En el día de ayer finalmente se confirmó que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) no adherirá al paro del jueves 28. Esto generó diversas respuestas desde el sector gremial, empezando por el propio Hugo Moyano, quien lamentó que los compromisos del gremio con el gobierno le impidieran participar. Desde los medios se especula con dos posible motivos de la decisión: un reciente aumento en los subsidios a las empresas de transporte automotor que posibilitaría el cumplimiento del pago de un 30% de aumento en las ultimas paritarias, y el otorgamiento de un predio en el barrio de Once por parte del gobierno, para actividades del sindicato.

Verónica Zaldívar @verodivar
Miércoles 27 de agosto de 2014
Mucho se viene especulando también acerca de la presión que venía sufriendo el dirigente de la UTA, Roberto Fernández, tanto por el lado de la CGT Azopardo como por parte del gobierno.
Por parte de la CGT el interlocutor habría sido Omar Maturano, mientras que por el gobierno serían los ministros Tomada y De Vido los encargados, hombres con amplia trayectoria en relación con los gremios de transporte. La estocada final vino de la mano del jefe de gabinete Capitanich, quién durante los últimos días arremetió contra los sindicatos opositores y el paro desde sus habituales conferencias de prensa matutinas.
Fernández ocupa desde 2006 el sillón que dejó vacante su predecesor Juan Manuel Palacios, quien gobernó con mano de hierro el sindicato durante 22 años, desde 1984. En todos esos años atravesó distintas instancias de relación con los distintos gobiernos desde el advenimiento de la democracia.
Quizás uno de los momentos más álgidos haya sido durante los ’90, cuando junto a Hugo Moyano y Omar Viviani fundó la MTA, en el contexto de la ofensiva neoliberal que atacó ferozmente los derechos laborales y flexibilizó las condiciones de trabajo. Pero la dirigencia sindical supo acomodarse paulatinamente a las nuevas condiciones, concediendo conquistas a cambio de beneficios propios, y en caso de los gremios de transporte, quedándose directamente con partes redituables del negocio.
Palacios primero, y Fernández después, no fueron ajenos a esto. Ya bajo gobierno kirchnerista, el proceso de hiper concentración del transporte automotor en pocas manos tuvo su correlato en prebendas e incluso cargos importantes en el gobierno. El otorgamiento de subsidios a granel, política que el kirchnerismo aplicó enfáticamente en el sector del transporte, terminó de consolidar una relación de mutua conveniencia entre empresarios y burócratas, quienes fueron grandes defensores del mantenimiento de este sistema en el cual las cuantiosas sumas recibidas por los empresarios no eran sometidas a ningún control.
Roberto Fernández realizó en incontables oportunidades declaraciones a favor del otorgamiento de subsidios a las empresas de transporte colectivo, ligando el salario del trabajador a los jugosos negociados del gobierno y los empresarios del sector.
La fiesta de los subsidios pareció funcionar de maravillas durante muchos años, hasta que la gran crisis desatada por la tragedia de Once y la necesidad del gobierno de disminuir parte de las erogaciones en este rubro, puso sobre el tapete un sistema plagado de irregularidades y donde hasta los más altos funcionarios quedaron expuestos y debieron abandonar sus cargos. Salvo De Vido y Tomada.
Hay que recordar que la UTA es un gremio con mucho "poder de fuego", ya que agrupa a los chóferes de corta, media y larga distancia, y por lo tanto tiene la capacidad para paralizar gran parte de la actividad del país. Por eso tanto el gobierno como la CGT Azopardo estuvieron hasta último momento intentando influir en la decisión de la cúpula sindical.