JUNÍN. Una muerta más por aborto clandestino: quiénes son los responsables

Este domingo, en el Hospital Abraham Piñeyro de Junín, en la provincia de Buenos Aires, una mujer de 40 años murió después de sufrir fuertes dolores y una infección generalizada. Mientras la justicia "interviene", su familia denuncia que fue a causa de un aborto clandestino.

El fiscal Javier Ochoaizpuro, que atiende en la causa, sostiene que la "circunstancia" del aborto le habría provocado "un cuadro con infección abdominal que generó la muerte". En caso de confirmarse, agregó, "el paso siguiente es tratar de determinar quién habría sido el responsable de esa maniobra", aunque aclara que "hay versiones" en plena investigación.

La confirmación de los hechos, como siempre, vino este miércoles por el lado de las organizaciones sociales y feministas, que se ocuparon de circular lo que los grandes medios ocultan.

Otra muerta por aborto clandestino.
El Estado es responsable.
Un año de un nuevo gobierno y todavía no tenemos #AbortoLegal2020
¿Cuántas muertes más tenemos que esperar? https://t.co/zuOG26abCc

— Celeste Mac Dougall (@celestemacdou) August 12, 2020

Los responsables

Desde el Poder Judicial, como sucede siempre, apuntan a la víctima y al caso individual. Dependiendo de la procedencia, dependiendo de su clase social, investigarán tal vez si esas "circunstancias" fueron las de una clínica clandestina, o la de sala improvisada, o la de un medicamento sin adecuado seguimiento. No importa su nombre, no importa su desesperación, no importan ni las causas que hace cien años reconoce el artículo 86 del Código Penal.

Tampoco importa el Protocolo 2020 que promovió en su momento la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Estela Díaz. Aunque se planteó como un gran paso de la gestión de Kiciloff, por el reconocimiento particular de los impedimentos y limitaciones que impone la pandemia, la realidad es que sigue habiendo muertas debido a la penalización. Por eso todas las medidas formales se van con la vida de cada mujer que muere en la clandestinidad.

Por eso no alcanza simplemente con la sanción de protocolos, de guías para la actuación de profesionales y médicos. Lo dice hasta la propia Organización Mundial de la Salud. Y los responsables no son simplemente los laboratorios o clínicas privadas que lucran con la clandestinidad y la desesperación de quienes no quienere o no pueden, por el motivo que sea, convertirse en madres o tener un hije. Son los gobiernos, los partidos mayoritarios, las instituciones del Estado y las cúpulas clericales. Hacia allí hay que apuntar la mirada si se quiere terminar con las muertas y con las presas y con las miles de personas que sufren graves secuelas por aborto clandestino.

Alerta para la marea verde

El mismo fin de semana en que una mujer de 40 años moría en la provincia, Alberto Fernández confirmaba que está decidido a avanzar con la reforma judicial, con el pago a los bonistas y al FMI, pero no con la legalización del aborto. Así lo sugería este martes a la radio Futurock.

Sus declaraciones llegaron días después de conmemorarse los dos años del rechazo del Senado, en medio de un silencio ensordecedor por parte del oficialismo y de la oposición mayoritaria. Salvo un tuit de Elizabeth Gómez Alcorta, desde su cuenta personal, casi no hubo referencia a este tema desde la gestión del Estado nacional.

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Es un dato objetivo y hay que señalarlo, porque además este mismo din de semana se cumplieron 5 meses de aquel discurso de apertura de las sesiones ordinarias, en las que Fernández anunció el envío de una ley alternativa a la de la que propone desde hace 15 años la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El proyecto nunca llegó y la ley que propone la Campaña, que contó con el apoyo de la enorme marea verde del 2018, así como de 72 diputados y diputadas de todos los bloques que lo acompañaron con su firma, convirtiéndolo en uno de los proyectos con más firmas de apoyo en la historia del Congreso, podría perder estado parlamentario por octava vez consecutiva al finalizar el 2020.

Un mecanismo repetido

Un mecanismo siempre se repite, y ahora se empieza a ver de nuevo: primero, los rumores surgidos de algunos medios; luego, las declaraciones confusas de algunos funcionarios; después, la declaración presidencial. Podríamos ir al mes de marzo de este año, a las declaraciones y vaivenes ante el llamado de las Iglesias a movilizar contra el aborto en el Día Internacional de las Mujeres, o al mes de junio, en el marco de una nueva movilización por Ni Una Menos, y nos encontraríamos con argumentos muy parecidos: “estamos a favor, pero no es el momento”.

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Algo así, de hecho, es lo que dijo también el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, en diálogo con La Red. ¿Cuál fue su argumento más "sólido"? Que "estamos de acuerdo" y que "si no hubiera pandemia", el debate "se hubiera abierto este año". Pero entonces...¿este año tampo es?

Chequeado

Pero este argumento, que escuchamos desde el inicio del aislamiento social, preventivo y oligatorio, es falso. Falso de toda falsedad, como decían las abuelas.

Justamente, los propios datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación, señalan que entre 2005 y 2015, es decir, bajo la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner (momento en que el oficialismo contaba con mayoría automática en ambas Cámaras), hubo unos 70 mil egresos anuales por aborto en establecimientos públicos y privados, y el 98% de las internaciones en hospitales -también según esos cálculos oficiales- se hubieran reducido con la legalización de la práctica.

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Hoy, a la luz de una pandemia que entre otras cosas profundiza una alarmante crisis sanitaria, esto es algo que además podría permitir no sólo que las personas gestantes puedan decidir sobre su cuerpo, acceder a la información necesaria, así como al sistema de salud, sino que también permitiría que pacientes con Covid puedan acceder a una cama que en este momento está ocupada por abortos mal hechos, realizados en la clandestinidad. No es un dato menor: en Argentina, también según datos oficiales, se estima que entre 450 mil y 500 mil personas abortan cada año.

Gente que no

Las alianzas de los partidos mayoritarios, del oficialista Frente de Todos, de las distintas variantes del peronismo, y de Cambiemos, tampoco son menores. Alianzas con las cúpulas de las iglesias; alianzas con los gobernadores antiderechos; alianzas con los legisladores y legisladoras: los dinosaurios, una casta completamente alejada de la necesidad de amplia mayoría de las personas gestantes, y completamente antidemocrática, como mostró justamente la lucha de 2018 por el derecho a decidir.

Hoy, de hecho, vemos que esas alianzas han dado paso a un avance de estos sectores en varias provincias, donde se han incorporado a distintas carteras del Estado, como en Chaco, Formosa, Tucumán, o más recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acaba de imponer medidas más restrictivas sobre el Protocolo de Interrupcipon Legal del Embarazo (ILE), sino que incluso sentó un precedente tan peligroso como el de la objeción de consciencia institucional (y no sólo personal), sin que ningún funcionario de la Nación, ni siquiera Ginés González García, el autor del Protocolo 2020, digan nada.

Las consecuencias de esta política, que fortalece a los sectores más reaccionarios, las pagan todas las personas gestantes, pero sobre todo, las más jóvenes y pobres, que son las que pierden la vida, las que quedan presas, o las que sufren graves consecuencias en la salud.

Las declaraciones de Alberto Fernández preocupan, justamente, porque seguirán manteniendo esta realidad. Y postergar el debate para el 2021, ya sabemos, no es un argumento muy realista: todos los años electorales, esos mismos partidos mayoritarios, acuerdan "esperar" hasta la nueva conformación del Congreso Nacional. Es una película que ya vimos.

Hoy, en medio de la crisis económica, social y sanitaria, los obstáculos se multiplican para las mujeres. Hay jóvenes presas por el "delito" de aborto no punible en provincias como Santiago del Estero; hay muertas por abortar en Formosa, en La Matanza, ahora un nuevo caso en la localidad de Junín. Casos de los que nos enteramos menos todavía en momentos de pandemia, que también impone mayores condicionamiento para acceder a este y otros derechos secuales y reproductivos.

El aborto legal debe ser ahora, porque siguen muriendo mujeres y personas gestantes. Y debe ser con la inmediata separación de las iglesias del Estado, porque es inadmisible que estas instituciones sigan decidiendo sobre las políticas públicas. El 28 de Septiembre, Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, debería convertirse en una gran jornada, de vuelta a las calles, de confianza en la propia fuerza, para exigir que se terminen las dilaciones y que el aborto sea ley, porque las vidas de las mujeres y de las personas gestantes, también importan.