Junts pel Sí y la CUP han presentado la Ley del Referéndum o Ley de Transitoriedad. Sin embargo, no queda claro cómo enfrentarán la ofensiva del Gobierno.
Miércoles 5 de julio de 2017
De acuerdo con el segundo borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica publicada por El País, en caso ganar la opción independentista el 1O se abriría un proceso dividido en tres fases. Una primera en que participaría la ciudadanía, la siguiente que sería un período constituyente con elecciones para formular la Constitución y finalmente la ratificación de la misma por medio de otro referéndum.
El gran ausente de la Ley de Transitoriedad es precisamente la piedra nodal: el 1O. El Govern no quiere dar “pistas” al enemigo sobre cómo hará un referéndum en el cual tendrán derecho a voto más de cinco millones de personas. El problema es que este referéndum no se podrá hacer sin el apoyo de toda la población catalana. Este ridículo juego de secretismo, ¿no demostraría que en realidad el Govern está desnudo?
Más allá del análisis que se pueda hacer de la “Ley de Transitoriedad”, la ausencia de alguna referencia sobre cómo realizar el referéndum, que sería el puntapié inicial, demuestra que ésta es tan solo un castillo de arena. Cualquier ola la derrumba. Así no se pueden afrontar las duras amenazas por parte del Gobierno, la Monarquía, el Congreso, el Poder Judicial, el poder militar y la oposición. Esta es la gran contradicción de Puigdemont y de las fuerzas soberanistas.
Obviamente, es ultra necesario prever los lugares de votación, las personas que participarán en las mesas electorales, las urnas, etc. En la web garanties.cat, el Govern explica una serie de asuntos relativos al 1O, aunque la web está saturada por las visitas. Sin embargo, no dice nada sobre qué hacer si los Mossos o cualquier otra fuerza de seguridad confiscan las urnas. Algo con lo que ya amenazó el Gobierno. ¿Qué pasaría si la Ley de Transitoriedad es suspendida por el Tribunal Constitucional? ¿Y si siguen las inhabilitaciones? No se dice nada de nada.
El quid de la cuestión es la organización y la movilización de ese 80% que quiere votar. En caso de ganar el sí o el no ¿Cómo se ejecutarían las decisiones? Puigdemont solo dijo que “el gobierno español no puede actuar contra la gente”. Sin embargo, esa es la amenaza de Rajoy y las instituciones del 78. El Govern deja en manos de la espontaneidad el 1O. Una muestra más de que no se puede confiar al PDeCAT y a ERC la organización del 1O.
¿Qué harán los Mossos? ¿Defenderán el Referéndum, obedecerán al Tribunal Constitucional? Los jefes de los Mossos han dicho que están obligados a respetar la ley existente, la del Régimen del 78. ¿A qué esperan para organizar un servicio de orden que vigile que se pueda votar el 1O? ¿A qué esperan para organizar a todos los voluntarios y que éstos puedan decidir cómo hacer todo lo referido al 1O? Si el pueblo tiene la palabra, debería tenerla no solo para votar, sino para decidir cómo hacer el Referéndum. Pero esto es algo que nunca harán el PDeCAT y ERC.
Junts pel Sí no será quien promueva un proceso de organización popular de tal calibre. El miedo a perder el control del movimiento por el derecho a decidir y a que éste pueda querer decidir libre y soberanamente sobre todo pesa mucho más. Los que han sido los gestores de los intereses de las grandes familias durante 40 años de “democracia” no serán quienes promuevan una movilización social que pondría también cuestionarlos a la vez que a los pilares del Régimen del 78.
Todas las presentaciones realizadas hasta ahora, los días históricos, las leyes o declaraciones del Parlament, no serán suficientes si se no aborda la organización de los trabajadores y el pueblo. Y esto es una responsabilidad directa de las centrales sindicales y la izquierda que está a favor del derecho a decidir -empezando por la CUP, los Comunes y Podem-. No habrá autodeterminación pactada. El Gobierno central no permitirá siquiera un nuevo 9N. Por eso no hay alternativa: o se apela a la movilización obrera y popular, o será imposible sostenerlo.
Los partidos en ebullición
Estos tres meses se afrontan con varias incógnitas de primer orden. La destitución de Baiget demuestra que dentro del PDeCAT hay voces disonantes respecto del 1O. El ahora exConseller dijo en voz alta lo que piensan otros dirigentes de la antigua Convergència. Expresó sus dudas sobre si era posible hacer el Referéndum y abrió la posibilidad de votar “mediante cualquier otro instrumento que permita medir la realidad”. Es decir, otro 9N.
Dentro del PSC hay una “lucha” de alcaldes para ver si ceden espacios electorales. Esta semana el Secretario General, Miquel Iceta, dejaba bien claro que no apoyarían un referéndum ilegal, ni un nuevo 9N. Sin embargo, varios alcaldes de la formación de la rosa declararon que irán a votar el 1O e incluso que cederán espacios, si la Generalitat lo solicita.
Dentro de Catalunya Sí Que es Pot también había diferencias sobre si asistir al acto organizado por Junts pel Sí y la CUP. Los diputados de Podem y EUiA sí que han asistido. Los de Iniciativa y los comunes han decidido no hacerlo y por tanto no han tomado decisión alguna como grupo parlamentario. Esta sencilla decisión demuestra que la ambigüedad de la nueva formación de los Comunes se mueve en un delicado e inestable equilibrio.
Por otro lado, las corrientes de izquierda del Estado español, como Podemos o Izquierda Unida, no se han pronunciado por la defensa del referéndum como acto unilateral vinculante, lo que implica negar en los hechos el derecho a decidir.
Lo que tienen en común estos partidos es que ninguno se quiere apoyar en la movilización popular. Todos respetan las reaccionarias reglas de juego del 78: unos como sus firmes defensores, otros desde su aceptación y obediencia y otros como mariscales de la derrota para enfrentarla. Hasta que no rompamos esta lógica de actuar, el 1O vinculante será imposible.
