CRIMEN SOCIAL EN REUS. Una anciana de 81 años muere porque Gas Natural le cortó la luz

La mujer, de 81 años, falleció en la madrugada del lunes a causa de un incendio que quemó la vivienda en la que vivía. Una de las velas con las que iluminaba su casa generó el incendio que acabó con su vida. La mujer fallecida había pedido ayuda al Ayuntamiento para pagar el servicio del agua. Desde hace dos meses no disponía de electricidad en su hogar. Y, además, había dejado de pagar el alquiler al dueño por falta de recursos, el cual había pedido su desahucio por impago.

Gas Natural, no sabía nada. Cortó el suministro y no avisó a nadie, porque nadie sabía que no disponía de dinero. El Ayuntamiento tampoco sabía nada. Sus servicios sociales ayudaban a la señora a pagar el agua, pero nadie supo que se quedó sin luz. Nadie supo nada. Solo sabían que no pagó lo que tenía que pagar. Y, como tal, procedieron a castigarla.

Ahora se escuchan todos los lamentos. Gas Natural lamenta que nadie le haya avisado. El Ayuntamiento lamenta que Gas Natural tampoco lo haya hecho y que la fallecida o su familia no le hubieran avisado que no pagaba la luz, aunque ya sabían que no pagaba el agua.

Los diputados de las CUP denuncian al Tribunal Constitucional que suspendió la parte de la ley que evitaba el corte de los servicios a los usuarios con problemas económicos. El President Puigdemont insistió también en la culpabilidad de la empresa y del Tribunal Constitucional. El Gobierno central, como siempre, callado.

Sin embargo, las lágrimas de cocodrilo que caen por esta mujer, víctima de la desidia capitalista, no caen por más de 500.000 usuarios que año tras año reciben avisos de corte de luz y están en vilo por el servicio cada mes. Son familias que se debaten entre comer o pagar los servicios. Y, esto no es algo nuevo, lleva muchos años siendo así. Por ello, no es creíble que nadie supiera nada.

Gas Natural, el Gobierno y todo el sistema son culpables

Gas Natural es el primer culpable de este crimen social, sin lugar a dudas. Pero esto es una cadena de culpabilidades, no se acaba en la punta del ovillo. Comencemos por el primero. Si en una vivienda se corta algún servicio básico (como el agua, la luz o el gas) es una gran posibilidad que el usuario afectado tenga algún problema económico para mantenerlo. Sin embargo, las empresas no piensan en esto, sino en las pérdidas que tienen al no recibir dinero por el servicio brindado.

El otro responsable es el Gobierno central. No sólo en éste caso, sino en miles y miles de casos de todo el Estado. Hace más de ocho años que sufrimos una grave crisis económica con un paro que no desciende aún del 20%. El Gobierno no solo no hizo nada para evitar los cortes de suministros, sino que dio vía libre a las empresas para hacerlo.

Cada año, alrededor de 300.000 hogares ven interrumpido el servicio de agua. Las eléctricas, tan solo en 2012, han cortado la luz en 1,4 millones de hogares. Y, en 2013 los cortes de gas se dispararon un 86%. Mientras tanto, el Gobierno permite el aumento meteórico del coste de los servicios: aumentaron más de un 50%, cuando el paro se disparaba desde un 8 a un 27%.

Mientras las compañías de energía españolas son las campeonas de los cortes de servicios, no paran de aumentar las ganancias en plena crisis. En 2015, las tres grandes del sector eléctrico han ganado más de un 18% que en el año anterior. En 2012 han ganado más que el doble de las compañías europeas. Y en los últimos nueve meses, el conjunto de las empresas del Ibex35 han cosechado la friolera de 27.000 millones de euros. Esto es una barbaridad.

Después tenemos al Ayuntamiento, en éste caso, el de Reus. Ellos ya habían recibido una petición de ayuda para pagar el agua. No es creíble que no supieran la situación de la persona fallecida. Hacía 10 meses que no pagaba el alquiler. Es esperable que, si se pide una ayuda para algo tan básico, se indague cuál es la situación de esa persona. Pero no ha sido así.

El President Puigdemont habla ahora con indignación de la muerte de la anciana. Pero antes había impulsado una ley para evitar los cortes de suministros por impagos, sólo que la solución era que la empresa cobrara a partir de los fondos de la Generalitat. Un gran negocio para las empresas de energía que se garantizaban el cobro a cosa de los fondos públicos.

Los diputados de la CUP han culpando, con razón, al Gobierno central. Cuestión cierta por la que han pedido al President catalán que imponga una querella contra Gas Natural, en el mismo sentido que se despachó el portavoz de Catalunya Sí que es Pot.

¿Cuántas muertes más hay que sufrir?

Sin embargo, nadie va al problema de raíz. Todos se preocupan sobre a quién hay que echarle la culpa. Se preocupan sobre éste caso en especial. Se habla de querellas, de contundencia contra Gas Natural. Incluso se habla del veto del TC.

Las estadísticas nos hablan de decenas de familias que les han cortado los suministros varias veces, que se han quedado sin ellos, que viven situaciones límites. Que están cuidando hasta el último céntimo para ver si pueden comer y pagar los suministros. Esto nos lleva a pensar, ¿cuántas muertes más hay que sufrir?

Es una necesidad imperiosa para las familias obreras, de los sectores empobrecidos, poder disponer de los servicios mínimos como agua, luz o gas. De otra manera, nos abocan al peligro de la muerte, del malvivir o de una supervivencia en graves condiciones. El caso de la anciana de Reus, lamentablemente es uno de miles.

En lo que va de la crisis, los ingresos de los trabajadores han caído en picado con salarios mal pagados y precariedad. Las pensiones están congeladas o con aumentos irrisorios y no se sabe cómo se seguirán pagando. Muchas familias con sus integrantes se han quedado en paro y sin subsidios. Pero lo suministros han aumentado un 50%.

Para solucionar estas situaciones límites, hay que imponerles a las compañías que no puedan ejecutar ningún corte. Que sigan manteniendo el servicio en las casas donde haya miembros en paro o con ingresos bajos, sin que estas cobren nada por el servicio. No sirve hacer un juicio por un caso y ver si toca un juez “progresista”.

Hay que imponer las necesidades de la sociedad a los pulpos energéticos. Hay que usar esos más de 4000 millones de euros de ganancias que dieron el año pasado para garantizar el servicio a quienes no pueden pagar. El dinero tiene que salir de las empresas energéticas que se están lucrando con nuestra situación económica. Así será imposible llegar a casos tan graves como la mujer de Reus, así se evitarán los casos más flagrantes y se podrá comenzar a cambiar los graves sufrimientos de los trabajadores y el pueblo golpeado por la crisis.