Una nueva y no por ello inesperada declaración de guerra de clases fue lanzada abiertamente hace un mes por el gobierno griego de Syriza-ANEL, que celebra su tercer aniversario este mes de enero: la restricción del derecho de huelga, algo que nos retrotrae a los mejores (para la patronal y sus gobiernos) años dorados de Thatcher en Inglaterra. Por una exigua mayoría absoluta de 154 sobre 300 diputados. Ni siquiera el gobierno técnico de Papadimos, con el cierre de filas de PASOK y Nueva Democracia, se atrevió a tomar una medida de tan grueso calibre.
Martes 6 de febrero de 2018
De hecho, Grecia con este ataque sin precedentes se une así al país británico a la cabeza de los que han adoptado la legislación más restrictiva sobre el derecho de huelga. A principios de la década de los 80, la dama de hierro exigía que los sindicatos celebraran una votación secreta antes y se requirió el umbral del 50%. David Cameron endureció aún más esta legislación tras las huelgas en el sector público jurando que “las huelgas ni están abolidas ni amenazadas”. Curiosamente mismas palabras que el presidente heleno, otrora flamante paladín del cambio, respondió en el parlamento a las acusaciones de los sindicatos.
Ya el 7 de diciembre del año pasado la mayoría de gobierno había ensayado una hábil y sucia triquiñuela parlamentaria para aprobar esta modificación sin debate previo, truco que no tuvo éxito por la reacción inmediata de los grandes sindicatos del sector público y privado, ADEDY y GSEE, que convocaron movilizaciones al día siguiente y obligaron a Tsipras a retirar temporalmente la polémica enmienda. Ya en los debates y negociaciones de los dos primeros memorándums, desde el gobierno PASOK de Papandreu, era de sobra conocido que el ataque a la huelga iba a ponerse tarde o temprano sobre la mesa.
Así que, una vez aprobados los presupuestos de la barbarie para el 2018 el 19 de diciembre, el proyecto de ley de restricción a la huelga entró a primeros de enero dentro del paquete de 100 medidas adicionales obligadas por la troika en la tercera evaluación del memorándum firmado en julio de 2015, que teóricamente supervisará al país hasta este verano. Toda la oposición, cuya gran parte comparte sus programas con la troika, votaron en contra, no fue en el mismo sentido el “no” del KKE. Perfectamente mantendrán la ley si como todo apunta Nueva Democracia ganará las próximas elecciones, superando a Syriza en las encuestas en 10 puntos.
Este brutal jarro de agua fría contra los derechos de la clase trabajadora votado por quienes fueron jaleados como adalides de la antiausteridad es un ataque frontal contra el movimiento obrero y sindical y un desfile triunfal de la burguesía, a quien las burocracias sindicales han hecho oposición light escuchando cantos de sirena: han preferido una digna rendición ante el mal menor Tsipras que dar la batalla hasta el final. Pero no sólo se trata de elevar al 50% el porcentaje de trabajadores de cualquier sindicato que aprueben la convocatoria de huelga frente al 20% que había hasta ahora, sino que hay letra pequeña.
Se busca un fortalecimiento del marco jurídico, de forma que los empresarios pueden apelar directamente a tribunales civiles la forma en que los trabajadores toman sus decisiones, las formas de lucha y movilización, sus órganos electos, el contenido de sus demandas y la duración de los paros. Reforzando aún más las ya grandes restricciones a la posibilidad de organizar y convocar huelgas incluso a nivel sectorial, esta medida antihuelga del gobierno duplica el número de trabajadores para constituir una asamblea general legalmente establecida de un sindicato sectorial para que ésta pueda convocar una huelga, de cuyos nombres habrá que dar parte como responsables del paro.
Se trata en resumidas cuentas de un nuevo y duro golpe al derecho de huelga, el cual viene a sumarse a un marco legal antilaboral en base al cual 9 de cada 10 huelgas salen ya declaradas como ilegales, “abusivas” o con la doble denominación, en procedimientos siempre de vía rápida y retroactivos. La regulación del gobierno aumenta el número de posibilidades de veto a las huelgas que proporciona la legislación vigente o el propio estado capitalista griego, y de los vetos de los que hacen uso los tribunales civiles para declararlas fácilmente ilegales.
Si antes se invocaban defectos en el requisito procedimental (notificación con poco plazo a la patronal o a sus sectores implicados), ahora se podrá invocar el concepto de “abusividad” para frenarlas, caracterizándolas de “desproporcionada”, “sin justificación”, “sin contenido”, “de carácter irrelevante”, o peor incluso, ¡juzgando si tiene consecuencias previsibles en la economía de una empresa! En los fallos judiciales se había hecho norma invocar al “interés público general” o a la situación de “economía nacional”, pero en los últimos años es habitual considerarlas “abusivas” pues son demandas de carácter político y contra el gobierno.
El derecho de huelga, impreso a sangre y fuego en la Constitución helena desde el retorno a la democracia después de la caída de la dictadura de los Coroneles en 1974, se ha ejercido plenamente por la clase trabajadora griega 50 veces desde el primer memorándum en 2010. Concretamente esta restricción se dirige a los sindicatos sectoriales y sus asambleas, a veces más combativos y enfrentados GSEE y ADEDY. El gobierno sabe bien que solo de la base pueden arrancar luchas decisivas. En su discurso ante el parlamento, Tsipras dijo sin reír que se buscaba presionar a los trabajadores para que se involucraran más en la vida sindical.
En Grecia la tasa de sindicalización es mucho más alta que en Francia, Italia y la media de los países de la UE: representa el 25% de los trabajadores y trabajadoras. Por contra, la implicación real es débil sobre todo en las organizaciones mayoritarias, por lo que cuanto más se amplíe la base a favor de una movilización a la afiliación menos implicada, más difícil será la convocatoria de una huelga. A partir de ahora, además de la judicialización, será muy difícil extender a nivel regional o nacional una local. Incluso los sindicatos más combativos podrían verse obligados a ganar apoyos del clásico sindicalismo de concertación para que su huelga sea legal.
Seguro que la huelga del pasado 12 de enero y su réplica el día 15, una vez aprobado este miserable paquete de medidas, no serán los últimos paros generales en Grecia ni contra el gobierno “que iba a complacer al pueblo trabajador y convencer a los mercados”, como llegaron a decir miembros de Syriza en campaña electoral. El viernes fue el PAME, el potente brazo sindical del KKE, quien protagonizó la protesta unilateralmente, acompañado de sindicatos sectoriales, con el lema “el derecho a huelga no se toca”. El 15 de enero GSEE y ADEDY tomaron el testigo. Ni unos ni otros han llevado a cabo una estrategia sindical unitaria, ofensiva y acompasada, prisionero del sectarismo uno y de la ingenuidad los otros.
Tsipras obtiene así un nuevo respiro, siempre anunciado como el último sacrificio antes de poder aplicar “nuestro autentico programa”, del que ya nadie se acuerda, ad kalendas graecas (nunca mejor dicho). Si la patronal helena había pedido que no se obstaculizara el débil crecimiento de Grecia con el bloqueo del país y denunciaba que la productividad era tan baja debido a que los trabajadores estaban más días en huelga que trabajando, el gobierno le pone la guinda al pastel. Y no se ha avergonzado en hacerlo afirmando que la restricción “mejora la democracia en los sindicatos y ofrece garantías al sindicalismo” con este ejercicio de canibalismo y trabajo sucio del capital.
* Tomás Martínez es militante de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR) Almería.
