que aportó el fiscal es una llamada que le hizo el acusado a la mamá de la adolescente en donde intenta explicar que huyó por miedo y en donde dice ser “un monstruo”. Todos sabemos que los monstruos no existen, sí en cambio los hombres de carne y hueso violentos que abusan de menores en un sistema en el que el Poder Judicial silencia las denuncias y garantiza impunidad a las fuerzas represivas.

La declaración de la víctima ante el fiscal sumado a un examen médico donde se observaron signos compatibles de abuso llevaron a imputar al acusado por abuso sexual agravado por tratarse de una menor de 13 años y aprovechándose de la inmadurez de la víctima que le impidió consentir libremente el acto, gravemente ultrajante por su duración en el tiempo.

El caso tuvo un giro que atenta contra los derechos de la víctima cuando el Juzgado de Garantías N°3 de Dolores, a cargo del juez Gastón Giles, rechazó el pedido de detención. El argumento del juez fue que “no había elementos suficientes para abastecer la medida solicitada”.

También, por criterio del juez, lo que sustentaría la acusación podría ser una pericia psicológica a la víctima, ya que no fueron suficientes ni su declaración ni el informe médico ni siquiera la propia confesión del acusado. Para Giles la pericia podría “descartar indicios de mendacidad, fabulación y/o relato inducido por terceros”.

Mas allá de la apelación que seguramente realizará la fiscalía, nuevamente la víctima se vuelve el objetivo de la investigación. Su palabra y su cuerpo no son pruebas suficientes, es necesario que ahora la justicia vuelva a transformarla en una víctima, ya que la violencia que sufrió durante más de siete años no fue suficiente.

Lo que el sistema judicial y sus procesos están haciendo con esta joven no suceden por primera vez, ni tampoco verán su fin con una “reforma judicial feminista”. El problema es mucho más profundo, tiene sus raíces en un sistema que oprime a la mitad de la población. ¿La justicia es patriarcal? Sí, pero también es de clase. Por eso es necesario un cambio estructural en el sistema judicial, donde los jueces sean elegidos no por los dedos del poder de turno y su mandato pueda ser revocable.