Los responsables del centro de salud no tramitaron su petición de eutanasia, presentada en el mes de junio.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 9 de noviembre de 2021
Los hechos ocurrieron este sábado en la capital aragonesa. Emilia, de 83 años y vecina del barrio Las Fuentes, decidió poner fin a su vida arrojándose por la ventana de su vivienda.
Emilia padecía una luxación de cadera congénita cuya evolución fue empeorando en los últimos años, lo que le suponía un dolores permanentes y postración en cama. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), decidió realizar la tramitación ya en el mes de junio, a pocos días de la aprobación de esta ley.
Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón denuncian que Emilia y su familia se encontraron con muchas trabas administrativas por parte del centro de salud e incluso la objeción de su médica de cabecera. Señalan que esta familia “ha vivido en el silencio administrativo durante un tiempo, en la espera diaria de que avisarían”.
De nuevo nos encontramos con un caso en el que la ley no garantiza un derecho, por los prejuicios y las trabas del sistema de salud. Como añade la asociación: “vemos que será preciso seguir luchando para lograr que se lleve a efecto lo aprobado en el Parlamento español por abrumadora mayoría”.
El derecho a una muerte digna, así como otro tipo de derechos como el aborto, son cuestionados y tratan de ser negados continuamente, desde instituciones retrógradas y reaccionarias como la Iglesia católica, con el sistema de objetores de conciencia, o desde el propio el sistema de salud. Hay que continuar la lucha para que casos como el de Emilia no se repitan.