Catalunya. Una Diada cruzada por la ofensiva judicial y la pandemia

Se acaba el siempre farragoso agosto catalán, aquel que en tiempos libres de pandemias ya dejaba las calles vacías (de todos los que podían), y empieza un nuevo septiembre. Y como siempre durante los últimos años, con la llegada de una nueva Diada que marque el inicio del curso político en Catalunya y de rebote para los "andamiajes" del Régimen.

Nada más lejos de la realidad. Entre una ERC que sigue "haciendo manitas" con Sánchez e Iglesias ahora vía Presupuestos, una crisis (calculada) del espacio post-convergente en la que Puigdemont y la nueva JxCat quieren hacer reavivar y eternizar la revolución de las sonrisas; y sobre todo con la tormenta perfecta que supone una pandemia y la segunda ola de contagios que desactiven las calles, el movimiento independentista se queda como tantas otras veces encorsetado en un processisme de siete vidas.

No obstante, hay un factor más que, combinado con todo lo anterior, no reculará en su objetivo de aniquilar de raíz las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir y el movimiento independentista en su conjunto. Y es que lo que si empieza con fuerza (nunca ha dejado de tenerla) es el nuevo curso judicial plagado de causas abiertas contra el independentismo catalán.

La ofensiva reaccionaria judicial que nos espera

Esta semana han empezado las comparecencias de más sesenta encausados por los cortes del Pertús y Salt (Girona) convocados por Tsunami Democràtic en La Jonquera. Todos ellos investigados por desórdenes públicos y con penas que bordean los seis años de prisión.

En estas semanas también se tendrán que iniciar los juicios contra los 30 presos políticos que provocó la represión policial frente a los miles de jóvenes que salieron a protestar contra la sentencia del Supremo a los líderes soberanistas. De entre ellos, Ibraim y Charaf ya han sido absueltos, a pesar de que la Generalitat se personó como acusación particular, como en otros muchos casos. Hay que destacar también que el joven madrileño Dani Gallardo, sigue aun en prisión provisional después de nueve meses, solo por el hecho de apoyar las protestas desde la capital española.

La Audiencia Nacional también tiene que iniciar el juicio contra los miembros de los CDR detenidos el 23S. Todos ellos en libertad provisional después de haber pasado meses en prisión en un grave caso de violación de derechos humanos por parte de la justicia y la Guardia Civil.

Además, durante los próximos meses seguirán en marcha también centenares de causas abiertas contra el movimiento independentista en general. Se calcula que desde antes del 1-O puede haber un millar de personas encausadas por una vía u otra. Toda una cruzada criminalizadora que en especial sitúa en el punto de mira a la izquierda independentista y sus organizaciones.

Por otro lado, hay que destacar también que durante septiembre se tiene que definir la sentencia del TSJC contra el presidente Torra por desobediencia. A la vez, el mismo tribunal tiene que decidir sobre la causa abierta de los ex miembros de la Mesa del Parlament, también por desobediencia.

Y el Supremo, por su parte, tiene que dictaminar definitivamente sobre la aplicación del tercer grado a los líderes soberanistas presos. Todo esto, entre un largo listado de causas abiertas contra dirigentes desde el 2017.

La ANC y Òmnium preparan para esta Diada una jornada diferente a la otros años, combinando manifestaciones presenciales con otros actos virtuales. No obstante, con toda la ofensiva reaccionaria judicial que se viene encima, se torna esencial potenciar nuevamente la movilización social que surgió el pasado mas de octubre.

Hay que ligar las demandas democráticas con la lucha por los derechos sociales y con la clase trabajadora al frente

Los partidos soberanistas ya han demostrado en diferentes ocasiones que a la primera que pueden impulsan la desmovilización y tratan de canalizar las aspiraciones democráticas de todo un pueblo por la vía de la negociación con el Estado opresor o enmarcándolas en una cuestión puramente electoralista y de hegemonía.

Por eso es necesario imponer esta movilización social de forma independiente de los partidos de la burguesía catalana, ensanchando el movimiento independentista con la fuerza del conjunto de la clase trabajadora, tal y como se pudo ver de forma incipent durante el 3-O del 2017 o el 18 de octubre del año pasado durante la huelga general em Catalunya en el marco de las protestas contra la sentencia del Supremo.

Ese día, la clase trabajadora salió a protestar contra la represión vivida durante toda la semana e irrumpió con sus propios métodos. Los estibadores pararon el puerto durante todo el día, se cancelaron más de 60 vuelos y el metro y el sector público quedaron semi-paralizados -especialmente la educación-, así como también la industria en MercaBarna o la SEAT, para poner solo los ejemplos más destacados.

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Una clase trabajadora que ahora está en vías de ser más azotada que nunca frente a la crisis sanitaria y económica, producto del Covid-19. Y es que los partidos de la burguesía catalana que dejan el movimiento independentista y el derecho a la autodeterminación sin rumbo, son los mismos que quieren hacer pagar los costes de esta nueva crisis a los mismos de siempre y con la misma receta de siempre: imponiendo ERTEs y despidos masivos, provocando miles de cierres, menguando las condiciones laborales y profundizando en una precariedad sin precedentes, respetando los interesos de los grandes empresarios y los lobbies capitalistas.

De hecho, durante los meses más agudos de la pandemia el gobierno de Quim Torra no se ha diferenciado de la gestión de la crisis sanitaria de Ayuso en Madrid, oponiéndose en la práctica a poner bajo control público la sanidad privada y la industria farmacéutica para paliar el colapso sanitario. Sin duda, una política criminal que ha generado miles de muertes a causa también de los recortes y las privatizaciones del sistema sanitario durante décadas. Y es más, en los siguientes meses la Generalitat y el departament de salud no ha dudado en despedir a gran parte de la plantilla de apoyo durante la Covid.

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Por el contrario, tanto el gobierno central como el catalán no tienen más que ofrecer que nuevas medidas restrictivas, estados policiales para los que se salten las normas o no las puedan cumplir y poner en riesgo la salud de millones de personas.

Por eso, se vuelve necesario y urgente una respuesta independiente de todos los partidos capitalistas. En este sentido, la CUP tiene que romper totalmente con la política de mano extendida en las cuestiones democráticas pero también en la política de colaboración en lo social después de la pandemia.

Solo con la organización de la clase trabajadora en asambleas que mire para sus propios intereses y seguridad, se podrá poner en pie una salida que garantice la seguridad de millones y haga pagar la crisis actual a los capitalistas, y que también pueda cuestionar la legalidad vigente y dar respuesta a las demandas democráticas más esenciales como son la defensa de los derechos democráticos, oponiéndose a nuevos estados policiales y la represión judicial o la misma lucha por la autodeterminación.