Coparticipación. Una "guerra" por la caja del Estado donde nadie cuestiona el ajuste del FMI

El presidente Alberto Fernández desconoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que busca favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos que destina Nación. Y recusará a los jueces. El fallo indica que el Gobierno nacional deberá pagarle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta el 2,95% de la coparticipación.

Con esta medida judicial, Juntos por el Cambio busca restituir la porción de fondos que, por decreto del expresidente Mauricio Macri, había destinado a la Ciudad de Buenos Aires. Otro favor de la cuestionada corporación judicial a la oposición de derecha.

Este conflicto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se da en un contexto donde el único respiro que tuvo el pueblo trabajador fue la inmensa alegría que provocó la selección argentina de fútbol al traer la copa del mundo. La crisis económica y social sigue su curso y no perdona las fiestas de fin de año; tampoco el ajuste que aplican los gobiernos en el marco del pacto con el FMI. El Indec continúa registrando un aumento en la precarización laboral y ésta semana dio a conocer que la mitad de los asalariados gana solo $70.000 mensuales.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, este viernes anunció que va a denunciar a los funcionarios responsables que no cumplan con lo dictado por jueces. “El presidente pretende violar el orden constitucional”, dijo. Pero el oficialismo juega la carta de acusar al Poder Judicial de inmiscuirse en asuntos que son del Poder Ejecutivo.

El gran empresariado nacional intervino en beneficio de Juntos por el Cambio. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia, IDEA y Carbap salieron a pedirle al Gobierno que acepte el fallo por coparticipación de la Corte Suprema. Son las mismas cámaras empresariales que se vienen beneficiando por la pulverización de los salarios y el aumento en la precarización laboral; y las mismas que aplaudieron el acuerdo de ajuste y sometimiento al FMI.

Alberto Fernández había señalado que la Corte dio la orden de aumentar en 180 mil millones de pesos los fondos destinados para la CABA, “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto”. Y que lo que buscan es beneficiar a Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del año 2023. El oficialismo tiene de su lado a los gobernadores peronistas, a quienes intentó tranquilizar planteando que es un fallo de “imposible cumplimiento”. El presidente no quiere que le arruinen las cuentas fiscales que han ajustado, con la aprobación de ambas coaliciones en el Congreso.

Se trata de una fisura más, dentro del régimen capitalista argentino, con partidos y poderes en crisis, que vienen deslegitimados por distintos escándalos de corrupción y por mostrarse cada día más alejado de las necesidades de las mayorías trabajadoras y populares. Así lo denunciaba la legisladora del FIT, Alejandrina Barry, en la pasada sesión extraordinaria de la Legislatura porteña “Aquí estamos viviendo un nuevo capítulo de la disputa de los partidos tradicionales por la caja del Estado donde la población es rehén. Una disputa entre el gobierno nacional, de la Ciudad y gobernadores que se pelean por una caja que no viene a solucionar ninguno de los problemas de las mayorías populares”.

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Así las cosas, no sorprende que el empresariado nacional ponga sus fichas en defensa del Poder Judicial, el más antidemocrático de todos los poderes constituidos. Y, en particular, de la Corte Suprema, cabeza de ese poder, que en muchos casos funciona como una especie de árbitro en la situación política, definiendo a favor o en contra de las distintas fracciones políticas del régimen capitalista.

Donde seguro no hay fisuras, es a la hora de aprobar las leyes de ajuste al servicio del FMI y los recortes en el Presupuesto 2023. Es decir: a la hora de descargar la crisis sobre el pueblo trabajador y pobre.