Una tabla de diálogo que no deja ninguna concreción sobre la despenalización y la represión en Catalunya, y que lejos de avanzar en lograr la amnistía y la autodeterminación, sirve para restablecer puentes entre ambos gobiernos de cara a sus intereses.
Miércoles 27 de julio de 2022
Finalmente, este miércoles se ha celebrado una nueva reunión (apenas la tercera) de la mesa de diálogo entre miembros de los gobiernos del Estado español y catalán, después de que hace dos semanas Pedro Sánchez i Pere Aragonès se reunieran por primera vez después del caso de espionaje a los dirigentes processistes con el programa Pegasus.
En esta ocasión, igual que en la última reunión de la mesa, ambos presidentes no han formado parte de las delegaciones que se han reunido. No obstante los resultados de la misma no se han diferenciado en nada del que ya avanzaron el pasado 15 de julio.
Los que también se han desmarcado de la mesa de diálogo como en la última reunión ha sido la formación de JxCat, socios del gobierno de la Generalitat.
Al acabar la reunión de hoy, ambas delegaciones han reconocido que se ha llegado a dos acuerdos. Estos serían por un lado "superar la judialización de la política y reforzar el diálogo", y por otro lado "el impulso y la protección del catalán".
No obstante, Felix Bolaños, ministro de la presidencia y uno de los representantes de la delegación de Moncloa, en rueda de prensa después de la reunión, ha matizado sobre el primer acuerdo que no se contempla "parar las causas judiciales" que afectan al independentismo, y que hoy son ya más de 4.000.
En realidad, este principio de desjudicialización, que por otro lado dice perseguir ERC como moneda de cambio para seguir apoyando al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, no contiene ninguna resolución efectiva que pueda garantizar la libertad y los derechos perseguidos a golpe de toga y porra desde el uno de octubre del 2017. De hecho, el documento que se ha hecho público después de la reunión se expresa en términos de voluntades y compromisos, como no podía ser de otra forma.
En este sentido, una de las cuestiones que llegó a estar sobre la mesa (la de diálogo no) era la reforma del Código Penal y que incluiría reformar el delito de sedición, el cual fue el principal delito de acusación contra los presos políticos processistes. No obstante, este punto de la reforma del Código Penal que fue anunciado por el mismo gobierno de Pedro Sánchez fue descartado tan buen punto tuvo su efecto mediático como parte de las medidas "de izquierda" de las últimas semanas.
Nos referimos, evidentemente, al "giro a la izquierda" del gobierno de Sánchez para tratar de marcar distancia con la derecha del PP y que tuvo su momento más álgido con el debate del Estado de la Nación y las medidas sociales que se anunciaron allá.
Con las próximas elecciones generales previstas para noviembre de 2023, Sánchez busca ahora reforzarse políticamente y sobre todo mantener la estabilidad parlamentaria durante el último tramo de legislatura. Sobre todo, ante los malos resultados electorales en Comunidades como Castilla y León y Andalucía, que pueden anticipar un giro electoral a la derecha.
Por todo esto, ERC es un socio indispensable, y por tanto, la mesa de diálogo, aunque carezca de contenido y resoluciones, no es otra cosa que un engranaje más para conseguir el giro "cosmético" a la izquierda de un gobierno que se llama el "más progresista de la historia", pero que está plenamente alineado con la política imperialista europea del rearme. Incluso en algunas cuestiones situado como punta de lanza, como es la consideración de que la OTAN incluya la frontera sur de Europa en sus planes de defensa.
Por otro lado, para poder lograr la desjudicialización del conflicto catalán es necesario que el propio gobierno de la Generalitat no esté alineado con el Estado español en la represión contra miles de activistas de la izquierda independentista, inmersos en causas judiciales, y en las que el gobierno de Aragonés actúa como acusación. Hay que recordar, como señalábamos más arriba, que actualmente son más de 4.000 las causas abiertas desde el referéndum del 2017, y que van mucho más allá de la persecución a los dirigentes processistes.
Y en cuanto a "el impulso y la protección del catalán", este acuerdo no es más que la re-validación (el PSC ya había votado a favor en su momento) por parte del gobierno español del decreto ley que establece un nuevo marco legal y el aprobación de una ley por parte del Parlament para supuestamente blindar el catalán en las escuelas e institutos.
Leyes, no obstante, que ahora mismo están sobre la mesa del Tribunal Constitucional y que cuando sean tumbadas, no solo será respetado por parte del gobierno de Pedro Sánchez desde el Estado español, sino también desde el gobierno Aragonés.
Y es que si nos fijamos en la letra pequeña, la Generalitat, en su decreto ley establece que ambas lenguas sean de “uso curricular y educativo”, dejando el catalán como única lengua vehícular, hecho que en la práctica acaba con la inmersión lingüística en las escuelas catalanas. Algo que ejemplifica que desde el gobierno catalán solo se persigue la búsqueda de fórmulas jurídicas para no enfrentar y rechazar frontalmente la sentencia.
Más allá de estos acuerdos que no son más que definiciones abstractas y papel mojado, cualquier tipo de exigencia sobre la amnistía y el referéndum por el derecho a la autodeterminación (por mucho que Aragonés insista), no es tan solo que estén fuera de los marcos de la mesa de diálogo, sino que perjudicaría seriamente el logro del incremento y celeridad en el reparto de la partida de los fondos europeos que corresponde en Catalunya. Es decir, conseguir una mayor financiación e infraestructuras para Catalunya, tal y como viene exigiendo en las últimas semanas el consejero de Economía Jaume Giró.
Una hoja de ruta que, en la práctica, le está sirviendo al gobierno de la Generalitat para volver a la senda del autonomismo mientras vende las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir y la lucha contra la represión en Catalunya por un puñado de millones que beneficiarán a los representantes del Cercle de Economia y de Foment. Pues estos son los intereses reales tanto de ERC como de JxCat, más allá que la táctica para calmar las aguas difiera entre ambas formaciones políticas.
Frente a esto, la única salida para un verdadero embate con el Estado español que tenga como objetivo lograr la amnistía como forma de desjudicialización y el derecho a la autodeterminación, es poner de pie una izquierda fuerte, con un programa anticapitalista, bajo una perspectiva de independencia de clase e impulsar movilizaciones en las calles que no estén controladas por los mismos partidos processistes.
