El ministerio de sanidad ha rechazado la petición de Madrid de pasar a fase 1. Crisis en la Comunidad dirigida por Ayuso, despues de la dimisión de la directora general de Salud Pública.
Elías Lavín Madrid
Sábado 9 de mayo de 2020
Los informes para justificar la petición de pasar a la fase 1 fueron enviados al Gobierno sin contar con el respaldo de la directora de Sanidad de la Comunidad, encargada de gestionar la crisis en Madrid. Ayuso reconoció que había tomado la posición de hacer esa petición tras reunirse con “sectores económicos”. Una muestra clara de que no importa la salud de la población, sino las ganancias de los empresarios.
"Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando, pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", afirmaba Ayuso.
En su misiva, en cambio, la directora dimitida, Fuentes, afirma, según ha publicado Servimedia, que la decisión de Ayuso y Aguado “no ha estado basada en los criterios de salud”. Las limitaciones al estado de alarma, continuaba, no se están basando en indicadores epidemiológicos y asistenciales, indicadores que la Comunidad de Madrid no cumple, sino que se están basando en cuestiones económicas y políticas.
La presidenta ha nombrado a Antonio Zapatero, el encargado de la dirección del hospital de campaña del Ifema, para ocupar el puesto de Fuentes. Ayuso pretende con esto reforzar la campaña propagandística del PP en torno a lo que autodenomina “milagro Ifema”, y salvar la crisis interna. La presidenta afirma que ya planteaba una reestructuración, pues la consejería de salud estaba siendo excesivamente cautelosa: "ya sabemos que el virus estará entre nosotros por dos años. Queremos una consejería proactiva". Estas críticas a la consejería no sólo se deben a la dimisión de Fuentes, como ha informado El Mundo, sino que ya ha habido enfrentamientos del propio consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, con Ayuso e Ignacio Aguado, al plantear la necesidad de esperar una semana más para solicitar la entrada en la fase 1.
A pesar de que Ayuso afirma que la Comunidad cumple con los parámetros requeridos para pasar de fase tanto en camas de hospitalización, UCIs y PCR, no tiene intención de incrementar los recursos de la sanidad ni de asegurar las condiciones laborales de los sanitarios. Es en esta línea que la aclamada prolongación de los 8.000 contratos del personal sanitario de refuerzo no ha sido formalizada.
La comunidad autónoma, con más de 6 millones de habitantes, ha de precisar de 24.575 a 26.568 plazas en hospitalización y de 996 a 1.328 camas de UCI, según los criterios de Sanidad. El gobierno regional afirma tener dicha capacidad, pero basándose en el número de camas que se han establecido precariamente cuando los hospitales atravesaban el punto más crítico de la pandemia. Esto es, teniendo en cuenta las nuevas camas que se introdujeron en habitaciones que vieron duplicada e incluso triplicada su capacidad, y contando con el hospital de campaña montado en el Ifema. El PP, adalid de los recortes en sanidad, apuesta por normalizar esta situación de excepcionalidad durante el tiempo que dure la pandemia en vez de dotar de nuevas infraestructuras, de recursos y personal a los hospitales públicos madrileños.
Madrid acumula el 34% de los pacientes ingresados por covid-19 (41.159 del total de 121.014), el 31% de los casos que entraron en UCI (3.485 de 11.140) y el 32,62% de los fallecidos (8.504 de los 26.070 en el resto del Estado). El miércoles se registraron 86 contagios nuevos en la Comunidad, la tercera con mayor número tras Cataluña (266) y Castilla y León (105). La incidencia acumulada es de 58,26 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
En Madrid se concentra el 23,36% de nuevos ingresos, el 34,48% de nuevos críticos y el 17,84% de los nuevos decesos. Ayuso ha quitado importancia al incremento de infectados que conllevaría la entrada en la fase 1 a pesar de los números que arrastra la Comunidad, afirma que es inevitable y que "va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir, pero no estamos como en febrero". La presidenta no hace alusión a que la ausencia de tests masivos para el conjunto de la población hacen que, como en febrero, se desconozcan los asintomáticos. El gobierno regional ignora intencionadamente este problema y echa balones fuera afirmando que será responsabilidad en el plano individual el que salgamos de esta crisis.
La Atención Primaria, que los sanitarios advierten como fundamental, no ha visto revertida los años de recortes que acumula en sus instalaciones y personal. Son estos centros, sin embargo, los que estarán encargados de realizar los tests, hacer seguimientos y atender todo tipo de pacientes para evitar que vuelva a haber rebrotes. Sus recursos y plantillas no se han visto reforzados, por lo que se presume que sufrirán a una sobrecarga de trabajo considerable, a la que se suma el desgaste de su personal, que fue derivado al Ifema y a los hoteles medicalizados en los momentos más duros de la crisis. Los trabajadores derivados retornan ahora a la Atención Primaria a continuar ahí con su labor.
El Ministerio de Sanidad negó este viernes la solicitud del gobierno de Madrid y se ha inclinado por "esperar a que el sistema de detección de la Atención Primaria esté más afianzado para el cambio de fase".
Más allá de las disputas entre el gobierno de Sánchez e Iglesias con el gobierno de Madrid, lo que está claro es que ninguna de las partes tiene ningún plan para "desescalar" la crisis sanitaria siguiendo hasta el final los criterios científicos. La propia OMS ya apuntaba lo imprescindible de tests masivos para el conjunto de la población y así poder aislar los focos de infección.
El plan económico para paliar la crisis se basa en las recetas de siempre. Mientras, el “gobierno más progresista de la historia” rescata las ganancias de las grandes empresas, la realidad es cada vez más cruda para millones de trabajadores que ya sufren el desempleo, pérdida de ingresos, ERTES, y precariedad. Las ayudas a los pequeños negocios no llegan. Ni el gobierno de Sánchez ni mucho menos el PP, están dispuestos a tocar los intereses de los grandes empresarios, sí están dispuestos, por el contrario, a hacer cargar todo el peso de la crisis sobre el conjunto de la población trabajadora, las mujeres y la juventud.
