CATALUNYA 9N. Una consulta que no será lo prometido

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, durante una de sus intervenciones en la sesión de control al gobierno catalán. 29/10/2014.
Fotografía: EFE/Alberto Estévez

En la Diada de 2012 más de un millón de personas salieron a la calle en favor del derecho a la autodeterminación. Una demostración de fuerzas que se repitió en la de 2013 y se superó este año con más de 1,8 millones de manifestantes. El año escogido para la consulta, 2014, tenía el simbolismo del tricentenario de la victoria borbónica que significó la centralización castellana de los territorios peninsulares. Millones esperaban que 300 años después los catalanes podrían decidir libre y soberanamente su relación con el Estado español.

Sin embargo desde el comienzo los diferentes actores del Régimen del 78 lo han hecho imposible. De un lado el Gobierno español y el principal partido de la oposición, con el apoyo de la reaccionaria judicatura del Tribunal Constitucional y el Supremo. Han ido suspendiendo judicialmente todo intento de consulta.

Esto no puede sorprender a nadie, la unidad indisoluble de España es un principio consagrado en la Constitución. No hay vías para ejercer el derecho de autodeterminación en sus marcos. Y ni siquiera para que se pueda conocer la opinión de los catalanes por temor a que ello aliente el movimiento democrático.
Del otro lado, y como dirección de este mismo movimiento, la dirección burguesa del mismo ha venido dando gato por liebre. Una estrategia de estirar los tiempos con un doble objetivo: desgastar el movimiento haciendo cundir el desánimo y sacándolo de la calle, y forzar alguna negociación con el Estado que poder vender para disuadir con una “oferta realista” a los cientos de miles que se han movilizado en las pasadas Diadas. Entre tanto no han escatimado en declaraciones pomposas en defensa de los derechos democráticos a las que muchos han dado más crédito que sus actuaciones.

La consulta ya nació con patas cortas. Maniatada por una Ley de consultas que reducía su carácter a no vinculante y por el principio, siempre manifestado por el Govern catalán, de que se respetaría la legalidad constitucional. Esto, como se demuestra ahora, era lo mismo que decir que la votación no se iba a llevar a cabo ni siquiera con carácter consultivo. Primero, con el veto del constitucional, se le quitó su carácter oficial convirtiéndola en una jornada de movilización más. Y ahora, con el rechazo al recurso de la Generalitat ante el Supremo, la Generalitat prepara un mutis por el foro y dejar la jornada en manos de las organizaciones independentistas.

Toda esta “rebaja” ha llevado a que el 9N se haya convertido en una jornada que es vista como patrimonio de los sectores independentistas, lo cual va en contra de animar a una alta participación y a que el resultado pueda convertirse en un ariete en favor de conseguir el verdadero ejercicio del derecho de autodeterminación.

Además son muchas todavía las incógnitas sobre qué será el 9N. No se sabe si los centros de votación podrán abrir. No sólo porque la Delegación del Gobierno central esté presionando a los directores de los colegios públicos para que no abran, también porque la misma Generalitat, por medio de su Conseller de Interior, ha dejado claro que si lo demanda el juez o el fiscal pondrá a los mismos Mossos d´Escuadra a retirar las urnas.

Que Artur Mas está conduciendo a un callejón sin salida la lucha por el derecho a decidir es un hecho. Las expectativas en el 9N que habían depositado millones como un paso en el camino a conquistar los derechos democrático nacionales de los catalanes, las está convirtiendo en papel mojado. Y es sobre esta frustración, sobre el sentimiento de “no se puede”, asentado en una dinámica de desmovilización, de sacar la cuestión de la calle, sobre la que quiere desplegar una reconciliación con el Estado central que se plasma en los llamamientos a retomar el diálogo el mismo 10N.

Lo que pase el 9N no será indiferente para la hoja de ruta de Mas ni para el Régimen del 78. Un 9N flojo va a fortalecer el desánimo. Es lo que buscan, en distinto grado, tanto el Gobierno central como la Generalitat, más allá de la gesticulación y el teatro de estas semanas sobre el que siempre ha prevalecido su “responsabilidad” y respeto a la ley. Por ello es importante llamar a que se produzca una alta participación. En el marco de que lo han reducido a una jornada de protesta más, que sea la más masiva y potente de las realizadas hasta ahora.

Pero además de esto es cada vez más urgente un viraje de 180 grados del movimiento por el derecho a decidir. Es necesario desembarazarse de la dirección burguesa de Mas, y con ella de su estrategia de negociación y diálogo con un Régimen anclado en la negación del derecho de autodeterminación a sangre y fuego. Las fuerzas políticas con más capacidad para haber levantado una alternativa no han estado a la altura. Desde la ERC hasta los diputados de la CUP, pasando por los eco-socialistas de ICV, han defendido los ejes fundamentales de la hoja de ruta del Govern en nombre de la unidad del bloque soberanista.

En contra de la “unidad con la burguesía nacional” que llevan adelante las principales fuerzas de la izquierda independentista como la dirección de la CUP, la experiencia de la misma consulta del 9N demuestra que sólo es posible conquistar el derecho de autodeterminación de la mano de la lucha de los trabajadores y los sectores populares. Ni la burguesía española cederá la soberanía sobre Catalunya en una mesa de negociación. Ni la catalana está dispuesta a poner en marcha las fuerzas sociales capaces de arrancárselo por temor a que ella misma sea barrida por ellas.

Es cada día más urgente ir construyendo un polo en el movimiento que levante una perspectiva diferente. Que apueste por la movilización social con los trabajadores al frente y en alianza con los del resto del Estado para derribar el actual Régimen y sobre sus ruinas poder abrir un proceso constituyente en el que las demandas democráticas como el derecho de autodeterminación puedan realizarse.