Un programa para enfrentar a los responsables de la violencia machista: el Estado, los empresarios y la iglesia, y desarrollar la fuerza de las mujeres trabajadoras y pobres

Sobre la ilusión de la “unidad de todas las mujeres” –¿es acaso igual la trabajadora del comercio, la subcontratada, o la pobladora y mujer mapuche, que viven la violencia cotidiana del sistema; que Iris Fontbona, multimillonaria del grupo Luksic, Cecilia Morel o Michelle Bachelet, que recorre el mundo con la ONU?– se ha montado el gobierno derechista para hacer demagogia con su “agenda de género”, que mientras reconoce igualdad de derechos, busca fortalecer el punitivismo penal, el aparato policial y los negocios de sus grupos económicos como Isapres o AFP. También la empresarial “oposición progresista” de la vieja Concertación ahora posa de “feminista”, mientras que gobernaron durante más de 20 años de la mano y para los grandes empresarios, la iglesia y la derecha, consolidando el “modelo” de explotación, precarización y opresión que cargó la dictadura sobre las espaldas de la población trabajadora, que tiene a las mujeres como uno de sus eslabones más débiles.

Ambos, Derecha y ex Nueva Mayoría, hacen demagogia con nuestros derechos. Sosteniendo a empresarios y la iglesia, siguen negando el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, un delito sancionado por el código penal (salvo las 3 causales de Bachelet, que responde sólo al 3% de los casos), y es aplicado contra las mujeres trabajadoras, pobres y jóvenes por la casta de jueces millonarios, fiscales y policías (378 mujeres fueron procesadas por este “delito” desde el 2005 al 2016).

Niegan este derecho porque de ser gratuito, realizado en hospitales con una fuerte inversión pública y condiciones elevadas de higiene y seguridad, tendrían que tocar los negocios de Isapres y clínicas privadas, tendrían que quebrar su alianza con la iglesia católica que usufructúa de estos negocios y subsidios, y que ha tejido una de las mayores redes de abuso sexual, protegida por empresarios y el Estado. La bandera por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, en hospitales públicos y de calidad, por la cual desde hace años luchamos desde Pan y Rosas, y que se han negado el Estado, la Iglesia, clínicas e Isapres, así como gobiernos y los partidos del régimen, es un asunto no solo de libertad y autodeterminación como mujeres, sino de salud pública.

Las cifras de abortos que se realizan en el país oscilan desde 33.000 mujeres (cifras oficiales) hasta algunas organizaciones que señalan 160.000 abortos clandestinos al año; abortos que se realizan bajo condiciones de enorme inseguridad, insalubridad, precariedad y criminalización, que sufren en su gran mayoría las mujeres precarias del país, muchas de las cuales terminan muertas. Un verdadero crimen de Estado, y de clase. Para las mujeres de la clase empresarial, en muchos casos hasta las mejores clínicas privadas realizan abortos clandestinos, en muchísimas mejores condiciones o simplemente costean viajes a países donde el aborto es legal. No hay “derecho a la vida” para la gran mayoría de la mujer de la clase trabajadora y sus hijos/as. Pero el Estado y sus gobiernos están al servicio de proteger el negocio de clínicas privadas, Isapres y grupos conservadores.

La fuerza de miles de personas que simpatizan con esta lucha debe manifestarse en las calles para conquistar este derecho, ahora más que nunca que hay una fuerza activa, so riesgo de quedar atrapadas en los marcos del régimen que está dispuesto a entregar sólo cambios mínimos, pues su doble discurso no está dispuesto a tolerar amenazas más profundas. El PC defiende el aborto en 3 causales y se niega a luchar por el derecho al aborto libre y legal. El Frente Amplio, que lo considera en su programa, limita la actual lucha solo a educación no sexista, a implementar “adecuadamente” la ley de Bachelet de 3 causales y deja para un futuro indeterminado la lucha por el derecho al aborto integral (¿para las próximas elecciones?) y la gratuidad de la educación sin lo cuál seguirán quedando miles de mujeres sin derecho a educarse. Ambos con bancadas parlamentarias, ni siquiera han presentado, aprovechando la movilización, una ley para conquistar estos derechos.

Peleamos por provisión gratuita de anticonceptivos, en instituciones de salud pública, escuelas, empresas y poblaciones para no abortar; y aborto legal en el hospital para no morir. Por una educación pública, gratuita, no sexista y laica, educación sexual y sin la moral de la iglesia, enfoques transversales de género en las mallas curriculares, colegios mixtos, sin discriminación, reconocimiento del nombre social y cupos trans.

Para enfrentar el acoso sexual, es necesario elaborar protocolos democráticos y con independencia de las autoridades. Nos preguntamos ¿Deben las autoridades tener la última palabra? ¿tiene que integrar el derecho a defensa o asimilar el principio denuncia = verdad? Hay quienes piensan que aumentando las facultades de las autoridades será más fácil sacar el machismo de la universidad. Pero, aunque eso ayude a «echar» más rápidamente a tal o cual acosador ¿acaso darle más poder a la autoridad no es fomentar la misma «asimetría» en la que el machismo se puede mover como «pez en el agua» incluso de maneras más sutiles? A la vez, transformar los testimonios de las víctimas en pruebas irrefutables se convierte en un arma de doble filo: las autoridades no dudarán en utilizar esas medidas contra luchas, reclamos y movilizaciones. Por eso para nosotras, son necesarios protocolos donde rectores y decanos no tengan la última palabra, democráticos, que resguarden a la víctima a la vez que contemplen el derecho a defensa.

En la lucha por terminar con la educación de mercado, peleamos por el financiamiento integral de la educación a través de aportes basales y sin subsidios a los empresarios, que sea laica, no sexista y este bajo cogobierno universitario. para que los empresarios dejen de lucrar con el derecho a la educación. Sin gratuidad universal será imposible barrer con el sexismo en la universidad. Por el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y a todo sistema de crédito; condonación de la deuda sin pago a los bancos. Fin a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un filtro de clases y de género y por el ingreso irrestricto a la educación superior.

La precarización tiene rostro de mujer, en universidades, empresas, fábricas, hospitales y servicios públicos. Para las mujeres de la clase trabajadora la “integración al trabajo” es precarización, subcontrato, honorarios, tele-trabajo, trabajo “independiente” y diversas formas que en su gran mayoría sufren las mujeres trabajadoras. El Estado, los gobiernos y partidos del régimen sostienen las ganancias de empresarios a costa de fortalecer la explotación y opresión. También lo sostienen en el gobierno, en las universidades, públicas y privadas. Desde Pan y Rosas luchamos por poner fin al subcontrato y al trabajo precario en todas sus modalidades (honorarios, etc.). Luchamos por el paso a planta de todas y todos los trabajadores, con sueldos básicos acorde a la canasta básica familiar. Luchamos también por poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¡A igual trabajo igual salario!

Para levantar con fuerza estas demandas de las mujeres trabajadoras, es fundamental la integración de sus compañeros de trabajo: auxiliares de aseo, administrativos, jardineros, trabajadoras/es de los casinos y académicas/os precarios. Esta podría ser una gran fuerza en la lucha, una fuerza que todavía no emerge, aunque da indicios de mayor organización, pero que si logra movilizar a esas/os miles de trabajadoras/es más precarios sería una extraordinaria posibilidad de alianza obrero-estudiantil.

Ese Estado que nos niega el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sostenidos por los gobiernos y partidos del régimen, al servicio de los empresarios y la Iglesia, es el mismo Estado que ni siquiera tienes planes de emergencia integrales contra la violencia de género, quedando en la total impunidad este verdadero crimen del capitalismo y del Estado. La ley de violencia contra las mujeres que se discute actualmente no contempla ni siquiera refugios o albergues de calidad donde puedan vivir las víctimas. No hay vivienda para las mujeres y hombres de la clase trabajadora, aumentan los precios de los arriendos y la especulación inmobiliaria de magnates de la construcción se enriquecen, aumentando los campamentos, sostenidos en gran parte por mujeres pobres e inmigrantes. No hay albergues ni refugios de calidad, pero sí instituciones como la iglesia que según algunos estudios son propietarias de ¡más de 4.000 inmuebles! Sin contar las acciones “simbólicas” que tienen en empresas como SQM o CMPC (la misma del cartel del confort).

Dicen que “no hay recursos” para proporcionar algo básico como un subsidio a las mujeres en situación de violencia, que les permitiría salir del círculo de violencia y dejar de vivir de la miseria; pero sí tienen plata para fortalecer a las policías, a los fiscales y los jueces, los mismos que aplican con todo el peso de la ley su violencia cotidiana sobre las mujeres pobres y trabajadoras. Así también cuando se trata de aplicar subsidios millonarios a las grandes fortunas, grupos económicos y la Iglesia, hay enorme cantidad de recursos.

Por esto, luchamos por un plan de emergencia contra la violencia de género, que integre subsidios para las mujeres acorde a la canasta básica familiar de 450.000 pesos mensuales, refugios transitorios y un plan de viviendas permanentes adquiridos a través de la expropiación de las propiedades suntuosas de la Iglesia para establecer albergues; ¡exigimos la separación efectiva del Estado de la Iglesia! Un plan financiado, al igual que en el caso de la educación, a través del impuesto progresivo a las grandes fortunas y a la renacionalización del cobre sin indemnización y bajo control de los trabajadores. En Chile hay una enorme cantidad de recursos para financiar estas necesidades y demandas básicas. ¡El problema es que se los llevan todo los grandes empresarios nacionales, las empresas imperialistas y la Iglesia!

En ese escenario, denunciamos al Estado y los gobiernos de la derecha y la ex Concertación / Nueva Mayoría, que mientras hablan sobre nuestros derechos, han mantenido salarios de hambre, con un sueldo mínimo de $270.000. ¡Basta de aumentos del 2 y el 3%! ¡Salario mínimo de $450.000 acorde a la canasta básica familiar! O las pensiones, donde la gran mayoría (el 94% de mujeres y 87% de hombres) no alcanza los $155.000, pensiones de miseria. El Estado y los gobiernos han mantenido esta situación, mientras el año 2015 sólo 45 directores recibieron ¡3.000 millones de pesos! Y las AFP administran casi 170.000 millones de dólares para inversión en la bolsa, mientras la gran mayoría del pueblo trabajador vive en la miseria. Esta situación es particularmente aguda en el caso de las mujeres trabajadoras, donde sus pensiones son en promedio 37% más bajas que la de los hombres.

Luchamos por Pensiones básicas de $450.000, acorde a la canasta básica familiar, y el fin a las AFP, arrancando esos millonarios recursos de la clase trabajadora hoy en manos de multimillonarios, en función de pensiones dignas y no de las ganancias de grupos empresariales, bajo un sistema tripartito, de reparto y solidario, administrado por los trabajadores y pensionados.

La política de “igualdad de derechos” de Piñera, la derecha y el viejo “progresismo” es pura demagogia. Quienes defienden el “legado de Bachelet” como el PC, que ni siquiera levanta la lucha por un derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, defienden a un Estado, a instituciones, gobiernos y partidos al servicio de la opresión y explotación. Con demagogia intentan fortalecer a ese mismo Estado que está al servicio de los intereses de los capitalistas y de la Iglesia, aumentando sus penas, sus cárceles, sus jueces, fiscales y policías.

Un programa que enfrente al Estado capitalista y patriarcal, a los empresarios y a la Iglesia, así como a los partidos del régimen, es decir, a los grandes enemigos, requiere una gran fuerza en las calles y un gran movimiento independiente de todos esos enemigos, unido a toda la clase trabajadora, mujeres y hombres, que desenmascare ese doble discurso y lleve adelante un movimiento de lucha de clases. Así, podemos avanzar a enfrentar a estos poderosos enemigos del movimiento de mujeres, de los trabajadores y de los estudiantes. Y queremos avanzar a enfrentar a los grandes poderes capitalistas y del imperialismo que saquean el cobre y los recursos naturales. Con ellos en manos de la clase trabajadora, sin indemnización a sus propietarios, podría financiarse un enorme sistema público de salud gestionado por trabajadores y controlados por usuarios, para garantizar condiciones de vida a las mujeres y a la clase trabajadora, educación, salud, pensiones. Tocando a las grandes fortunas, a banqueros y grandes comerciantes se podrían instalar comedores populares abiertos y gratuitos; lavanderías públicas; sistema nacional de salas cunas, jardines y guarderías que tenga como objetivo la socialización del trabajo doméstico.

El régimen busca “integrar” con demagogia nuestras demandas, y en parte lo puede hacer de limitarse el actual movimiento a demandas mínimas –aunque necesarias– por enfoque de género en el curriculum, educación sexual en los liceos y protocolos contra el acoso, el abuso sexual y la discriminación arbitraria, demandas que hoy hacen a la lucha por una educación no sexista. Hasta allí pretenden limitarla el Frente Amplio, las organizaciones reformistas como el PC y algunas feministas que ven que hay que conquistar solo “pisos mínimos” sin avanzar a unirnos a la clase trabajadora, avanzar en nuestras demandas y desarrollar la fuerza para una agenda ofensiva de las mujeres trabajadoras y pobres señalando claramente a los enemigos.

Para enfrentar los intentos del gobierno por lavarse la cara a costa de la lucha de las mujeres debemos abrir paso a la unidad de las mujeres estudiantes, trabajadoras y pobres, organizadas en lugares de estudio y trabajo, unidas a nuestros compañeros trabajadores. Organizándonos en asambleas democráticas, mixtas y triestamentales, con delegados y delegadas electas desde la base y revocables, con libertad de tendencias políticas y contra los vetos antidemocráticos que hoy se vienen aplicando contra las organizaciones de izquierda.

Ante la movilización convocada hacia el 6 de junio, que llamamos a transformarla en una gran jornada de movilización, ¿cómo podría convertirse en un gran “paro nacional” que remueva el país y haga temblar al gobierno, partidos del régimen, iglesia y empresarios si no es con los hombres trabajadores, como los conductores del Transantiago o trabajadores del Metro, donde también hay muchísimas mujeres? ¿O sin los mineros, portuarios, forestales, junto a la clase trabajadora del comercio? ¿Puede avanzar hacia ello si limita sus demandas a cambios educacionales y culturales, y no avanza a fondo uniendo las demandas de las mujeres con las de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, pobladores y pueblo mapuche? ¿Podemos hacerlo sin la unidad con la clase trabajadora enfrentando al Estado y los empresarios? Las direcciones del movimiento son incapaces de cumplir un rol independiente y llevar la fuerza de esta lucha hacia demandas superiores y hacia la unidad contra los explotados, enfrentando a nuestros verdaderos enemigos, desnudando su demagogia y trazando un plan de lucha superior.

Para llevar adelante esto debe transformarse en un movimiento de las mujeres trabajadoras, pobres, migrantes, jóvenes y mapuche, que se enfrente al Estado y a los empresarios. Este 06 junio además de ser movilización, podría elevarse a la lucha por el Paro Nacional desde la base y junto a nuestros compañeros en los lugares de trabajo y estudio; para ello las federaciones y centros de estudiantes, las organizaciones de funcionarios como la FENAFUECH y la FENAFUCH, pueden convocar a asambleas del movimiento estudiantil y de trabajadoras/es de base para preparar una jornada de lucha en las calles y un plan de lucha que incluya la paralización. Los métodos divisionistas no sirven. Es necesaria la mayor masividad y retomar las demandas del movimiento estudiantil e incorporar demandas de la clase trabajadora. La CUT que se la ha pasado en reuniones con empresarios, tiene que poner su fuerza en impulsar la movilización, el paro y por la unidad con estudiantes y mujeres por el derecho al aborto legal y nuestras demandas históricas, convocando a miles de trabajadores y jóvenes de todo el país a acompañar estos reclamos y vincularlos a las luchas de los trabajadores y fortalecer esa alianza que, de realizarse, es la única capaz de hacer que la tierra tiemble