Desde hace un año el Estado provincial cortó las prestaciones y tratamientos a un joven con discapacidad poniendo en riesgo su salud. Su madre, Marcela Pomerantz, viene denunciando esta situación ante la justicia, en particular a Marcelo Gieco, coordinador provincial del Programa Médico Obligatorio, y a la abogada Marianela Tuttolomondo.
Lunes 30 de octubre de 2023
El reclamo de Pomerantz es que el programa Incluir Salud y el Programa Médico Obligatorio proporcione una atención integral y adecuada a su hijo. Esto significa que se reestablezcan los derechos que durante cuatro años garantizaron un tratamiento acorde a las necesidades de su hijo.
La historia de este recorte comienza en 2017 cuando Gieco y Tuttolomondo pidieron la nulidad del tratamiento. En aquel momento la justicia estableció la continuidad de las prestaciones que recibía el joven, sin embargo, el año pasado un nuevo fallo a cargo del juez Ezequiel Zabale da marcha atrás dejando “al funcionario Gieco el poder de decisión sobre un medicamento, una práctica, un equipo médico tratante y el consentimiento informado”, según denuncia Pomerantz.
Además de concentrar sus esfuerzos por recortar derechos Gieco tiene antecedentes por violar la cuarentena en dos fiestas clandestinas, por lo que tuvo que renunciar a su cargo de director de discapacidad. Más recientemente, fue denunciado penalmente por cobrar un plan de fomento del Ministerio de Cultura mientras era funcionario en otro ministerio, cuestión que la normativa prohíbe.
Pomerantz sostiene que la mayoría de las personas afiliadas a Incluir Salud no desean esa cobertura debido a que las prestaciones son bastante deficientes y los prestadores reciben los pagos con muchos meses de retraso. También destaca las malas condiciones de los efectores públicos donde se brinda atención a su hijo. Pomerantz aboga por un mayor presupuesto para la salud mental y una atención de calidad, que garantice las necesidades individuales de cada persona, ya que no todos tienen las mismas necesidades de tratamiento.
