LEY ARAGONÈS. Una ley que abre la puerta (aún más) a las privatizaciones y la precariedad laboral

El proyecto, que lleva el sello del conseller d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, está en visos de ser tramitada y aprobada por el Parlament de Catalunya con el aval de todas las formaciones del arco parlamentario, a excepción de la CUP y Catalunya en Comú.

Esta Ley que pretende regularizar la mercantilización de los servicios públicos, será aprobada con el objetivo de impulsar un marco más concreto para la externalización de los servicios por parte de las empresas privadas.

Esto, en la práctica facilitará, todavía más, multiplicar los beneficios de los grandes empresarios y potentes multinacionales que ya vienen desde hace años posando sus garras sobre los servicios públicos más esenciales a costa de empeorar la calidad de los mismos, además de profundizar en una precariedad laboral que, a su vez, viene siendo la principal palanca para la recuperación económica del Estado español durante estos últimos años.

Así lo viene denunciando y combatiendo la Plataforma Aturem la Llei Aragonès. Una plataforma de la que forman parte más de un centenar de colectivos sociales, junto a diferentes organizaciones políticas y sindicales, y que lleva meses movilizándose con el objetivo de parar la tramitación de la ley y que se apruebe en el Parlament.

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Con la regularización administrativa de las privatizaciones por parte del Govern de la Generalitat, servicios como la educación, la sanidad o los trabajos de cuidados hacia los sectores más necesitados se verán reducidos en manos de los intereses capitalistas, repercutiendo en las necesidades básicas de los usuarios.

Sin embargo, como decimos, las externalizaciones de los servicios públicos, así como el empeoramiento de su calidad y la profundización de una precariedad laboral cada vez más acentuada, viene de lejos. Desde el inicio de la crisis económica, allá por el 2008, las privatizaciones de los servicios públicos han sido fuente de los mayores ataques, junto a los recortes y las reformas laborales hacia la clase trabajadora y el resto de sectores populares en todo el Estado español.

Con los ajustes económicos, en Catalunya el presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 a 8.200 millones en tan solo tres años. No obstante, en el mismo periodo, el grupo privado IDC pasó a recibir más de 127 millones de las arcas públicas, tan solo por poner un ejemplo del impulso que vienen recibiendo las empresas privadas en ámbitos públicos como la sanidad.

En cuanto a la educación, en 2015 la CUP ya denunciaba el cierre de líneas de P3 de escuelas públicas en diferentes municipios catalanes, todo ello en favor del mantenimiento de los conciertos educativos de la Generalitat con numerosos centros privados.

Como paradigma de esta relación entre lo público/privado nos topamos con el Opus Dei. Ese mismo año, la CUP denunciaba que “las escuelas del Opus Dei, que segregan por cuestión de género han recibido de 2010 a 2014 100 millones de euros y ahora se renuevan estos conciertos, a pesar de que el Tribunal Supremo prohíbe a la Generalitat subvencionar a estos centros”.

Tan solo dos ejemplos, pero que sirven bien para ilustrar como la Generalitat lleva años con una línea de pauperización de lo público a costa de favorecer a las empresas privadas. La Ley Aragonès, en este sentido, no solo mantendrá esta política, sino que abrirá las puertas de par en par para la normalización de las privatizaciones de los servicios más básicos.

Como decíamos, solo la CUP -formación que viene impulsando también la Plataforma Aturem la Llei Aragonès- y Catalunya en Comú, han rechazado dicha Ley y se oponen a su aprobación en el Parlament.

Sin embargo, los Comunes tienen razones de peso -o más bien electorales- para no situarse a favor de una ley anti-social y que mermará los servicios públicos a base de privatizaciones y precariedad, como hicieron en un primer momento.

Y es que, por su parte, los Comunes vienen manteniendo y profundizando la misma política privatizadora en los ayuntamientos donde han gobernado o gobiernan, con Barcelona en Comú y Ada Colau a la cabeza.

En mitad de su primer mandato municipal, Ada Colau y su equipo lamentaban que la remunicipalización de uno de los servicios más esenciales como la asistencia a domicilio era “imposible con el marco legal actual”.

La “alternativa” no fue otra que la renovación de la concesión del servicio a Accent Social, cuyo propietario es, ni más ni menos que Florentino Pérez, presidente también de ACS, una de las empresas punteras del IBEX 35, permitiendo así que se siguieran generando beneficios millonarios a costa de los servicios más esenciales y la más absoluta precariedad laboral. Todo ello, además, junto a un gran número de servicios públicos que, lejos de ser remunicipalizados, como venía en su programa electoral de 2015, han seguido bajo gestión privada.

Sin duda, en los gobiernos municipales, las instituciones con mayor gestión pública, es donde más se ha visto hasta el momento la política de genuflexión de los “ayuntamientos del cambio” ante los intereses de los grandes capitalistas.

Ante los aires de una nueva recesión en el panorama internacional, la Ley Aragonès es también un punto de partida para profundizar en una mayor precariedad laboral y que las crisis venideras las sigan pagando los mismos de siempre, la clase trabajadora, y en especial los sectores más desprotegidos como las mujeres, la juventud y los y las inmigrantes.

Ante la inminencia de la aprobación de la Ley Aragonès que no solo mantendrá la precariedad laboral, sino que la agravará y la expandirá hacia múltiples sectores, hasta ahora impensables, la plataforma Aturem la Llei Aragonès defiende en su manifiesto unos “servicios públicos de calidad, de titularidad, gestión y provisión 100% pública, con la participación activa de usuarios/as y trabajadores/as, como garantía de los derechos universales y como principal motor de la economía”.

Masivizar este movimiento entre todos los sectores para imponer medidas como la internalización de los servicios públicos que hoy ya están en manos de grandes empresas privadas, sin ningún despido y bajo gestión de los propios trabajadores, es el primer paso para empezar a poner los cimientos para garantizar en su conjunto la gestión pública y atacar consecuentemente el grave problema de la precariedad laboral y el desempleo.