María Luz Santos Morón Abogada CeProDH // Integrante de la querella de Justicia Ya!
Jueves 23 de octubre de 2014
Hasta el momento poco se conocía del proyecto de Código Procesal Penal que impulsa el gobierno. En su última cadena nacional la Presidenta anunció que este código establecerá la expulsión durante quince años de los extranjeros cuando sean sorprendidos cometiendo delitos y la prisión preventiva ante situaciones de “conmoción social”. Medidas que expresan claramente el giro a derecha del gobierno kirchnerista haciéndose eco de las palabras que hace unos meses expresaba Berni en todos los medios de comunicación reclamando leyes más duras.
Mientras sectores del kirchnerismo dicen que este nuevo código ritual dejará atrás el sistema inquisitivo para pasar a uno acusatorio y más rápido, lo que hay detrás son reformas, como las referidas anteriormente, que implican una evidente violación al derecho de defensa en juicio y la garantía constitucional de presunción de inocencia que goza como derecho humano toda persona. Así estos derechos son papel mojado y el Estado podrá avasallarlos “legítimamente”, ni siquiera se garantizará el debido proceso que le asiste a toda persona, sea de la nacionalidad que sea.
La incorporación de un artículo que permita la expulsión de los inmigrantes que supuestamente cometan algún delito significa retroceder a principios de 1900 cuando fue sancionada la Ley de Residencia que tenía por finalidad perseguir a los trabajadores inmigrantes, en su mayoría anarquistas y socialistas, para luego deportarlos a su país de origen. Hoy implica la persecución y deportación de quienes tomen tierras reclamando por el derecho a la vivienda como fue en 2010 en el Parque Indoamericano, que corten una ruta reclamando por sus puestos de trabajo y mejores condiciones laborales como los trabajadores de Lear, o se manifiesten en las calles exigiendo justicia por un femicidio como fue el de Sandra Ayala Gamboa en La Plata.
En conclusión esta reforma del Código Procesal Penal no tienen nada de democrática. Todo lo contrario. Tiene un carácter altamente discriminatorio y abre paso para una avanzada criminalizadora basada en la estigmatización y persecución de los pobres e inmigrantes.
