A ocho años del pacto con Chevron, el gobierno ultima detalles de un nuevo proyecto de ley a la medida de las petroleras. Libre disponibilidad de divisas, baja de regalías y otros impuestos, congelamiento de retenciones, con el eje puesto en aumentar las exportaciones para pagar la deuda.
Sábado 28 de agosto de 2021 12:21
El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas desembarcará en el Congreso luego de un largo recorrido por escritorios de funcionarios de distintos niveles y jurisdicciones, CEO’s de las principales empresas y burócratas sindicales.
Como ya es costumbre en la previa a las modificaciones de normas que ordenan el juego de los hidrocarburos, sobra pirotecnia electoral. Los miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), le reclaman conocer los detalles del proyecto al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirma que la ley violaría la autonomía provincial, y que no puede bajar más impuestos de lo que ya los bajó en la era Macri. Lo cierto es que ninguno de los actores involucrados pone en discusión lo central: hay que garantizar mayores beneficios a las petroleras.
Al cierre de este artículo aún no se conoce la letra definitiva del proyecto. Sin embargo, el borradorpublicado en un medio especializadohace casi dos meses no solo no fue desmentido sino que fue tomado como base para la reciente crítica que realizó el actual director del Banco Nación, y miembro de la coalición gobernante, Claudio Lozano. A juzgar por los comunicados y voces oficiales, lo esencial de ese borrador se conservaría.
Claves de una nueva apuesta al saqueo extractivista
El objetivo central del proyecto es fomentar el aumento en la producción de gas y petróleo, permitiendo saldos exportables para generar divisas. Desde el vamos, según se desprende del propio discurso oficial, lo que ordena la política energética no son las necesidades de la población o la “transición energética” de la que hablaron últimamente, sino conseguir dólares para pagar la deuda externa. Como lo confesara el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se trata de algo que “no se puede hacer sin contaminar”.
La lógica general del proyecto es otorgar beneficios para la producción incremental, es decir, la que supere los niveles de producción actuales.
El régimen establecido por la ley tendrá vigencia por 20 años. Este no es un aspecto menor. Mientras a nivel internacional la propia ONU alerta sobre la emisión de gases de efecto invernadero y las consecuencias catastróficas del cambio climático, para el gobierno es deseable que durante las próximas décadas la producción de combustibles fósiles, lejos de disminuir, aumente.
En el caso del petróleo, las empresas podrán exportar desde un 20% y hasta un 60% de su producción incremental (en función del porcentaje de incremento, y de la cobertura del mercado interno). En el caso del gas, el volumen de exportaciones autorizado depende de otros factores.
Se les garantiza a las empresas la libre disponibilidad del 50% de las divisas obtenidas por las exportaciones de gas y petróleo. Es decir que no deberán liquidar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) la mitad del Volumen Exportable Beneficiado (VEB). En el caso del Gas Natural Licuado (GNL), la libre disponibilidad será del 60%. Dólares que vienen y se van.
Las retenciones a las exportaciones, reducidas de un 12 a un 8% por la “ley de solidaridad” impulsada por Fernández previo a la pandemia, tendrán un techo del 8%, y se reducirán cuando la cotización del barril de Brent baje. Para el GNL, las retenciones oscilarán entre un 4 y un 6%.
Se plantean devoluciones del 40% de derechos, aranceles y otros gravámenes a la importación de bienes de capital. En el caso de los proyectos off shore (costas afuera, es decir en el mar), esas devoluciones podrán ser de hasta el 60%.
Se establecen amortizaciones en el pago de impuesto a las ganancias y devoluciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Las provincias que adhieran al régimen, deberán cobrar para la producción incremental regalías con un techo del 8%. Es decir, 4% menos que en la actualidad. En el caso del impuesto a los ingresos brutos, no podrá ser superior al 2%, por debajo del 3% que rige en Neuquén desde el acuerdo fiscal de la era Macri.
Se habilitan las concesiones de almacenamiento subterráneo de gas natural. Además de la producción de hidrocarburos, se promueve el transporte, compresión, separación y tratamiento, la industrialización y la ejecución de obras de infraestructura para tales fines.
Se crea un Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, que será el encargado de evaluar los proyectos que ingresen en el régimen de promoción. Los gobernadores petroleros sostienen que deben tener un lugar en ese Consejo, que aún no está claro quiénes integrarían.
Por último, pero no menos importante, el borrador mencionado incluye la creación de una comisión tripartita entre las cámaras empresarias, los sindicatos y el estado, para “identificar en el lapso de noventa (90) días las condiciones laborales y productivas más apropiadas para acompañar un proceso de producción incremental en el sector”. Vale recordar que luego de la adenda flexibilizadora de Macri en 2017 para Vaca Muerta, bajo el gobierno de Fernández la pandemia fue aprovechada para aplicar la misma receta, generalizar las nuevas condiciones a toda la actividad (convencional y no convencional), y profundizar la reducción de las dotaciones de trabajadores. Nada bueno se puede esperar para los trabajadores de una reforma en las condiciones de trabajo para aumentar la productividad.
El legado anterior, intacto
Cabe aclarar que todos estos beneficios para las petroleras no anulan aquellos de los que seguirán gozando gracias al legado de los últimos años.
Luego de la ofensiva neoliberal, que privatizó, desreguló y provincializó, el kirchnerismo habló de “soberanía hidrocarburífera” a la hora de pagar a Repsol por el 51% de las acciones de YPF. Sin embargo, poco después quedaría en evidencia la orientación de la sociedad anónima dirigida por el estado, y de la política energética de conjunto.
Desde que el 28 de agosto de 2013, en medio de una represión que duró horas, la legislatura neuquina aprobó el acuerdo con Chevron, las petroleras no dejaron de obtener beneficios de parte del Estado. Antes del acuerdo el gobierno de CFK firmó un decreto a la medida de la multinacional yanqui, creando un “Régimen de promoción” de la inversión en hidrocarburos que, entre otras cosas, facilitaba sus exportaciones.
En 2014 el Congreso aprobaría la ley 27.007 generalizando los beneficios otorgados a la Chevron, e incorporando otros nuevos. Reduciría a 3 años el plazo para comenzar a exportar parte de su producción (un 20 %) con 0 % de alícuota a las empresas beneficiadas con el régimen de promoción, y dejaría establecido en 35 años el plazo para las concesiones de explotación no convencionales, prorrogable por 10 más.
El único proyecto alternativo a la "Ley Chevron" en ese momento, fue el presentado por el Frente de Izquierda. .
Los beneficios de la ley 27.007 se sumarían a los planes de estímulo ya existentes desde 2013 para la producción excedente de gas. Frente a la caída del precio del barril en 2014, la política del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, por medio de la Resolución 1077/2014, será sostener un precio interno por encima del precio internacional, por medio del famoso “barril criollo”, reeditado en 2020.
La política energética de Cambiemos, que copó el Ministerio de Energía con CEOs, empezando por Aranguren, de Shell, fue aumentar las transferencias al sector desde los hogares, aplicando tarifazos brutales, que en el caso del gas llegaron al 2.400 %. Buena parte de esos tarifazos terminaron en Vaca Muerta.
El macrismo, con la Resolución 46/2017 (aún vigente), creó un subsidio dirigido exclusivamente a la producción no convencional, y capitalizado alevosamente por Tecpetrol.
Bajo el gobierno de Alberto Fernández, siguieron conquistando beneficios. A fines de 2019, cuando todavía no existía la pandemia, vieron reducidas las retenciones. Ya entrado el 2020 el decreto 488/20 estableció el precio sostén del barril criollo, y directamente eliminó las retenciones a las exportaciones (sólo pagarían entre 0 y 8% en caso de subir los precios por encima del precio sostén).
Hacia fines de 2020 llegó el Plan Gas 4, que beneficia con subsidios millonarios a Tecpetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Wintershall, Total, Petrobras, Shell, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, Pluspetrol, además de YPF, que se beneficiará también, en un relación aún no definida con IEASA, del 25% del “impuesto a las grandes fortunas”.
Un programa para terminar con el saqueo
En 2018 el FMI afirmó que el aumento de los ingresos procedentes del fracking en Vaca Muerta podría contribuir a la sostenibilidad de la deuda Argentina, haciendo foco en el GNL. Desde ese entonces cambió el gobierno, pero esa máxima se mantuvo, al igual que los enormes subsidios y estímulos a una actividad que vive cobrando planes. Los dólares que no se lleven las petroleras, se los llevarán los acreedores de la deuda externa.
Nunca se habían conjugado de manera tan evidente y en tan poco tiempo los peores efectos ambientales advertidos en 2013. Sismos que no cesan en Sauzal Bonito y que representan riesgos mayores, basureros petroleros que acumulan residuos tóxicos como quieren, consumo millonario de agua en medio de una sequía histórica, etc. El año pasado, también quedó al desnudo la fragilidad de la economía en Neuquén: fue la provincia en la que más rápido aumentó la desocupación, la pobreza y la indigencia. Mientras tanto, miles de familias viven sin acceso al gas natural, y el estado de las escuelas y hospitales es deplorable, como se vio con la explosión de la escuela albergue en Aguada San Roque.
El proyecto de ley alternativo presentado en el Congreso por Nicolás del Caño y Raúl Godoy en 2014 recobra actualidad. Hay que estatizar las empresas hidrocarburíferas bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades y pueblos originarios que han sido afectados por la producción, junto a profesionales de universidades públicas y organizaciones socioambientales. Una empresa estatal única podría estar al frente de una transición a una matriz energética sustentable, desfosilizada y diversificada, que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, desarrollando energías renovables o de bajo impacto ambiental, combinadas en función de las potencialidades de cada región, y que racionalice no solo la producción, sino también el consumo de la energía, en base a un plan de obras públicas que permita construir viviendas eficientes y la reconversión de la industria. La emergencia hídrica pone sobre la mesa también la situación de las represas hidroeléctricas, que deberían ser parte de este plan rescindiendo todas las concesiones (que incluyen a multinacionales yanquis e italianas, y a empresas como Pampa Energía y Central Puerto).
